Xalapa, Ver.- El Plan B de la reforma electoral, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobado el pasado miércoles 22 de febrero por el pleno del Congreso de la Unión y surtirá efecto a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La serie de reformas que propuso el mandatario federal provocó molestias en los partidos de oposición, empresarios, sociedad civil y autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) debido a que con ello se modificaron las actividades y presupuestos del organismo electoral.

Fue el 7 de diciembre de 2022 cuando la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó la primera parte de esta serie de reformas que incluye el Plan B electoral. La segunda parte fue aprobada por los legisladores el pasado 22 de febrero.

Personas del sector empresarial, políticos, partidos de oposición y trabajadores del INE manifestaron su rechazo a la aprobación de la reforma electoral del presidente López Obrador, y marcharán nuevamente en varias ciudades del país, entre ellas Xalapa y Veracruz, el próximo domingo 26 de febrero.

El Plan B de la reforma electoral es una reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE) que implica el recorte en el gasto y eliminación de su autonomía presupuestal, el recorte del 84.6 por ciento del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), la fusión de áreas y la remoción anticipada del actual secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, entre otros cambios que deberán efectuarse.

¿CUÁLES SON SUS REPERCUSIONES?

Con 72 votos a favor de senadores de Morena, el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista (PVEM) y el Partido de Encuentro Social (PES), fue aprobado el plan B de la reforma electoral en la Cámara Alta.  Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD) votaron en contra.

Las reformas aprobadas implican una serie de modificaciones en tres ordenamientos legales: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con un diagnóstico hecho por el INE, la aprobación del Plan B implica que para antes de las próximas elecciones serán despedidos cinco mil 80 empleados de las juntas distritales, sin sumar el personal de juntas locales y oficinas centrales.

También se estableció la reducción de los salarios de los consejeros, quienes ganan más que el mandatario federal, y la eliminación de fideicomisos. Los partidos políticos podrán conservar el dinero que no se gaste en el año para utilizarlo posteriormente y que no haya multas por padrones irregulares.

Además, se aprobó la eliminación del Programa de Resultados Preliminares (PREP). Al respecto, el INE consideró que solo se suprimen procesos que dan garantías de trasparencia y certeza a las elecciones y sus resultados, además no se reducen costos.

En ese mismo paquete de reformas se aprobó la disminución del 10 y 13 por ciento de la lista nominal por sección, con lo que se reduce el universo de personas que cumplen los requisitos para ser funcionario de casilla.

Ahora, el registro de representantes de los partidos en casillas podrá hacerse 48 horas antes de la elección y no 13 días, como estaba estipulado en las leyes electorales. También se eliminarán mil 264 plazas de las juntas distritales y locales, para un ahorro de mil 300 millones de pesos.

Se fusionarán una decena de áreas, por lo que el INE alertó, desde que se tuvo conocimiento de la reforma, que unir las direcciones de Organización con Capacitación junto a la Unidad de Vinculación con los OPLES (40 por ciento de las operaciones) generaría un colapso mayor.  

Las presidencias de los consejos ya no rendirán un informe sobre el estado de las actas de escrutinio y cómputo y los partidos no podrán disponer de una copia de los resultados de la casilla.

Estas reformas aprobadas también prohíben suspender registros de candidatos por faltas administrativas, como lo son rebasar topes o no informar gastos de precampaña.

Las autoridades del INE, políticos, partidos de oposición e incluso de la sociedad civil indican que estas reformas aprobadas restan facultades al organismo electoral, cambia su operación administrativa y lo mutilan.

¿QUÉ SIGUE?

Desde que se dieron a conocer la serie de reformas que se planeaban aprobar, partidos de oposición y hasta el propio Instituto Nacional Electoral (INE) planearon una ruta jurídica.

Previó a la aprobación del plan B, partidos políticos y el INE iniciaron trámites para interponer cinco acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tras su aprobación completa este 22 de febrero, ahora las y los ministros del máximo tribunal deberán analizar la constitucionalidad de las reformas. Para declarar la posible inconstitucionalidad se requiere del voto de ocho de los 11 ministros.