En menos de un mes, el gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa ha anunciado tres “blindajes” contra la inseguridad en igual número de zonas de la entidad.

El primero fue para la zona norte del estado, casi a mediados de mayo, presentado en el municipio de Papantla, y que abarcaría las regiones del Totonacapan y la Huasteca veracruzana. Esto, tras un enfrentamiento armado en esa ciudad.

Luego vino el “blindaje” de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, apenas la semana pasada, anunciado después de concluido el festival de salsa celebrado en esa ciudad, y “coincidentemente” tras el atraco a la residencia de unos familiares de la esposa del gobernador Duarte.

Ahora se lanzó el “blindaje” de la ciudad de Córdoba, en la región central – que se ha visto asolada por la delincuencia en los últimos meses–, donde también muy “casualmente” reside la familia directa de Javier Duarte de Ochoa. Tan sólo a esa zona, que comprende 14 municipios, se desplegarán 750 elementos de seguridad, entre fuerzas castrenses, policías federales y estatales.

Parece una cantaleta repetida cientos de veces. Pero a tres años y medio de gobierno, y después de haberse lanzado cualquier cantidad de programas en la materia, seguir hablando de blindajes regionales para intentar restablecer la seguridad es, por decirlo suavemente, penoso. Denota el rotundo fracaso de la estrategia implementada por el gobierno estatal –si es que alguna tuvo–, con todo y que la administración federal ha entrado con todo, desde el sexenio pasado, a apoyarlo en el combate a las bandas de delincuentes.

Parecen meras patadas de ahogado ante la nueva oleada criminal que ha colocado a Veracruz como puntero en la comisión de secuestros en el país. Pero mandar centenares de policías a levantar retenes para hostigar a la población ha demostrado su absoluta ineficacia de 2011 a la fecha, y no se ve de qué manera se pueda revertir esta situación en tanto no haya cambios de fondo en todo el sistema de seguridad pública estatal.

Sin una estrategia de seguridad integral y preventiva, sin elementos policiacos locales realmente preparados para hacer frente a la delincuencia sin dejarse corromper por ésta, y sin un guía en el sector que de verdad haga frente a los problemas en lugar de causarlos, podrán decir que Veracruz es una fortaleza, pero el mal seguirá extendiéndose.

Pero por lo visto, no hay manera de que los responsables de tomar las decisiones trascendentales para Veracruz logren entender esto. Lo malo es que quienes la pagamos somos quienes aquí vivimos y que, a pesar de todo, pretendemos seguir haciéndolo.

Tiro por viaje

En uno más de los “éxitos” de la “nueva” Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz, un  juez federal determinó dejar en libertad a los cuatro trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad acusados del asesinato de un pastor evangélico en la ciudad de Coatzacoalcos.

El juzgador consideró que hubo, para no variar, violaciones en el procedimiento para incriminar a estas personas, quienes acusan que sus declaraciones para declararse culpables del homicidio fueron obtenidas bajo tortura.

Una muestra más de cómo hace sus “investigaciones” la Fiscalía estatal. ¿Y así pretenden que creamos que hacen justicia con los periodistas asesinados?

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