El pasado cuatro de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un fallo histórico al determinar que negarle la interrupción legal del embarazo a una víctima de violación es atentar directamente contra su salud física, mental y emocional, de modo que el estado tendría que hacer reparación de los daños a quienes se les niegue este servicio, siendo considerado como actos de tortura obstaculizar el aborto en estos casos.

Esta postura por parte de la SCJN ha atraído la atención tanto de los medios de comunicación como de asociaciones civiles, sin embargo, este tema no es nuevo, en México la norma 046 establece que uno de los casos en los que un aborto se puede practicar de manera legal es precisamente cuando la mujer ha sido abusada sexualmente, ¿por qué entonces fue necesario hacer un posicionamiento al respecto?

A pesar de que en estos casos el aborto está permitido muchas mujeres se encuentran con la negativa por parte de las diversas instituciones de salud, usualmente los argumentos son preceptos morales propios del personal médico en funciones, si bien recientemente fue aprobada la “objeción de conciencia” como figura legal, que ampara a quiénes prestan servicios de salud y reconoce su voluntad personal de no realizar procedimientos que vayan en contra de sus principios, no aplica cuando es una urgencia médica.

Las opiniones respecto al aborto están polarizadas, hay algunos grupos que defienden la idea de que no importa el modo en que fue concebido un embarazo, ya sea producto de una relación consensuada o cuando se ejerció violencia para abusar de otro ser humano, tiene que llevarse a término, es por ello que se han organizado para que el este penalizado bajo cualquier causal, hay también quiénes luchan por que la interrupción legal del embarazo sea accesible a quien quiera que la solicite.

Independientemente de la postura que tengamos al respecto es innegable que el fallo de la SCJN sienta un precedente en la búsqueda de la autonomía de las mujeres pero es un paso de muchos que faltan, mientras no se garantice que todos los mecanismos legales actúen en pro de las víctimas será una victoria a medias.