La información que dé a conocer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que estaba resguardada en el Archivo General de la Nación (AGN) no sería una "bomba mediática", como se espera por el grueso de la población, ya que son expedientes que habían sido desclasificados durante la presidencia de Vicente Fox Quesada, consideraron especialistas en la materia.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, el mandatario federal anunció que firmó el decreto para poner a consulta a partir de la próxima semana los expedientes del Cisen y Policía Federal de Seguridad que estuvieron resguardados en el AGN.

“Firmé ayer (martes) el acuerdo. Seguramente la semana próxima ya podrán asistir. Necesitamos convocar a becarios, a jóvenes que quieran aprender el manejo de archivos, porque se requiere de personal. El archivo fue creciendo y no hay el personal suficiente (...) Todo va a ser transparente", señaló López Obrador.

En relación a que si ya había tenido acceso a los archivos y en específico al suyo, recordó que el director del AGN le comentó en diciembre que no podía entrar a unas galeras que estaban vigiladas por el Cisen. Por lo que se revisó esa área y se encontró que eran expedientes políticos. "Se retiró el personal del Cisen y llegamos al acuerdo de que se abrieran los expedientes".

A pesar de que no detalló qué archivos se refiere, previamente cuando el mandatario federal anunció el pasado 23 de enero que firmaría el decreto, Beatriz Gutiérrez Müllerpublicó en su cuenta de Twitter que "muy bien por esta decisión: abrir los archivos de todas las corporaciones de espionaje político que trabajaron hasta el 30 de noviembre de 2018 con varios nombres, desde 1917: las antiguas "Comisiones de Seguridad, la DGIPS, la DFS, el CISEN, etc".

Muy bien por esta decisión: abrir los archivos de todas las corporaciones de espionaje político que trabajaron hasta el 30 de noviembre de 2018 con varios nombres, desde 1917: las antiguas «Comisiones de Seguridad», la DGIPS, la DFS, el CISEN, etc. @AGNMex

— Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) 23 de enero de 2019

Guillermo Valdés Castellanos, consultor de seguridad del grupo de economistas y asociados GEA, afirmó que se tiene que revisar el alcance del decreto que firmó este martes el presidente López Obrador en relación a los expedientes que estuvieron reservados por el Cisen, ya que no toda la información es desclasificable. Hay archivos que pueden poner en riesgo la seguridad nacional y que de acuerdo con leyes no deben abrirse como es el caso del periodo de la guerra contra el narcotráfico.

El también ex director del Cisen explicó que según la Ley de Transparencia y de datos personales, los expedientes relacionados con espionaje a personajes de la vida política o social, no podrían darse a conocer, solo si el sujeto en cuestión decide solicitarlos y difundirlos. Como sería el caso de López Obrador.

Agregó que según lo declarado por el presidente de la República solo se pondrán a consulta los expedientes que ya habían sido desclasificados durante la administración de Vicente Fox en el 2000 y que habían sido entregados al Archivo General de la Nación, los cuales corresponden a la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DGPIS) que operó de 1920 a 1952 y estuvo adscrita a la entonces Secretaría de Gobernación, así como a la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que funcionó de 1947 a 1985.

Consideró que lo que dijo el presidente es que se retirarían las trabas para la consulta a esa información que ya es pública y que permanece al resguardo del Archivo General de la Nación.

Recordó que el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, ordenó que toda esa información se entregara al AGN, ubicado en el Palacio de Lecumberri.

"Si decide abrir los archivos que actualmente tiene el Cisen, la ley de Ley de Seguridad Nacional establece que una buena parte de la información que ha generado el Cisen a lo largo de sus historia es reservada, incluso en la ley general de Transparencia y Acceso a la Información Pública también hay un capítulo que habla de los datos reservados de manera justificada, por lo que no se puede dar a conocer públicamente", apuntó.

NO TODOS LOS ARCHIVOS DEL CISENSON DESCLASIFICABLES

Además, el especialista dijo que según la Ley General de Transparencia hay un tipo de información que maneja el Cisen, las dependencias federales y los bancos, que es confidencial, referente a los datos de todas las personas que no puede difundirse de manera indiscriminada.

“Lo que se publicaría o daría a conocer el gobierno de López Obrador sería información relativamente intrascendente, pues serían archivos viejos de la Dirección Federal de Seguridad, que ya tiene abierta 15 años".

En relación al periodo del gobierno de Felipe Calderón, donde Valdés fue director del Cisen refirió que se desclasificaron muchos archivos que en ese momento dicho organismo consideró que ya no existía alguna razón para que permanecieran reservados y que además habían sido solicitados vía transparencia.

