Xalapa, Ver. – Ramón Díaz Ávila, diputado del Partido del Trabajo (PT), recordó desde tribuna al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, para alertar que el Poder Judicial de Veracruz, encabezado por la magistrada Isabel Romero, pudo haber contratado empresas fachada o fantasma. 

El diputado petista presentó un punto de acuerdo -en la sesión del jueves 21 de julio- para que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) revisen los contratos asignados en el PJEV desde diciembre del 2019 a la fecha.

El área responsable de la contratación de servicios y la compra de insumos es la dirección de Administración a cargo de Joana Bautista, sin embargo, cualquier acción que ella realice debe estar avalada por el Consejo de la Judicatura, integrada por cuatro consejeros, donde tienen representación los magistrados, así como el poder Ejecutivo y Legislativo.

Ramón Díaz Ávila denunció que existen indicios de que las empresas a las que se les han asignado contratos desde el Poder Judicial, reportan como domicilios fiscales estacionamientos, vecindades, construcciones en obra negra, lavados de autos, andadores, callejones, tal como ocurrió en el periodo de Javier Duarte. 

La alerta se genera porque a esas empresas, con domicilio fiscal dudoso, “se les han otorgado millonarios contratos para adquirir material de papelería, mobiliario y equipo de oficina, sanitización, compras de insumos para prevenir contagios de COVID, mantenimiento de aires acondicionados y equipos de cómputo”.

La asignación de los contratos, expuso, se dio bajo esquemas de adjudicación directa o licitaciones simplificadas, totalmente opacos y ajenos a los criterios de racionalidad del gasto al ser notorios los sobreprecios en los que se adquieren dichos productos, tal como se dio el Duartismo.

En el portal de transparencia se observó un contrato, por un monto de seis millones y medio de pesos, para adquirir mobiliario de oficina a una persona física cuyo domicilio fiscal se encontraba, al momento en el que se otorgó, en la ciudad de Martínez de la Torre, y donde hoy en día existe una construcción en obra negra, donde se proyectan locales comerciales y una cuartería.

“De acuerdo al contenido del contrato esta persona física, inició operaciones en enero de 2019 y para el final de ese año ya contaba con el capital suficiente para soportar una compra millonaria como la otorgada. La dueña de la empresa es una joven que al momento del contrato contaba con 23 años”, alertó el diputado.

El Poder Judicial pagó 14 millones y medio de pesos que se destinaron para sanitizar instalaciones, sin que exista constancia de que la persona física a la que se le otorgaron dichos contratos, por adjudicación directa, contara con las certificaciones necesarias para brindar dicho servicio.

En el mismo sentido, expuso, existen viáticos erogados por diversos magistrados en los que se encuentran duplicadas sus comprobaciones, así como comisiones en las que trasladan cuadrillas de personal para realizar labores de limpieza y jardinería en diversas instalaciones de los distritos judiciales, donde se reportan gastos promedio de dos mil pesos diarios por persona, detalla en la exposición de motivos para sustentar la petición de intervención.

Por lo anterior, el petista pidió que el SAT corrobore si desde el Poder Judicial se han simulado operaciones o son empresas fantasmas; que la Unidad de Inteligencia Financiera analice las operaciones financieras y económicas y evolución patrimonial de los proveedores y funcionarios del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

“Que el Orfis lleve a cabo una auditoría integral que incluya un informe técnico, financiero, de legalidad y desempeño de los procesos de licitación y adjudicaciones directas del Poder Judicial del Estado de Veracruz del año 2019 a la fecha”.

Además, pidió, que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado inicie una investigación interna y en caso de existir algún tipo de responsabilidad se sancione.

La petición del diputado Ramón Díaz Ávila fue turnada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que será quien emita el acuerdo de revisión de los contratos del Poder Judicial.

ys