Xalapa, Ver.-La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó la recomendación 88VG/2023, dirigida al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y la titular de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, para que se repare el daño provocado a seis trabajadores de Río Blanco por la tortura a la que fueron sometidos de parte de policías ministeriales.

En la recomendación se determina que el director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), Rodolfo Astudillo Medina, y elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) ingresaron sin cateo a una bodega en Río Blanco, municipio ubicado en la región central de la entidad veracruzana.

La Comisión Nacional documentó que no hubo orden de cateo y también se cometió tortura a los empleados y supuestamente les fabricaron delitos como ultrajes a la autoridad y contra la salud, hechos ocurridos en junio de 2021.

La recomendación fue para que se repare a las víctimas de una forma integral a través de las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición.

En la relatoría de hechos también precisan que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y que las seis víctimas no fueron detenidas con armas de fuego y tampoco agredieron a los elementos de seguridad, ni a los ministeriales, según los testimonios, videos y peritajes realizados en las investigaciones.

En la recomendación 88VG/2023 destaca que las seis víctimas fueron torturadas al colocarles bolsas de plástico en la cabeza y amenazados con matar a sus familiares si es que no firmaban para culparse.

“Se advierte que tanto las agresiones físicas como la obstrucción sensorial normal (privación de la luz), las posiciones forzadas, mecánicas de asfixia, traumatismos y amenazas de muerte fueron utilizadas para quebrantar sus voluntades, como método de investigación y como castigo y para autoincriminarse”, explica en uno de los apartados la recomendación.

Por todos estos detalles, la CNDH confirmó que hubo violaciones a los derechos humanos, la integridad física, la libertad, legalidad, seguridad jurídica, privacidad del domicilio, así como retención legal y tortura.

El 25 de junio de 2021, el empresario José Antonio May González, denunció que su propiedad fue cateada sin ninguna orden judicial y dijo que en su bodega, sus empleados fueron torturados y tres de las víctimas siguen en prisión, ya que desde el Poder Judicial se declaró como legal la detención y fueron vinculados a proceso; les impusieron la medida cautelar de prisión preventiva.

En las siete recomendaciones que realiza la CNDH, pide al gobernador de Veracruz y la titular de la FGE que colaboren en el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas de Veracruz, para la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas a las seis personas y se les brinde atención psicológica, por las violaciones a derechos humanos acreditadas.

De igual forma, el titular del Poder Ejecutivo y la FGE deberán colaborar ampliamente con la autoridad investigadora, en el seguimiento del Expediente Administrativo 1, radicado en la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, contra funcionarios y demás personas servidoras públicas de esa dependencia estatal involucradas, por los hechos y observaciones de la recomendación; colaborar ampliamente con la autoridad investigadora, en el seguimiento del Expediente Administrativo 2, ante la Contraloría General de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que se investigue la presunta comisión de responsabilidades administrativas.

Finalmente, se pide al Gobierno del Estado de Veracruz y a la Fiscalía General del Estado, giren instrucciones a fin de que le sean devueltos al empresario todos los bienes de su propiedad y, de no ser posible su devolución, se pague su valor actualizado.