Con el propósito de poner orden a las discusiones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, la Junta Instaladora acordó crear una comisión que redactará el Reglamento Interno, el cual deberá estar listo, a más tardar, este domingo.

El acuerdo para la conformación de esta comisión se integrará por 11 asambleístas: un representante de cada partido, aunque Morena tendrá dos; uno de los seis constituyentes designados por el Ejecutivo Federal y uno de los seis designados por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Los nombres de quienes participarán en dicha comisión serán dados a conocer en la sesión de este martes, que se desarrollará en el salón de plenos de la vieja sede del Senado, en Xicoténcatl, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Este acuerdo está impulsado por el presidente de la Junta Instaladora, Augusto Gómez Villanueva (PRI); Ifigenia Martínez (PRD), Porfirio Muñoz Ledo (Designado por el Gobierno capitalino y los morenistas Bernardo Bátiz y Javier Jiménez Espriú, partido que estuvo inconforme con la designación de la mesa directiva, especialmente del priísta Gómez Villanueva.

Con este reglamento se pretende tener el control en la conducción de los trabajos en comisiones, como en el salón de plenos, por lo que se fijaran tiempos y formas de debate.

35 objeciones

A la par de este proceso de formación del trabajo del Constituyente, los asambleístas de Morena presentaron un documento con 35 objeciones al proyecto de Constitución propuesto por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

Entre los puntos a destacar de este documento llama la atención la atención la propuesta de Morena para la Constitución que se redacte por la Asamblea Constituyente se apruebe mediante referéndum de los capitalinos.

Los morenistas también quieren disminuir a 40 la integración de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México; buscan endurecer el cambio del uso de suelo y dejar de manera expresa la prohibición de posibles privatizaciones, como es el servicio de agua y no comparten la reelección de diputados.

Los asambleístas Jaime Cárdenas, Irma Eréndira Sandoval, Patricia Ruiz, Mayela Delgadillo y Jesús Ramírez aseguraron que hay contradicciones y ambigüedades en la propuesta de Mancera, por lo que deben ser subsanados.

En el tema de anticorrupción, se pronunciaron por un “cuarto poder ciudadano”, así como de un consejo de honestidad donde existan contralores internos nombrados por externos para que sean contrapeso del Ejecutivo local.

De acuerdo con Morena, el proyecto del Jefe de Gobierno no reivindica el reconocimiento de la soberanía de la Ciudad, pues acepta el estatus inferior que no alcanza el rango de Estado.

No se consulta a los pueblos originarios y aunque en el proyecto constitucional del Jefe de Gobierno los reconoce, “se olvida que es obligatorio, según se desprende del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, consultarlos sobre el mismo”.

Público y privado

Según los morenistas, la propuesta de Mancera no garantiza lo público y abre las puertas a la privatización.

“Se señala, aunque no queda del todo claro, que se prohíbe la privatización de los servicios de agua y basura. Sin embargo, se dejan abiertas las posibilidades para la privatización de todos los demás servicios públicos: la prestación de los mismos se podrá realizar vía concesiones, autorizaciones, contratos y permisos, lo que constituirá un gran negocio para unos cuantos empresarios de la Ciudad, del país y del extranjero como ya ocurre”.

Tampoco establece expresamente la prohibición de privatización del espacio público y aunque el proyecto indica la recuperación del espacio público para usos comunitarios, pero no prohíbe el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones sobre él.

“En este gobierno, el espacio público ha servido para que algunos empresarios realicen importantes y cuantiosos negocios” y tampoco establece una “consulta a los habitantes de la Ciudad para cambios de uso de suelo y megaproyectos…El proyecto remite tramposamente a la ley secundaria”.

Los asambleístas de Morena adelantaron que participarán en todas las discusiones para buscar cambiar la redacción del proyecto, por lo que propusieron que todas las reuniones sean públicas, a fin de que la ciudadanía participe y conozca las posturas de todos los partidos.