Octavio Legarreta Guerrero, exsecretario de Desarrollo Rural de Chihuahua en la administración de César Duarte, fue detenido en Ciudad Juárez por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) tras ser acusado por el delito de peculado. 

Sin embargo, tras ser excluido del servicio público en aquella entidad, Legarreta Guerrero encontró acomodo en Veracruz durante la administración de Enrique Peña Nieto dejando también un negro historial que ya fue denunciado.

Como delegado de la extinta Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) del Gobierno Federal, Legarreta Guerrero dejó varias observaciones de presunto daño patrimonial en la entidad veracruzana ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Por ahora el proceso en su contra sólo se debe a un presunto desfalco de 15 millones de pesos en Chihuahua, delito por el que fue ingresado al penal en Aquiles Serdán y en el cual también estaría involucrado el propio César Duarte.

DE CHIHUAHUA A VERACRUZ

Legarreta Guerrero llegó por segunda vez a Veracruz en 2016 como delegado de la SAGARPA, cuando fue nombrado en el cargo por el Coordinador General de Delegaciones de la dependencia, Fermín Montes Cavazos.

Durante el nombramiento, se destacó que la entidad cuenta con una ganadería, agricultura y pesca a la par de los estados de Jalisco y Sinaloa, los primeros lugares del sector en cuanto a producción.

Originario del estado de Chihuahua, el ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua tenía un amplio currículo como delegado de la dependencia federal en 2 ocasiones y como secretario de Desarrollo Agropecuario durante la administración de César Duarte.

No obstante, desde su arribo a Veracruz estuvo ligado al escándalo. De ello dan cuenta algunas denuncias públicas hechas por diversos actores sociales y políticos.

Por ejemplo, en 2017, el Congreso del Estado hizo un llamado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que vigilara los recursos que aplica la SAGARPA-Veracruz que entonces encabezaba Octavio Legarreta.

Ello, derivado de las observaciones de la propia ASF que detectó pagos de apoyos sin el debido soporte documental; falta de transparencia y debida supervisión en la integración de la información; entrega de apoyos sin cumplimiento total de requisitos; probable uso indebido de datos personales y alteración de documentos; gestión de apoyos a nombre de beneficiarios que no los recibieron.

Además, documentación comprobatoria sin debida revisión; seguimiento y supervisión del cumplimiento de requisitos; facturas canceladas o sin registro en el sistema del Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otros. 

La ASF advirtió que para el Estado de Veracruz se otorgaron apoyos para 47 beneficiarios por un total de un millón 162 mil 529 pesos, sin que exista evidencia documental sobre la autorización y ejecución de esos proyectos, todo durante la gestión de Legarreta.

En aquella ocasión, el Pleno de la LXIV Legislatura aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), por el que se exhortó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para que las observaciones tuvieran consecuencias legales y administrativas, pero nada ocurrió.

“… estableciendo sanciones y denuncias a exservidores y servidores públicos que causaron perjuicios a la Hacienda Pública y a la sociedad; además para que, al momento de fiscalizar los subsecuentes ejercicios, se evalúen las reincidencias suscitadas en la citada Dirección General de la SAGARPA, de manera que se dicten medidas preventivas para evitar que estas irregularidades se repitan. 

“También se incluye exhortar al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que instruya a sus colaboradores a cumplir las recomendaciones de la ASF, en el sentido de establecer mecanismos de supervisión, control y seguimiento necesarios para garantizar que los expedientes se integren debidamente y se cumpla de manera estricta con las Reglas de Operación correspondientes y demás normativa aplicable”, estableció el exhorto.

Los legisladores locales llamaron también a la Secretaría de la Función Pública y al titular del órgano interno de la SAGARPA para vigilar que los recursos públicos destinados a las acciones y programas institucionales del sector se aplicaran correctamente para alcanzar sus objetivos.

Destaca también la acusación de la asociación civil “Trabajando por un gran estado por el progreso de un gran país”, cuyo presidente, Óscar Arcos Roldán -excandidato del PAN a diputado federal-, recriminó el presunto desvío de por lo menos mil millones de pesos.

De igual forma, la asociación acusó una suspensión de pagos de proyectos productivos por un monto de 32 millones de pesos, de parte de la misma delegación.

FGR ATRAJO DENUNCIAS

El caso y los múltiples señalamientos llegaron ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), aunque se acusó que el propio ex delegado metió las manos para evitar las investigaciones gracias al respaldo que tenía del gobierno federal de Enrique Peña Nieto. 

