Xalapa, Ver. – El Congreso de Veracruz recibió una iniciativa de la gobernadora Rocío Nahle García para reformar el Código Penal del estado con el objetivo de ampliar las conductas consideradas lavado de dinero y endurecer las sanciones contra quienes participen en este delito.

La propuesta fue presentada ante la Diputación Permanente de la LXVII Legislatura durante la novena sesión del primer receso. La Mesa Directiva, encabezada por la diputada Naomi Edith Gómez Santos, turnó la iniciativa a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis.

El proyecto plantea modificar el artículo 230 del Código Penal de Veracruz para incluir más acciones que puedan considerarse operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito conocido comúnmente como lavado de dinero.

De aprobarse la reforma, las personas que participen en estas actividades podrían enfrentar penas de entre cinco y 15 años de prisión, además de multas de mil a cinco mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

¿QUÉ PROPONE?

Entre las conductas que se buscan sancionar están adquirir, vender, administrar, transportar, invertir o transferir dinero, bienes o recursos, cuando se tenga conocimiento de que provienen de actividades ilegales.

También se castigaría a quienes oculten o encubran el origen, destino, movimiento o propiedad de recursos relacionados con algún delito.

La iniciativa establece que un recurso será considerado de origen ilícito cuando existan indicios o pruebas de que proviene directa o indirectamente de una actividad delictiva y no pueda demostrarse su procedencia legal.

Además, el documento propone que si el responsable es un servidor público, la pena podría aumentar hasta en una mitad, además de destitución del cargo e inhabilitación para ocupar otro puesto público por un periodo igual al de la condena.

En la exposición de motivos, se señala que el artículo 230 del Código Penal de Veracruz no ha sido modificado desde 2003, mientras que la legislación federal en materia de lavado de dinero ha sido actualizada en diversas ocasiones, por lo que se plantea armonizar la norma estatal con el marco legal vigente.

JRG