Mientras el titular del Poder Ejecutivo tenga la posibilidad de meter la mano en el proceso de designación del Fiscal General del Estado, la autonomía del Ministerio Público, será una farsa. Lo fue con la dupla Bravo-Duarte; lo será con el binomio Winckler-Yunes. La idea de no tener un Fiscal absolutamente subordinado (que, de preferencia, se hinque), le parece insufrible al actual gobernador.

Si se quiere autonomía REAL, se tiene que impulsar una reforma al Artículo 67, fracción I, de la Constitución Política del Estado, inciso d), apartados 1, 2, 3, y 4, que delinean el procedimiento para la designación del Fiscal, y que refieren la integración de una lista de 10 aspirantes y su remisión al gobernador para que forme una terna.

La idea fue de Duarte. La promesa de cambiar TODO lo que prófugo dejó hecho, tiene un addemdum: cambiar todo...lo que no convenga.

Autonomía significaría que el procedimiento quedara así:

"...d) El Fiscal General será designado por el Congreso del Estado mediante el siguiente procedimiento:

1. A partir de que el cargo quede vacante, el Congreso contará con veinte días naturales para integrar una lista de diez candidatos aprobada por las dos terceras partes de sus miembros presentes. La integración en esta lista no genera ningún derecho a favor de las personas que la formen que pueda ser reclamado ante los tribunales, ni el procedimiento de designación puede considerarse como de carácter electoral.

2.- El Congreso, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles contados a partir de la conformación de la lista referida en el punto anterior.

3.- Si el Congreso no hace la designación dentro de los plazos establecidos en las disposiciones anteriores, el Gobernador designará al Fiscal de entre los candidatos que integren la lista referida en el punto uno. Si por cualquier causa, no se configura la lista el Gobernador podrá designar libremente al Fiscal General."

Dentro de la lista de 10 aspirantes, hubo personas perfectamente calificadas. Guillermo Humberto Beck Chiquini es irreprochable: académico, profesor universitario, funcionario dentro del aparato de procuración de justicia (incluso en tiempos de Chirinos), sin acusaciones de corrupción, experto en temas penales.

Ni siquiera fue contemplado en la terna.

La configuraron con otros, impresentables, para que el cargo cayera por gravedad en aquel que Yunes decidió (por sí y ante sí), desde que andaba en campaña, que fuera SU Fiscal, aun en contra de la opinión de los mismos aliados del actual Ejecutivo (Maryjose Gamboa, destacadamente).

La parte cómica de la farsa correrá a cargo de los diputados priistas que, a cambio de impunidad, votarán como les diga el PAN. La parte trágica, a cargo de los legisladores perredistas.

Habemus Accusator.