Reforma radical a la seguridad social

  • Aquiles Córdova Morán

No es ninguna novedad, ni mucho menos un secreto conocido sólo por los “iniciados”, que un sistema de seguridad social integral y correctamente financiado, ejecutado y administrado, es un instrumento de política económica eficaz que, sin engaños ni demagogia, puede decir de sí mismo que es y funciona en beneficio de todos. Un sistema de seguridad social así debe incluir, como mínimo, el acceso general a la medicina (preventiva y curativa) de calidad; el acceso de todos quienes estén en la edad requerida, a los distintos sistemas y niveles educativos, sin más limitación que sus propias capacidades e inclinaciones; un seguro eficiente y suficiente contra el desempleo, contra los accidentes y enfermedades laborales y una pensión suficiente para una vejez digna y sin sobresaltos económicos. Tal sistema de seguridad social, dicen los expertos, no debe ser financiado, en ningún modo ni medida, a través de cuotas descontadas al salario de los derechohabientes, sino que debe serlo, íntegramente, con los impuestos pagados por todos los contribuyentes. Las razones de su eficacia y de la absoluta necesidad del financiamiento público, son todas de fácil comprensión y, además, de una lógica tan evidente que, en caso de no cumplirse, por ejemplo, con la última condición, la medida se quedará muy por debajo de las expectativas, con las graves consecuencias sociales que es fácil imaginar. Repasemos brevemente algunas de estas razones.

 

Primera: una seguridad social integral y financiada con el dinero de los impuestos, evita, obviamente, que el ingreso de los trabajadores se vea disminuido (a veces muy significativamente) en una cantidad igual al monto de las cuotas que deberían pagar en otro caso; y esto resulta particularmente trascendente allí donde los salarios son sumamente bajos, a grado tal que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de la familia obrera, como es el caso de México. Por el contrario, si los costos de la seguridad social se cubren con la recaudación fiscal general, 1°) se evita castigar el ingreso del trabajador, 2°) se elimina la pugna entre el salario “directo” y el “indirecto o diferido” (el costo de la seguridad social) y, con ello, el descontento de la masa laboral con los descuentos y con el gobierno que los cobra, 3°) se fortalece (o al menos no se debilita más) el mercado interno, al mantener más o menos estable la capacidad adquisitiva de los trabajadores, 4°) se evita también cargar con más contribuciones a las empresas, lo que resulta vital al menos para las micro, pequeñas y medianas (no tanto para las gigantes), ayudándolas así a sobrevivir y consolidarse, 5°) además de estos beneficios económicos, se consigue una lección moral, puesto que pagar la seguridad social de todos con los impuestos de todos es un acto de solidaridad colectiva, a diferencia del sistema de cuotas que es (dicho coloquialmente) un simple “que cada quien se rasque con sus propias uñas”.

Segunda: un sistema de seguridad integral y que no gravite sobre las espaldas del trabajador, producirá más pronto que tarde obreros sanos, suficientemente alimentados, correctamente educados y con una cierta capacidad de compra, bastante estable por lo menos, todo lo cual redundará, innegablemente, en beneficio de la industria, el comercio y los servicios, incluidos los llamados “servicios financieros”, precisamente por sus estrechas ligas con la industria y el comercio. Además, al no gravar con cuotas adicionales a las micro, pequeñas y medianas empresas, se evitará, en una alta proporción, el cierre de las mismas y, en consecuencia, dada su característica de uso intensivo de mano de obra, se evitará el incremento del desempleo y, con él, los problemas económicos y sociales que le son inherentes.

Tercera: la seguridad social integral financiada con la recaudación fiscal es, según los estudiosos de las crisis periódicas del capital, uno de los mejores recursos anti cíclicos, es decir, una medida muy eficaz para impedir que la crisis, una vez estallada, se propague rápidamente en forma de una espiral incontenible que termine abarcando a la economía en su conjunto. Este importantísimo papel de amortiguador y de relativo freno de las crisis lo juega la seguridad social, sobre todo, a través de los seguros contra el desempleo, los accidentes y enfermedades laborales y las pensiones para una vejez digna y segura. Y ello es así porque, lo normal es que la desocupación masiva que provocan las crisis, al reducir a cero los ingresos de los desocupados, provoque una drástica caída en el poder de compra de la masa obrera, es decir, una contracción brutal de la demanda de los bienes de consumo de los trabajadores, con lo cual se acelera la acumulación de mercancías que no hallan comprador y se acelera y agudiza, en consecuencia, la sobreproducción relativa de bienes y servicios. Pues bien, los seguros mencionados impiden que el poder adquisitivo de los desempleados desaparezca completamente de la noche a la mañana, las pensiones que reciben amortiguan el fenómeno, reducen el impacto en la demanda de bienes de consumo masivo y terminan convirtiendo la crisis en algo manejable y reversible si se toman las adecuadas provisiones complementarias. Los desempleados, a su vez, gracias a estos seguros, logran evitar la ruina total y la muerte por hambre o por suicidio. Por todo lo dicho es que puede sostenerse, con toda honestidad intelectual y con plena solidaridad hacia los que menos tienen, que la seguridad social integral financiada con la recaudación fiscal general, es una medida de política económica que, hasta donde ello es factible en una economía de mercado, beneficia a todo mundo, razón por la cual debe ser apoyada, y aun exigida, por todos.

En la página 20 del libro del Lic. Enrique Peña Nieto titulado “MÉXICO, la gran esperanza”, se puede leer lo siguiente: “Que el acceso a la salud y a la seguridad social sean una realidad para cada mexicano se puede conseguir a través de un nuevo Sistema de Seguridad Social Universal que garantice a toda la población un piso básico de protección social, que incluya atención médica de calidad, seguro de desempleo y de riesgos de trabajo, así como una pensión para la vejez. Este nuevo sistema universal deberá ser financiado progresiva y mayoritariamente por impuestos generales, en lugar de cuotas, como las que se pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que <<castigan>> el salario de los trabajadores formales y el esfuerzo de los emprendedores”. Opino que el Gobierno de la República no puede ofrecer al pueblo de México mejor mensaje de Año Nuevo que el anuncio claro y firme de que el Nuevo Sistema de Seguridad Universal va en firme, y que no habrá poder ni obstáculo alguno que lo detenga. Con una sola apostilla: no financiarlo “progresiva y mayoritariamente”, sino total e inmediatamente, con fondos provenientes del erario nacional. Como dijera Calderón de la Barca: “Los sueños, sueños son”.