Veracruz, Ver.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, confirmó que Víctor Hugo “N”, presunto feminicida de Marion Lizbeth Rodríguez Hernández, cuenta con una orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, reconoció que aún no ha sido localizado por las autoridades.

“Quiero ser cuidadosa con los datos, ya cometí un error al hablar del caso hace unas semanas. El agresor sí tiene una orden de aprehensión, pero no hemos logrado su localización”, expresó la mandataria estatal ante medios de comunicación.

Desde 2024, Marion había presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado contra su expareja, Víctor Hugo “N”, por amenazas constantes, no solo hacia ella, sino también hacia sus dos hijos, una adolescente de 15 años y un niño de 10, ambos con discapacidad motriz debido a dismorfia muscular congénita.

La madre de Marion la acompañó en todo momento durante las diligencias legales para dar seguimiento a la denuncia, pero las autoridades no actuaron. La familia denunció que el agresor incluso amenazó con incendiar la vivienda con los niños adentro, conscientes de que los menores no podrían huir debido a sus limitaciones físicas.

Actualmente, los abuelos maternos y la hermana de Marion se hacen cargo de los menores, quienes requieren atención médica constante, incluyendo sesiones de rehabilitación en el CRIVER (Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz). Además, reciben apoyo psicológico a través del DIF estatal, mientras intentan superar el feminicidio de su madre.

El crimen

El 1 de abril, Marion salió de su domicilio en la colonia Dos Caminos de la ciudad de Veracruz para dirigirse a su trabajo en el recinto portuario. A través de un mensaje de WhatsApp, informó a su madre que se encontraba en camino a la parada del camión.

Fue en el callejón Ficus donde un hombre, presuntamente Víctor Hugo “N”, la interceptó y la atacó por la espalda con un arma blanca. Marion cayó al suelo gravemente herida. Vecinos que presenciaron el ataque llamaron al número de emergencias, pero los paramédicos solo pudieron confirmar su muerte al llegar al lugar.

La familia ha exigido justicia de manera constante, señalando que si la Fiscalía hubiera actuado tras la denuncia interpuesta un año antes, el crimen se habría podido evitar.