Xalapa, Ver.- A 45 días de asumir la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre compareció ante el Congreso de Veracruz, donde reconoció que la Fiscalía de Veracruz operaba con severos rezagos, exceso de burocracia y falta de certeza patrimonial, lo que impactó directamente en la procuración de justicia.

Las declaraciones se dieron tras la salida de su antecesora, Verónica Hernández Giadáns, quien dejó el cargo en el contexto de la aprobación de una reforma impulsada por Morena, que faculta a la gobernadora Rocío Nahle para remover y nombrar a la persona titular de la FGE.

Durante la presentación de su informe, Jiménez Aguirre señaló que, tras recorrer las siete fiscalías regionales, detectó áreas críticas que mantenían “asfixiada” a la institución. Entre los principales problemas destacó la indefinición de bienes muebles e inmuebles entre la FGE y el Poder Judicial, una situación —dijo— desatendida desde 2015 y que derivó en el abandono y deterioro de instalaciones.

Otro de los focos rojos fue la saturación de los Servicios Médicos Forenses (SEMEFO), lo que obligó a emitir el acuerdo urgente 01/2026 para agilizar la entrega de cuerpos identificados y liberar espacios que se encontraban al límite de su capacidad.

Reingeniería institucional en la FGE

Para revertir los rezagos en la FGE, la fiscal anunció un plan de reingeniería institucional que incluye la reducción de trámites burocráticos mediante la implementación de la Carpeta de Investigación Digital, proyecto previsto a un año.

Además, informó sobre la creación de una Ventanilla Única Virtual para órdenes de cateo, con el objetivo de que las y los fiscales obtengan autorizaciones judiciales en cuestión de minutos y no en días, como ocurre actualmente.

Jiménez Aguirre también reconoció que diversas sedes de la fiscalía, como las de Tuxpan, Orizaba, Coatzacoalcos y Veracruz, operaban en condiciones precarias, por lo que se inició un programa de rehabilitación urgente para dignificar los espacios de trabajo y mejorar la atención a víctimas.

En el ámbito administrativo, detalló que tras una evaluación del desempeño del personal en territorio se realizaron cambios de adscripción en áreas estratégicas, con el objetivo de erradicar prácticas internas nocivas.

Asimismo, admitió la necesidad de descentralizar la atención, por lo que anunció la apertura de tres nuevas oficinas especializadas en Martínez de la Torre, Huatusco y San Andrés Tuxtla, además de la incorporación de siete fiscales y cinco policías certificados, al reconocer que el estado de fuerza era insuficiente frente a la crisis de desapariciones.
“No solo es recibir cifras, es transformar la operatividad”, sostuvo ante las y los diputados.

Autonomía de la Fiscalía y resultados iniciales

Durante la comparecencia, la fiscal respondió a cuestionamientos de legisladoras de oposición sobre la autonomía de la Fiscalía de Veracruz, en el contexto de la reciente reforma constitucional que permite al Poder Ejecutivo proponer directamente a la persona titular del organismo.

Jiménez Aguirre afirmó que la FGE mantiene plena autonomía y negó cualquier subordinación al Poder Ejecutivo, al asegurar que su actuación se rige por la ley y no por consignas políticas. Como ejemplo, citó las órdenes de aprehensión e imputaciones contra tres exfuncionarios de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).

“Que exista una reforma no significa que esta institución haya perdido autonomía. No hay revanchismo político, ni colores, ni consignas”, expresó.

Finalmente, la fiscal destacó que desde el inicio de su gestión se ejecutaron 95 órdenes de aprehensión por homicidio doloso, reiteró que no se persigue a nadie por motivos políticos y anunció que se someterá a los exámenes de control y confianza para validar su idoneidad en el cargo.