Antes de dejar su encargo como presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en noviembre próximo, Isabel Inés Romero Cruz alista nuevos cambios de juzgados.

Lo anterior ha desatado una ola de críticas y enojos de parte de diversas barras de abogados, ahora del puerto de Veracruz, que reclaman que el acuerdo ya está listo para publicarse.

Ante ello, agregan, repercutirá en los justiciables pues ahora deberán trasladarse a ubicaciones más lejanas para realizar promociones, revisar expedientes y demás diligencias.

De entre los cambios próximos se cuentan el traslado de los juzgados Sexto de Primera Instancia en Materia Civil, así como del 14, especializado en Materia Familiar, actualmente ubicados en la ciudad judicial de Veracruz-Boca del Río.

La información en poder de abogados es que ahora dichos juzgados estarán ubicados en Cardel, hasta donde deberán trasladarse para dar seguimiento a sus asuntos.

Igualmente, se ha informado que el Juzgado Primero de Primera Instancia con sede en Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, ahora será trasladado a la Ciudad Judicial ubicada en Naolinco.

CAMBIOS CUESTIONADOS 

Las acciones de la presidencia del TJS han sido consideradas por los abogados como “una locura” y han advertido que ahora sí tomarán las medidas que tengan a la mano para frenarlas.

Esta no es la primera vez que hay cambios en cuanto hace a los juzgados. Ya hace unos meses, en Orizaba, los defensores particulares se manifestaron ante la mudanza del Juzgado Sexto de lo Familiar de ese municipio al de Nogales, igualmente por instrucciones de la presidenta del Poder Judicial.

Ya el año pasado también hubo cambios en los juzgados. A mediados de 2021, cuando se supo por primera vez de la quiebra financiera que atravesaba el tribunal, de casi 500 millones de pesos, se ordenó el cierre de 29 juzgados municipales.

El argumento principal era que los resultados de estos microrregionanles resultaban “mínimos” en comparación con otros juzgados de la materia.

Además, se informó que con ello habría importantes ahorros para el Poder Judicial, que repercutiría de manera positiva ante la falta del dinero para concluir el año. Sin embargo, pronto se supo que el ahorro era solo de 22 millones anuales.

Cerrar los juzgados mencionados implicó para la presidenta del Poder Judicial sendas manifestaciones en contra. 

Incluso en un caso, en Misantla, debió acudir personalmente a solucionar la toma de instalaciones de la Ciudad Judicial por abogados y justiciables.

En ese entonces, los abogados que se opusieron al cierre criticaron que los ahorros serían mínimos pero sí con serias afectaciones, sobre todo en temas que involucran a menores.

“Es mentira que va a haber un ahorro significativo y que con eso van a tapar un hoyo de 500 millones de pesos”, dijo entonces uno de los abogados.

“Ni en los peores tiempos de la dictadura de estado, nadie le había metido mano al dinero del poder judicial. Esto sí es para la historia. Querían hacer historia y lo están haciendo”, remató.

Otro de los inconformes dio a conocer que el cierre mantenía en riesgo mil 500 expedientes donde hay menores como los afectados, además de que hay personas que deben trasladarse por hasta 10 horas para acudir a las audiencias, afectación en la que el Poder Judicial no reparó “por ahorrarse un juez y un secretario”.

ch