Los incendios en la Amazonía brasileña no cesan en medio de la indignación internacional. En el bosque tropical más grande del planeta confluyen intereses ambientalistas y económicos que parece no ceden en sus pretensiones tanto de conservar unos como de explotar los otros los recursos naturales de la región.
"Tenemos que reconocer que hay sujetos reales viviendo en el Amazonas", afirmó en una entrevista con el Financial Times el ministro del Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles.
Esa tensión aparente entre la conservación de la Amazonía -considerada indispensable para el equilibrio ecológico y climático del planeta- y el desarrollo económico de la zona, sus más de 20 millones de habitantes y el conjunto del país no es nueva, publicó la BBC Mundo.
Solo en el mes de julio se habrían deforestado más de 1,864 kilómetros cuadrados de selva, más del triple que en el mes de julio del año anterior, según datos preliminares del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, cuyo director fue despedido por Bolsonaro tras la publicación de las cifras.
"La principal causa de la deforestación es la búsqueda de tierras", le dice a BBC MundoCarlos Eduardo Young, profesor del Instituto de Economía de la Universidad de Río de Janeiro.
"La forma tradicional de conseguir derecho sobre la tierra es ocuparla económicamente, transformándola para pasto de ganado o cultivos. Quemar el bosque, poner ahí ganado y luego vender la tierra".
Las políticas sobre la tierra son un importante factor para entender las dinámicas económicas y también criminales de la Amazonía.
En 2017, el gobierno de Michel Temer aprobó una ley que permitió a las personas que habían ocupado hasta el año 2011 ilegal o irregularmente terrenos del Estado de hasta 2,500 hectáreas obtener un título de propiedad.
Producción ganadera y agrícola
Efectivamente, el 40% de la Amazonía es o bien propiedad privada o territorio "no designado", es decir, propiedad del gobierno pero sin un uso determinado establecido.
Y estas zonas "pueden ser potencialmente objeto de apropiaciones", le dice a BBC Mundo Britaldo Soares Filho, profesor del Departamento de Cartografía de la Universidad de Minas Gerais.
En algunas zonas también está permitida la explotación sostenible del bosque para obtener madera, aunque la explotación ilegal es un grave problema.
Por ejemplo, en el estado de Pará entre 2015 y 2016, el 44% de toda la madera tropical se obtuvo de forma ilegal, y se trata del estado con una mayor producción maderera de la Amazonía brasileña.
Una vez deforestado, el terreno suele ocuparse para el pasto de ganadería, a pesar de que no es la actividad más rentable desde el punto de vista económico.
"En el Amazonas hay granjas enormes que tienen más de 100,000 hectáreas, propiedad de miembros del Congreso, hombres de negocios, etc... Luego hay millones de pequeños productores propietarios, dedicados a la agricultura de subsistencia", explica Gardner.
Aunque el 80% de la carne de res que se produce en Brasil se consume internamente, el país sigue siendo el mayor exportador del mundo de este producto.
En la Amazonía Legal (que incluye partes del Cerrado o sabana tropical) hay unos 86 millones de cabezas de ganado, de las cuales unas 14.6 millones son sacrificadas al año.
Pero Brasil es también un gran productor de azúcar, pollo, café y soya, entre otros.
En el caso de la soya, es el principal productor mundial, y el 13% del área plantada está en el Amazonas.
El cultivo de esta leguminosa causó la deforestación de 474 km² de selva entre 2008 y 2016-2017, una cantidad mucho menor que en años anteriores -según datos del Ministerio de Medio Ambiente-, gracias a una moratoria por la que las empresas se comprometieron a no comprar soya a comerciantes que la obtienen de agricultores que deforestan, utilizan trabajo esclavo o amenazan las tierras indígenas.
Este poderío productor de Brasil hace que el sector rural y del negocio agrícola sea importante en el Congreso y, además, cuente ahora con un antiguo aliado, Bolsonaro, como presidente.
"Este gobierno es suyo", aseguró el presidente en julio pasado a la conocida como "bancada ruralista".
Los ruralistas consiguieron en 2012 reducir la protección en partes de la Amazonía.
El Código Forestal brasileño requiere que cualquier propiedad en esta región deba proteger el 80% de su territorio como reserva legal, pero ese año se redujo el porcentaje al 50% en estados que ya hayan protegido al menos el 65% de su territorio como unidades de conservación o reservas indígenas.
En la Amazonía, el 8% de las áreas estrictamente protegidas y el 28% de las tierras indígenas son también zonas de interés minero registrado, es decir, en las que una empresa ha registrado oficialmente su interés por llevar a cabo actividades mineras ante el Ministerio de Minas y Energía.
Existen también al menos 453 minas ilegales, según un mapa que presentó la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada en diciembre del año pasado.
Con información de La Silla Rota
