Xalapa, Ver.- El Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz presentó un análisis con datos de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), donde señalaron que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez presuntamente incurrió en un subejercicio de nueve mil 726 millones de pesos, en el periodo de 2019 a 2021.

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Institucional (PRI) Marlon Ramírez, acompañado de legisladores y otras autoridades, presentó las Cuentas Públicas del 2019 al 2021, las cuales desglosó en: 5 millones  289 mil  389.3 pesos en 2019; por 150 millones 085.8 mil de pesos en 2020 y 7 millones 40 mil  045.8  pesos en 2021.

Los integrantes del Comité Estatal del PRI, señalaron que en el mismo periodo del 2019 al 2021  se han devuelto a la Tesorería de la Federación mil 817 millones de pesos.

Al presentar este análisis, el dirigente estatal del PRI indicó que su partido respeta la figura del gobernador del estado, sin embargo, no está de acuerdo en que sus colaboradores le mientan con información que se contrasta con los informes de la Auditoria Superior de la Federación.

Esto, luego de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en una conferencia de prensa, expuso que la información presentada en algunos medios de comunicación respecto a un presunto daño patrimonial, era falsa, ya que según el informe presentado por la ASF de la Cuenta Pública 2021, más de la mitad de las observaciones eran para los ayuntamientos.

“La instancia para nosotros es y seguirá siendo la Auditoria Superior de la Federación, porque nosotros a partir de estos informes tenemos la tranquilidad de que tenemos la conciencia de que este órgano constitucional está cumpliendo con su deber”, indicó el dirigente del PRI.

El Comité Estatal del PRI añadió que ellos desde el año 2019 han denunciado este tipo de subejercicios, basándose en los informes trimestrales que emite la Auditoria Superior de la Federación, sin embargo, habían sido ignorados.

Por último, el Comité Estatal del PRI añadió que, esperarán a que los órganos fiscalizadores terminen los trámites de las auditorias y agoten todos sus procedimientos de aclaración, para que ellos, en caso de no demostrar el uso de recursos observado, puedan presentar una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.