Los acontecimientos sangrientos de las últimas semanas y meses están poniendo a prueba –y en duda–  al entramado institucional del Estado mexicano, que luce incapaz de detener la ola de violencia que se propaga por el país.

La ejecución sumaria de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, a manos de la policía municipal de Iguala, demuestra el nivel de podredumbre y colusión de los sistemas de seguridad estatales con los grupos criminales, en este caso de una entidad gobernada por un priista con parapeto de perredista “de izquierda”.

La indignación por este atroz crimen ha sido tal, que la permanencia en el poder del gobernador Ángel Aguirre Rivero pende de un hilo. Sin embargo, el problema va mucho más allá de que caiga o no un mandatario estatal que ha demostrado ser totalmente incapaz de dar certeza alguna a la población de ese estado, que vive en medio del terror y la violencia.

La masacre de Ayotzinapa, como la de Tlatlaya en el estado de México y hace meses la de Cosamaloapan en Veracruz, hablan de un profundo estado de descomposición social y política, de gobiernos rebasados o controlados por las bandas criminales, así como de un enorme desprecio por la vida. De una bestialidad no propia de seres humanos en sus cabales.

La participación de fuerzas policiacas y/o militares en estos execrables actos tendría que enmarcar tales delitos en la categoría de crímenes de Estado contra la población indefensa. El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene que responder y dar con los responsables materiales y políticos de esta auténtica degradación humana, y por supuesto, aplicar la ley, sin miramientos ni contemplaciones. Mucho menos anteponiendo intereses políticos o electorales.

Ya hemos hablado antes del fracaso de la estrategia de seguridad de la presente administración federal, que no varió respecto de la del anterior sexenio más que en su forma de comunicarla a la opinión pública. En los hechos, México sigue ahogado en un mar de sangre, aunque ahora ya no se mencione en los noticieros de televisión ni en la prensa “nacional”.

Pero lo que ha sucedido recientemente va más allá de lo que nos podemos imaginar. Asesinar a mansalva a jóvenes estudiantes que protestaban por la brutalidad policiaca, o ejecutar a presuntos delincuentes que ya se habían rendido nos remite a conductas propias de los “escuadrones de la muerte” que en la década de los 70 del siglo pasado sembraron el terror en toda América Latina, con la finalidad de mantener “la seguridad” y la “estabilidad” de los regímenes que perpetraban esos crímenes.

¿Eso es lo que debemos esperar del Estado mexicano ahora?

Prensa Vendida y la “libertad de expresión”

Desde el pasado viernes, el portal periodístico de reciente creación www.prensavendida.com que dirige en la capital de Veracruz el profesor y periodista Guillermo Manzano Sánchez, fue atacado y “tumbado” de la red.

Al parecer, el talante crítico de este portal incomodó a quienes con la voz engolada se llenan la boca afirmando que en Veracruz hay un “respeto irrestricto” a la libertad de expresión.

No deberían perder de vista una máxima de la relación prensa-poder: cada día que pasa, ellos, los gobernantes, son menos poderosos. Y nosotros, somos más periodistas.

No falla.

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