XALAPA, VER. - Mientras a nivel nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz fue incluida en las filtraciones del grupo de “hacktivistas” Guacamaya, debido a presuntos nexos con el narco, a nivel local la dependencia que dirige Hugo Gutiérrez Maldonado, tiene como pendiente aclarar el uso eficiente del presupuesto del 2021.

El 31 de septiembre se entregó el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 2021, en el que se calcula un presunto daño patrimonial por más de 3 mil millones de pesos, y aunque la SSP no desvió o malgastó el dinero público, recibió 12 observaciones y 15 recomendaciones administrativas por las que tendrá que aclarar la transferencia de más de 700 millones de pesos.

En las auditorías practicadas al manejo del recurso público, por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) a la cuenta pública del 2021, se exhiben irregularidades en el pago de la nómina, adjudicaciones directas para la compra de alimentos en los penales, pero también en vales de gasolina, y se evidenciaron las sanciones mínimas a los policías señalados por abuso de autoridad. 

El resultado de las auditorías ha sido cuestionado por diputados, exalcaldes y personas involucradas en el manejo financiero.

Antes de la entrega del informe se acusaron cobros de moches para limpiar cuentas públicas y se involucró a diputados locales. A los señalamientos le siguió el cambio de presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia en el Congreso del Estado, que encabeza el grupo que recibe y dictamina la Cuenta.

Recientemente se dijo que la auditora general del Orfis, Delia Cobos, tiene las manos atadas, pues en la dependencia hay gente recomendada que no le permite trabajar.

Pese a las irregularidades en el proceso de la integración del informe de la Cuenta Pública que se entregó a los diputados, la SSP tendrá que presentar documentos adicionales para explicar el gasto del presupuesto ejercido. Se había programado gastar 5 mil 802 millones y Sefiplan solo transfirió 5 mil 590, es decir, 212 millones menos.  

Orfis observa el pago de nómina 

Como parte de revisión del gasto 2021, se analizó el pago de nómina de la SSP. Se detectó que se erogaron mil 515 millones de pagos a trabajadores; sin embargo, solo se comprobó la transferencia de mil 127 millones, a través de las cédulas de facturación en línea.

El Orfis pidió información adicional para justificar el gasto de 387 millones 335 mil 743 pesos, ya que la SSP no entregó la evidencia física de a quién se pagó en los meses de enero, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2021.

Contratos de alimentos deben ser aclarados 

Como parte de las auditorías se identificó que los contratos SSP-UA-023-21, SSP-UA-024-21, SSP-UA-025-21, SSP-UA-026-21 y SSP-UA-027-21, adjudicados directamente para la compra de agua purificada, utensilios y alimentos para ser suministrados a diferentes áreas de la SSP, debían obligar a licitación nacional.

El monto total fue de 353 millones 242 mil 904 pesos asignados a las empresas HC Alimentos, SA de CV., Fodegor S de RL de CV; Operadores de Comedores Saludables SA de CV; Administradora de Empresa del Golfo SA de CV y a Carlos Enrique Fernández Morales.

Se compraron productos para alimentar a los policías de la Academia o de las Cocinas Móviles por 197 millones; productos para los internos de los Centros de Reinserción Social, en donde el pago fue de 129 millones; además, 8 millones en la comprar agua purificada; y 18 millones en utensilios para el servicio de alimentación.

SSP debe aclarar por qué no licitó compra de vales de gasolina 

Además, se observaron contratos por 231 millones 487 mil pesos que se usaron para la compra de vales de gasolina con Grupo Ferche SA de CV y Centro Gasolinero Animas SA de CV, Combustibles Finos, S. A. de C.V; Toka Internacional, S. A. P. I. DE C. V, entre otros. En todos los casos los contratos se adjudicaron de manera directa.

En esa observación, la respuesta la SSP, fue que no es posible llevar a cabo un proceso Licitatorio, ya que el factor precio no es un determinante para el suministro de este servicio, siendo prioridad la cobertura a nivel estatal.

A las observaciones se suma que se identificaron inconsistencias en el proceso de adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la cerca perimetral del Centro de Reinserción Social de Papantla, caso en el que el contrato fue por un monto de 1 millón 759 mil pesos.

Además, el Orfis analizó el total de las quejas atendidas en contra de los integrantes de instituciones policiales en el ejercicio 2021, de las cuales se resolvieron 45, número que solo representa el 10 por ciento del total de las recibidas.

Sin embargo, no se aclara cuál fue la resolución o si se sancionó a los funcionarios de la SSP, a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado. El resto, que suman 404 casos, seguían en trámite de análisis, lo que representó el 90 por ciento del número de denuncias que presentaron ciudadanos, ante el actuar de los elementos.

Según las proyecciones de la propia SSP se aumentó en 132 el número de denuncias, en relación con las que tenían proyectadas recibir, 132 quejas, lo que representa un 41.6 por ciento más.

Recientemente la Comisión Estatal de Derechos Humano (CEDH) emitió dos recomendaciones contra la SSP por la muerte de Carlos Andrés Navarro y Gustavo Ortiz Hernández, por lo que pidieron ofrecer una disculpa pública a su familia.

Lo anterior, porque a pesar de que la SSP aseguró que Carlos Andrés y Gustavo murieron a causa de un infarto fulminante, la Comisión determinó que existen contradicciones en las versiones policiacas; además de evidenciar que ambos habrían sido golpeados en el tiempo que permanecieron en el Cuartel.

ys