“Hay una persona que puso una demanda en contra de usted, ante la PGR, pero usted ya habló con él y por eso está parada”, acusó el titular de la A.C.

Apenas el año pasado, la ASF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) derivadas de la auditoría 296-DE, que tiene que ver con los recursos ejercidos en Veracruz durante el 2016.

En ese ejercicio la dependencia autorizó subsidios de distintos programas, sin embargo, se detectó el uso de documentos alterados de supuestos beneficiarios y simulación de operaciones bancarias. 

Una de las observaciones abarca al Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, con el que se transfirieron 54 millones 343.8 miles de pesos a 6 beneficiarios, pero se observó que 2 presentaron inconsistencias e irregularidades en la información presentada, por un monto de 25 millones 600 mil pesos.

Se cita el caso de una empresa que recibió recursos del subsidio por 8 millones 10 mil pesos para equipamiento de una planta estratégica de arroz en el municipio de Tres Valles, en la que el beneficiario presentó información alterada; que el equipo adquirido estaba incompleto y era usado, así como emisión de facturas irregulares, por lo que se determinó que la empresa debía devolver el dinero. 

Ese año la SAGARPA, a través de la instancia ejecutora Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), también ejerció recursos federales por 179 millones 265 mil pesos en favor de 67 beneficiarios. 

Lo anterior con el fin de concertar la realización de las acciones previstas en los proyectos autorizados del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, Componente Productividad Agroalimentaria. 

Sin embargo, los nueve beneficiarios no presentaron la totalidad de las facturas correspondientes a la comprobación del proyecto, o el estado de cuenta bancario específico que acredite el pago de estas. En el caso de Integradora Veracruzana de Frutas Tropicales, SP.R. de R.L. la empresa recibió recursos del subsidio por 4 millones 800 mil pesos para el proyecto de construcción y equipamiento de una empacadora de limón persa en el ejido de Chavarrillo, en Emiliano Zapata, Veracruz. 

De este caso, se indica que el costo total del proyecto era de 25 millones 299 mil pesos y presentó facturas por 23 millones 574 mil pesos, por lo que no comprobó la cantidad de un millón 724.6 mil pesos y en los estados de cuenta bancarios se localizaron pagos de las facturas por 23 millones 361 mil pesos, de acuerdo con la auditoría. 

La ASF sentenció que en términos generales la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no cumplió con la normativa establecida al repartir los apoyos, toda vez que se constató que la mayoría de los beneficiarios del programa presentaron documentación presuntamente alterada para acreditar su aportación o comprobar la aplicación de los recursos, tanto del subsidio como de su propia aportación por 128 millones 421 mil pesos. 

Además, no presentaron la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los recursos y, en algunos casos, se constató que no se concluyeron las obras o las acciones de los proyectos por un monto de 174 millones 310 mil pesos. 

LA CAÍDA DEL EX DELEGADO

Octavio Legarreta fue detenido el pasado viernes por la Interpol México cuando se encontraba realizando un trámite dentro del Consulado de los Estados Unidos en Chihuahua.

La detención se deriva de una Notificación Roja contra Legarreta Guerrero, quien, de acuerdo con la información recabada, cuenta con diversas órdenes de aprehensión libradas por supuestos desvíos durante su gestión en la administración 2010- 2016 y su presunta responsabilidad en el delito de peculado agravado a su paso por el gobierno estatal.

Sin embargo, de las denuncias presentadas por la ASF contra los probables responsables de diversos desvíos, no se ha emitido información al respecto y si habrá responsabilidad para el exdelegado federal debido a que las observaciones se generaron cuando se desempeñó en el cargo.

Octavio Legarreta, quien fuera secretario de Desarrollo Rural la era de César Duarte, era prófugo de la justicia de Chihuahua, según se conoció por edictos del año 2020, y contaba con una orden de aprehensión en su contra que no fue ejecutada porque huyó a Estados Unidos.

Según la carpeta de investigación abierta contra César Duarte, fue cómplice en los procedimientos administrativos simulados que instruyó el exgobernador, y está involucrado en un desfalco de 96.6 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Rural estatal, el cual favoreció a la Unión Ganadera Regional División del Norte y a la Financiera División del Norte, empresas pantalla que Duarte usó para incrementar su patrimonio.

Tras su extradición de Estados Unidos a México, para su proceso por asociación delictuosa y peculado, César Duarte también permanece internado en el Penal de Aquiles Serdán.

ys