Con 420 votos a favor, 29 en contra y cinco abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta en materia de fuero constitucional para que el Ejecutivo federal pueda ser juzgado por delitos electorales y de corrupción, así como por otros ilícitos graves.

Se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política y se remite con modificaciones al Senado para continuar el proceso legislativo.

El diputado federal Pablo Gómez, de Morena, detalló que la reforma al Artículo 108 constitucional incluye todo acto de corrupción previsto en el Código Penal como ejercicio ilícito del servicio público.

Por ejemplo los casos relacionados con abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, delitos por pago y recibo de remuneraciones de los servidores públicos, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, cohecho a servidores públicos, peculado y enriquecimiento ilícito.

Además también ilícitos considerados en el Artículo 19 constitucional en la cual se amerita prisión preventiva oficiosa, tales como

· Delincuencia organizada.

· Homicidio doloso.

· Violación.

· Secuestro.

· Trata de personas.

· Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.

· Así como aquellos que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

· Abuso o violencia sexual de menores de edad.

· Uso de programas sociales con fines electorales.

· Robo transporte en cualquiera de sus modalidades.

· Desaparición forzada de personas.

· Portación y uso de armas de fuego prohibidas.

· Robo y tráfico de hidrocarburos.

· Delitos en materia de corrupción

Las modificaciones también incluyen a los integrantes de ambas cámaras del Congreso de la Unión.

El dictamen establece, sin embargo, que para proceder penalmente contra el Presidente de la República solo habrá lugar a acusarlo ante el Senado de la República y éste resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Los grupos parlamentarios de la oposición reconocieron que la ampliación del catálogo de delitos imputables al Presidente de la República en funciones representa un avance importante, sin que ello signifique eliminar la inmunidad procesal del Ejecutivo.

Con información de La Silla Rota