A inicios de junio se aprobó la reforma al código civil que establece que el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Así es como se dio paso a que parejas del mismo sexo puedan firmar un contrato civil.

Sin embargo, para que ese cambio a la ley cobre vigencia se hace necesario que la Secretaría de Gobierno, a través de la Editora de Gobierno, publique las modificaciones al código civil en el que se establece el nuevo concepto de matrimonio

A una semana de que se dio el cambio de la ley no se ha publicitado, razón por la que el Registro Civil aun no puede realizar un matrimonio civil por el solo hecho de que dos personas cumplan con todos los requisitos legales, informó Benjamin Callejas, integrante de la Coalición Estatal LGBT+.

El activista refirió confirmó que a la fecha se han presentado un total de 35 solicitudes en los registros de Xalapa, Córdoba, Coatzacoalcos y Poza Rica, sin embargo, no pueden formalizar las uniones. Sumado a 120 que estaban en trámite a través de amparos.

“No se ha publicado después de los ocho días (…) los colectivos en todo el Estado han estado recibiendo las solicitudes en masa para llevar a cabo el trámite. Platicando con el Registro Civil de qué se hace, nos dijeron que se tiene que esperar a la que la secretaría de gobierno ya se pueda dar (el matrimonio)”.

Con anterioridad, ya había 120 solicitudes, y en caso de que no se pueda concluir la cadena del proceso legal, con su publicación, el Registro Civil tendrá que iniciar con el trámite administrativo para realizar el matrimonio, lo que lleva un proceso más largo que solo presentarse con la documentación.

“El llamado, bueno, es un exhorto porque ya es por sentencia, ya es una orden judicial, si no se publica en la Gaceta Oficial el Registro Civil tiene la obligación en dos semanas, de empezar a hacer los trámites por la vía administrativa, pero dejaría muy mal parado a la Secretaría de Gobierno”.

Callejas dijo que es posible que se pueda iniciar algún proceso legal por inejecución de una sentencia contra funcionarios del gobierno del estado, toda vez que la Corte declaró inconstitucional el artículo 75 del código civil y ordenó su reforma.