Al iniciar la integración de una carpeta de investigación por lavado de dinero en la unidad ocupada de dichos ilícitos y hacerlo de forma extraordinariamente diligente e inusual, la PGR construye un caso cuyo notorio objetivo es imputar al candidato a la Presidencia Ricardo Anaya, bajo el argumento de que fue beneficiado por dicho ilícito.

Hasta donde sé, el caso (imputación contra Manuel Barreiro y otros), descansa en dicho de dos testigos protegidos (datos de prueba que jurisprudencia de la SCJN suele descalificar). La prueba del lavado de dinero es de tipo documental por naturaleza, de tal suerte que otras presuntas pruebas se consideran insuficientes para demostrar la culpa.

En los 60 una manera de perseguir opositores era por medio del delito de disolución social. Hoy el lavado de dinero puede ser un instrumento más de la política electoral. Esa discrecionalidad es (in)justamente lo que permite el uso y abuso de este tipo de acusaciones. Son figuras verdaderamente jabonosas que el Estado puede orientar fácilmente, no tanto para demostrar en un juicio la culpabilidad del acusado, sino para acabar con el prestigio y afectar la libertad de los opositores políticos.

En el caso Anaya, la actuación de la PGR, hasta hoy, lleva aparejadas interrogantes y la legítima preocupación de quienes se interesen a fondo por hacer de México un Estado democrático de Derecho. Estas son algunas:

1. ¿En qué medida mejoraría la procuración de justicia, si todos los casos se moviesen con la diligencia y rapidez con la que vemos actuar en éste a la PGR?

2. Si la cifra negra delictiva en México es de 80% y sólo se denuncia 20% de los delitos y de éstos sólo se pueden llevar a proceso a 2%, ¿en qué medida mejoraría la procuración si la autoridad actuara en ese 20% con la misma eficacia con que lo hace en el caso Anaya?

3. La cifra de la que se le acusa a Barreiro —menos de 55 millones de pesos— es muy inferior a la que representan los escándalos de Sedesol, Sedatu, Odebrecht, los gobernadores Duarte, Borge y otros en los que la autoridad no ha actuado. Así, ante casos en los que se señala a personajes como la secretaria Robles y al candidato Meade, la respuesta de la autoridad investigadora es la indiferencia, la inacción y el silencio.

4. Si el lavado de dinero es una figura legislada como necesaria para combatir narcotráfico y terrorismo y en México se ha abatido o detenido y procesado a 122 cabezas del narcotráfico, ¿dónde se encuentran los recursos financieros y patrimoniales obtenidos por los delincuentes, que ascienden a miles de millones de dólares? La lista podría ser interminable y el espacio insuficiente, pero es evidente para percibir el carácter selectivo de la justicia mexicana.

La democracia y los derechos humanos requieren como condición que ambos se vuelvan una realidad, que sean aplicables para construir y fortalecer el Estado de Derecho, que sean parte de la normalidad estatal, donde las acciones del Estado y los particulares están sometidas a la observancia y cumplimiento de la Constitución y de la Ley en forma sistemática. Esto es, su desviación sería la excepción y al propio Estado corresponde su rectificación.

Si las instituciones de procuración e impartición de justicia de nuestro país son empleadas para perseguir a los enemigos políticos, a los críticos y a quienes le hacen ver sus disfuncionalidades, terminan por tergiversar la teleología de las instituciones y convierten el Estado de Derecho en Derecho de Estado. La diferencia entre uno y otro es radical e igual pueden serlo las consecuencias.

El Derecho de Estado que hoy contemplamos de cuerpo entero hace posible diseñar, aplicar e interpretar la ley para beneficio de quienes detentan el poder. Esto es evidente en el funcionamiento de la PGR. Si lo pasamos por alto, se convertirá en la forma habitual de actuar del Ministerio Público de la Federación, de los jueces y de las autoridades administrativas. El riesgo es que la norma jurídica se convierta en un instrumento, una verdadera arma de dominación en beneficio de los poderosos. Sería la culminación del Derecho de Estado y no del Estado de Derecho.

Esta realidad puede ser demoledora para nuestro país; los derechos humanos se convierten en damnificados porque quedan relegados al papel.

La diferencia entre la normalidad constitucional de derechos humanos que predica la SCJN y la realidad es abismal, la razón: no existe quien garantice y asegure su aplicación. La interpretación de la Ley, la procuración y administración de justicia responden a los intereses del Estado y de manera particular al del grupo que detenta el poder.

Esto hay que saberlo para intentar evitarlo, por el bien de nuestro país y de las personas como usted, lector, porque todos corremos el riesgo de ahondar la desviación del poder y terminar de sumirnos en la arbitrariedad.

Notario público. Ex procurador

general de la República