El gobierno de México anunció una revisión integral del marco legal que regula los casinos en línea, con el objetivo de actualizar la Ley Federal de Juegos y Sorteos y fortalecer los mecanismos de control fiscal. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la normativa actual se creó en un contexto diferente, previo al desarrollo de las plataformas digitales de apuestas, lo cual limitó la capacidad de supervisión del Estado.

Durante una conferencia de prensa, el gerente explicó que la falta de una regulación específica para las apuestas en línea había permitido operaciones que requerían un mayor control, especialmente en lo que respecta al flujo de dinero. En este contexto, se confirma que tres casinos están bajo investigación federal por presuntas irregularidades relacionadas con movimientos financieros, sin detallar avances ni responsabilidades.

La Secretaría de Hacienda informó que, como parte de la reforma, se impuso un aumento del 50% en los impuestos aplicables a los casinos en línea. Además, las plataformas deben registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y conservar los registros correspondientes a las operaciones de los usuarios, para garantizar una mayor transparencia en las transacciones.

Según funcionarios de finanzas, estas medidas buscan mejorar la transferencia de dinero digital y cumplir con las recomendaciones internacionales para la prevención del blanqueo de capitales. Las autoridades han indicado que el sector de las apuestas en línea se considera una actividad que requiere una supervisión específica debido al volumen y la velocidad de las transacciones.

En el análisis del mercado regional, estudios realizados por analistas han demostrado que la mayoría de los usuarios en Latinoamérica realizan apuestas de bajo costo y mantienen su actividad en una sola plataforma. Una investigación difundida por el casino en línea KTO muestra que, en valores estimados, el 63% de los jugadores gasta hasta el equivalente a 334 pesos mexicanos, y que el gasto mensual promedio por usuario ronda los 205 pesos.

El anuncio se produce en un contexto regional en el que varios países latinoamericanos están revisando sus políticas fiscales y regulatorias ante el crecimiento de las inversiones digitales. En el caso de México, la reforma busca actualizar una ley vigente desde hace más de siete décadas y establecer reglas claras para un sector que opera en un entorno tecnológico diferente al previsto originalmente.

Las autoridades indicarán que la propuesta se analizará a nivel legislativo y que cualquier modificación se realizará conforme a los procedimientos legales. Sin embargo, el gobierno goza de buena salud y la prioridad es fortalecer el control institucional sobre las inversiones en línea y garantizar que las operaciones se realicen dentro de un marco fiscal y legal definido.