Firmemente arraigada en el ADN político de los gobiernos mexicanos, nos habíamos acostumbrado a atestiguar la destrucción simbólica —comenzando por el discurso— de la obra del presidente y el gobierno ido en favor de la construcción de cualquier nuevo régimen y de su personaje central.

Hoy, el pleito con el pasado es real y llega a veces a extremos absurdos: la cada vez más lejana posibilidad de recuperar, fortalecer y crear un país de instituciones fincadas, por fin, en el derecho y el cumplimiento de la ley, se perfila canjeable por cualquier ocurrencia o “plan” surgido del voluntarismo madrugador de quien, para construir algo, parece necesitado de destruir todo lo anterior.

Es la manera —actualizada, pero igualmente quasi-religiosa— que los españoles pusieron en marcha durante la conquista de México. El régimen colonizador edificó su nuevo espacio político, social (y desde luego urbanístico) sobre los restos sepultados de las pirámides y del mundo indígena.

Durante todo el siglo XX, acumulando grandes desigualdades sociales y extremos lastimosos de riqueza y pobreza, México logró construir —con todo y pese a todo— su propia y siempre perfectible institucionalidad. Después de medio siglo de partido único y de mercados cerrados, México llegó a un Estado menos controlador y más regulador de la vida comunitaria, promotor de una economía más abierta, eficaz y competitiva que habría de llevarlo a transitar mejor, se supone, los enormes retos del siglo XXI y de un mundo globalizado pese a algunas y actuales disrupciones.

Tener estabilidad macroeconómica sin andar trepados en grandes sobresaltos cambiarios y colocar a México en el lugar 17 entre las economías planetarias costó un gran esfuerzo social, incluso el de buscar acuerdos básicos entre responsables financieros surgidos de partidos distintos.

Hoy, en lugar de rescatar la debilitada institucionalidad por la vía del cumplimiento de la ley y el derecho, se impulsa un cambio del marco constitucional, un salto al vacío que imponga nuevas reglas del juego a todos y para todo, pero con una sociedad cada vez más polarizada, dividida y menos dispuesta a buscar y negociar acuerdos.

No sorprendió mucho la declaración del fin de la guerra contra el narcotráfico que pronunció el jueves pasado el Presidente. Ahora sabemos que no se han detenido capos del narcotráfico porque esa no es la función principal del Estado, pues ésta radica en brindar seguridad pública a la sociedad. Veremos si en lo sucesivo los capos competidores por el dominio de plazas y territorios se vuelven menos violentos con el nuevo ambiente anunciado como directriz de gobierno.

Si el reformismo social no mantiene una estructura institucional y no se ancla —mucho más que antes— en el compromiso de la ley y el derecho, la seguridad pública terminará dependiendo de las pulsiones del momento. Y algo parecido resultará en otras materias.

De la conformación de una Guardia Nacional se escriben ríos de tinta, pero las discusiones sobre el mando civil y la operación militar no terminan de aclarar nada. La reforma legal correspondiente se modifica, pero aun no es aprobada por los legisladores en tanto que se ha convocado a quienes habrán de integrarla sin más explicaciones al respecto, aunque la convocatoria a los jóvenes parece de momento estar cancelada.

Han transcurrido sesenta días de gobierno, casi cada uno con su correspondiente “mañanera”; son más de 140 horas de declaraciones, todo un récord. La campaña contra el huachicol y los funcionarios corruptos que lo hicieron posible, el mercado ilegal de combustibles, la tragedia hidalguense que crece en saldo de muertos, la historia inacabada de los aviones en venta, el aeropuerto de la CDMX cancelado pero aún en parcial construcción, los peros ambientalistas al tren maya —sin respuesta del gobierno que lo promueve—, las observaciones sobre la viabilidad económica de la refinería de Dos Bocas, Tabasco; la compra urgente y sin licitación de pipas en Estados Unidos para transportar gasolina y paliar la falta de ductos, son algunos de los frentes abiertos en pocas semanas. Ni uno solo ha sido satisfactoriamente cerrado y concluido. Todos siguen en la discusión y el debate.

¿Es posible construir un nuevo régimen sin ver hacia adónde? Las camarillas al estilo latinoamericano se enriquecieron sin límites, pero el progreso y el mejor reparto de la riqueza jamás llegaron. La aparición de los socialistas europeos para ir en busca de más igualdad, con respeto a las constituciones occidentales, exigió planeación y compromiso con la legalidad, la certeza y la transparencia.

No se diga un profundo respeto crítico de la objetividad, ese eslabón que une y compromete al verdadero gobernante con el conocimiento de la realidad, que lo acerca al menos a tener un convencido respeto a la técnica, a la ciencia y, siempre, a la ley y al derecho. Sólo así se puede saber cada día por dónde va a salir el sol, sin el agobio de que aparezca por cualquier parte.

Ex procurador general de la República