Xalapa, Ver.- La magistrada del Poder Judicial del Estado de Veracruz, será reinstalada por un segundo período de cinco años y sus salarios caídos tendrán que ser pagados.

De acuerdo con el resultado de la votación del Congreso de Veracruz en el que fue aprobado el proyecto de Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la magistrada será reinstalada a la brevedad. 

A inicios de 2023, el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Séptimo Circuito determinó la reinstalación de la magistrada al considerar que es impugnable.

De acuerdo con el amparo 200/2022, los magistrados federales, última instancia para revisar el tema, determinaron que el Congreso de Veracruz decidió de manera arbitraria sobre la no ratificación de la magistrada, quien tenía derecho a un segundo periodo de cinco años.

Al darle la razón a la quejosa, ordenaron también pagar los salarios caídos y prestaciones desde el 7 de julio de 2020 a la fecha.  La reinstalación de la magistrada será por un segundo periodo de cinco años.

El procedimiento de ratificación de los magistrados se encuentra previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en el Capítulo VIII, de los artículos 209 al 213, estableciéndose un período no mayor a seis meses previo a la conclusión del cargo de 10 años para el que fue nombrado el magistrado, para que el Consejo de la judicatura analice su actuación y desempeño, emitiendo como resultado un dictamen técnico, favorable o no favorable, respecto de su ratificación.

La magistrada solicitó al Consejo de la Judicatura que se iniciara el procedimiento de ratificación de su nombramiento como magistrada del Poder Judicial del Estado de Veracruz, conforme con lo previsto en la Ley Orgánica.

Lourdes Pérez Maldonado fue nombrada magistrada del Poder Judicial del Estado de Veracruz por el término de 10 años, periodo que concluyó el 29 de julio de 2020, el cual se puede extender por un término de cinco años más conforme con la Ley Orgánica.

Se establece como requisito principal que el magistrado a ratificar no haya cometido faltas graves durante el desempeño de su encargo, que se encuentren previstas en la Ley, advierte.
Posteriormente, se le negó la ratificación, misma que combatió en tribunales y ganó, por lo que ahora deberá ser reinstalada.