Ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia, representantes legales de Intermercados y GB Plus, emplazaron a la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para que en tres días devuelvan 13 millones y medio de pesos descontados de la nómina de los maestros por préstamos económicos, pero que la dirigencia no les ha depositado a la financiera desde hace cinco años, lo que ha puesto en el Buró de Crédito a 2 mil 500 profesores, así como realizaron una denuncia penal por el delito de abuso de confianza en contra de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

El representante legal de la empresa Intermercados y GB, Elio Castro, y el asesor jurídico de dicha empresa, Alfredo Altamirano Muñoz, acudieron a la sede de la sección magisterial, donde entregaron dos cajas con mil 400 hojas que conforman la demanda promovida en su contra, asentada en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia bajo el número 1769, y deberá comparecer ante la instancia jurisdiccional para dar contestación a la querella en nueve días.

El abogado precisó que fueron afectados más de 2 mil 500 trabajadores de la SEV que habían solicitado unos créditos, se entregó por parte de la Sección 56 una clave y ellos retuvieron ese dinero, por lo que solicitaron que se les devuelvan sus aportaciones, toda vez que el dinero lo tiene la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) o la Sección 56, pues se tenía la clave del sindicato, el cual no se lo ha entregado a la empresa prestamista, que calcula un monto de 13 millones de pesos, por lo que espera que la nueva dirigencia sindical apueste al diálogo y llegue a una negociación con el corporativo que representa.

A la Sección 56 se le está demandando por no cumplir con el contrato firmado para que la empresa realizara préstamos con los docentes agremiados a esta organización sindical. Por otra parte, agregó que hay otra demanda en contra del ex oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Vicente Benítez, quien ya dio contestación a la misma y sigue su curso en la Fiscalía en Contra Servidores Públicos General del Estado por cometer un presunto delito de desvío de recursos.