"Cuando había solicitudes de información sobre procesos reservados o que la misma Ley decía que esos datos estaban clasificados, se ponía a consideración de los consejeros y ellos decidían si esa información se podía o no dar a conocer al público".

Aseveró que el Cisen es una institución cuya misión es garantizar la seguridad nacional, la cual es un valor tan importante como lo es la transparencia y la rendición de cuentas. En algún momento, indicó, estos dos valores entran en conflicto, por lo que quien dirime y decide cuál de ellos prevalece es el Instituto Federal a la Información.

"Cuando hay discrepancia, el IFAI, ahora INAI es el que decide si se puede entregar o no la información. En ese sentido el Cisen es una institución que aunque maneja mucha información reservada como debe de ser, tampoco es un organismo totalmente opaco y cerrado que no esté sujeto a la Ley de Transparencia".

Explicó que el artículo 151 de la Ley de Seguridad Nacional establece cuál información debe estar reservada. Por ejemplo, el Cisen debe de tener clasificado lo referente a sus normas, procedimientos, metodología, contenidos de investigaciones, expedientes que si fueran publicados pone en riesgo lo que se está protegiendo: que es el Estado y la población.

"Ahí están claros qué información puede ser reservada y se reserva por distintos periodos, desde la gravedad del asunto. El INAI dice que el máximo periodo que se puede clasificar información son 12 años y si el INAI lo autoriza pues se clasifica hasta 12 años. Cuando llega ese tiempo se analiza y se discute si esa información ya puede ser pública o se amplía el periodo, depende de cada expediente".

Consideró que lo que generó la declaración de López Obrador es más morbo, ya que se cree que el Cisen es una institución dedicada exclusivamente a espiar a todos los mexicanos y políticos, lo cual no es cierto.

"Bajo esta especulación o imagen falsa del Cisen como el gran órgano de espionaje, hay mucho morbo de la gente por saber el expediente de algún político. No es así. No toda la información son joyas de agenda. Además la información de personas esta resguarda por la ley es confidencial".

En tanto, Javier Oliva Posada, profesor e investigador de tiempo completo de la UNAM en temas de defensa, seguridad e inteligencia, señaló que en distintas partes del mundo cuando hay cambio de gobierno o de regímenes políticos tienden a tomarse este tipo de decisiones: la desclasificación de archivos reservados.

Señaló que para ello existen ciertos criterios. Se tiene que cumplir una serie de procedimientos "que no necesariamente quedan al arbitrio del presidente". Sino que hay una ley específica que indica qué tipo de documentos pueden ser abiertos para conocimiento público.

Comentó que muchos de los archivos ya están abiertos y coincidió con Valdés Castellanos, en relación a que no serán grandes revelaciones.

Agregó que los expedientes de periodistas, empresarios, líderes sociales existen en cualquier democracia. El problema que ahora observa es que ese trabajo, que realizaba el Cisen, se haya ido a las áreas de seguridad pública.

¿QUÉ CONTIENEN LOS EXPEDIENTES?

De acuerdo con el documento Guía del Fondo de la Secretaría de Gobernación, Sección: Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, estos expedientes llegaron al Archivo general de la Nación en enero de 1982 y ahí quedaron bajo resguardo poco más de dos mil 900 cajas.

“Dicho acervo entonces sellado y depositado en la Galería 7, a diferencia de otros grupos documentales generados por la Secretaría de Gobernación y puestos a consulta pública desde fecha temprana, tuvo un tratamiento especial debido a que contenía información considerada confidencial y de seguridad nacional producida por la DGIPS, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Secretaría Particular", indica la Guía del Fondo.

Esta gama de documentos testimonian la actividad de las dependencias encargadas de llevar a cabo la inteligencia política en el país entre las décadas de los años de 1920 a 1980, la cual se consideraba de acceso restringido para las normas vigentes. Fue hasta agosto de 1998, según el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, cuando se estipuló que la consulta podría realizarse "hasta después de 30 años contados a partir de la fecha de generación del documento, en tanto no afecte la seguridad nacional o la vida privada de las personas".

De tal forma que, a partir de ese momento, los papeles de la DGIPS paulatinamente fueron puestos a consulta pública en la Galería 2 del Archivo General de la Nación. No obstante, la documentación que ocupa 23 acervos, más de 164 metros lineales y un número de expedientes indeterminado, no fue sometida a una organización archivística elemental con base en un principio de procedencia u orden original o a algún criterio lógico como paso previo a su apertura pública, por lo que se dificultaba la consulta.

"La sección incorpora una amplia y valiosa gama de oficios, cartas, telegramas, recortes, revistas, folletos, fotografías y algunas cintas elaboradas en la DGIPS y las oficinas que la precedieron desde 1920".

Con información de La Silla Rota