Ixtaczoquitlán, Ver.- Las denuncias ciudadanas bajo los números 0547 y DC-0371 por contaminación a causa de emisiones de dioxina en contra de la empresa FIRIOB, surtieron efecto al publicarse la Declaratoria de Emergencia Ecológica por parte de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA).

Fue desde el pasado seis de septiembre que el titular de esa procuraduría, Sergio Rodríguez Cortés, explicó que se trata de un documento que se hace público cuando existe riesgo de desequilibrio ecológico eminente donde la autoridad interviene por la falta del cumplimiento de las empresas en el cuidado ambiental. 

En este caso, la declaratoria surgió tras el desinterés por atender las recomendaciones de esa dependencia por parte de la empresa operadora de Firiob, denominada Mitsui. "Recordemos que Firiob es la encargada de operar la planta de tratamiento de aguas residuales del alto Río Blanco en las inmediaciones del municipio de Ixtaczoquitlán".

“Y eso es lo que hicimos hace unos días porque a pesar de que se le dictó medidas a Mitsui, no las cumplió y esto es muy grave, porque no eran medidas fuertes. Por ejemplo: las lagunas que hay dentro de Firiob y unos reactores que por la mezcla de todos los residuos emiten gases altamente tóxicos y a pesar de que se le pidió que sellara estos reactores no lo hizo, lo desatendió”, expresó. 

Entre los impactos negativos se refirió que la empresa afecta a tres escuelas que se encuentran a la periferia de Firiob, así como afectaciones a ciudadanos por los malos olores de los gases contaminantes y la queja de ser un foco de infecciones.

La declaratoria fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado donde los ciudadanos tienen acceso a toda la información pública sobre las observaciones que se les hicieron, las irregularidades, las omisiones, las normas ambientales incumplidas y la multa impuesta de 10 mil 374 pesos por ser omiso a rendir su informe de observaciones atendidas.

Ahora la PMA no sólo dará seguimiento a los expedientes administrativos PMAVER/DJ/EXP-543/2019 y PMAVER/DAC/2939/2022, derivados de las denuncias ciudadanas que evidencian un daño al ambiente y a la salud pública, sino que lo más importante es que la procuraduría con ello, debe asumir la responsabilidad ambiental y tendrá que invertirle recursos a esa planta de tratamientos para resolver todas esas problemas que dejó la empresa Mitsui.