Orizaba.- El alcalde de Acultzingo, Salomón Cid Villa, permanece desaparecido desde hace 15 días; se conoció de manera extraoficial que dejó la Presidencia en manos del tesorero del Ayuntamiento.

La última vez que se tuvieron noticias de Cid Villa fue el 10 de octubre, cuando presuntamente denunció la extorsión de la que fue objeto por parte de Óscar Tadeo Carpio Larios, exagente del Ministerio Público de la Federación y quien hasta esa fecha se encontraba adscrito al distrito judicial de San Andrés Tuxtla.

Cid Villa aseguró que Carpio Larios le exigió que entregara 160 mil pesos, sin embargo la extorsión quedó grabada en una de las cámaras de seguridad de la oficina del edil; entonces el Alcalde llamó a la Procuraduría General de la República (PGR), con base en Orizaba, quienes intervinieron al funcionario ministerial a la altura de la gasolinera "Los Cafetos". Esa fue la última vez que se supo del Alcalde.

Pese a los intentos de entablar comunicación con José Alfredo Flores, jefe de Prensa del Ayuntamiento, EL MUNDO no logró abrir el diálogo, pues ninguna de las llamadas a los teléfonos del funcionario fueron respondidas.

Esta información se da a conocer luego de que se confirmara la ejecución del exalcalde Cándido Morales, también militante del sol azteca, cuyo cadáver fue encontrado el pasado 20 de octubre en las aguas del río Blanco.

Otras fuentes cercanas al Ayuntamiento señalaron que Cid Villa dejó el Palacio y sin dar mayor explicación sobre su ausencia, abandonó Acultzingo.

El 1 de septiembre, en el Rancho San Pedro, ubicado en Aculzingo, el Ejército y la Marina llevaron a cabo un operativo en el que tres personas resultaron abatidas y lograron la detención de otras 33.

Al parecer ese rancho era usado como un campo de entrenamiento para miembros de una célula delincuencial, ya que en ese sitio también se aseguraron armas de uso exclusivo del Ejército, chalecos antibalas y uniformes "clonados" parecidos a los de diversas dependencias de seguridad.

Dos días después de la intervención de las fuerzas del orden en el rancho, los 33 detenidos fueron trasladados, bajo un estricto cerco de seguridad, a penales federales ubicados en el norte del país.