Los tres excomisionados que integraron el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos (IVAI), antes de que comenzara el gobierno de Cuitláhuac García, hoy están detenidos.

El organismo estuvo señalado por prácticas de corrupción y en marzo de 2020 se concretó la aprehensión de la expresidenta del IVAI, Yolli “N”, por los delitos de coalición, ejercicio indebido y abuso de autoridad como parte del proceso penal 101/2020.

Pese a los señalamientos, ante el Senado de la República la excomisionada se calificó como “presa política”.

Apenas este fin de semana, la Fiscalía también procedió contra José Rubén “N” y Arturo “N”, quienes renunciaron al cargo tras la aprehensión de Yolli “N”. A ellos les imputan los delitos de incumplimiento del deber legal y peculado, dentro del proceso penal 155/2022.

 

 

El ocaso de los comisionados ya estaba advertido. Alfonso Velázquez Trejo, el Contralor Interno del IVAI, denunció actos de corrupción en su periodo. Por su parte, la actual comisionada presidenta, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, también reportó al Congreso local distintas irregularidades.

La diputada local de Morena, Lidia Irma Mezhua Campos, quien preside la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, confirmó que existe un informe que señala diversas anomalías del período de los 3 excomisionados detenidos.

 

“En el informe que nosotros recibimos de la actual comisionada presidenta (Rodríguez Lagunes), pues sí ha manejado que cuando recibió la administración del IVAI había un rezago de más de 3 mil expedientes, más de 4 mil sin atender y problemas de pagos de impuestos; entre otras situaciones irregulares”, dijo la legisladora morenista en entrevista.

 

Pese a lo anterior, expertos afirman que el proceso que se abrió en contra de los excomisionados es producto de “un sistema de justicia obsoleto, arcaico, diseñado al capricho de la gente en el poder”.

 

ENCONTRONAZOS CON LA 4T

El 18 de marzo de 2020 se presentó ante el Congreso del Estado una solicitud de juicio político contra José Rubén “N” y Arturo “N”, al acusarlos de haber abandonado sus funciones por irse a España.

Y quien fuera la presidenta del organismo fue la primera en caer presa como parte de las indagatorias del proceso penal 101/2020.

La detención de Yolli “N” tuvo lugar el 26 de marzo de 2020, fecha desde la que se encuentra recluida o privada de la libertad.

Aunque su detención estuvo plagada de claroscuros sobre la razón de las denuncias en su contra, a la postre se supo que la Fiscalía General del Estado (FGE) la llevó a proceso por presuntas irregularidades en su desempeño como presidenta del órgano garante -derivado de las denuncias del contralor-, aunque también carga con señalamientos de ocultar su patrimonio en 2018 y 2019.

Y es que desde la llegada de la administración morenista a la entidad empezaron a conocerse presuntos actos irregulares perpetrados desde su posición como presidenta del IVAI.

Entre otros, la autorización del pleno para contratar a dos personas que estarían dispuestas en el área de la contraloría, sin tener facultades para ello.

Sin embargo, también hubo diferencias entre la expresidenta y el gobierno encabezado por Cuitláhuac García, por información respecto al parentesco del mandatario con un alto funcionario de la Secretaría de Finanzas, así como por la entrega de contratos en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) al comenzar la administración morenista.

 

 

Se trata de dos resoluciones de solicitudes de información que, en su momento, fueron utilizadas por la oposición para cuestionar el actuar del Ejecutivo y de su gabinete.

En la primera de estas, el IVAI determinó revocar la respuesta de la Contraloría General del Estado (CGE), que ordenó no entregar la información sobre el expediente abierto en contra del subsecretario de Finanzas y Administración, Eleazar Guerrero, por un presunto conflicto de intereses debido a su vínculo familiar con el gobernador morenista.

En la resolución del IVAI, se acusó a la Contraloría de incurrir en un “absurdo” al determinar la reserva de la información porque se trató de un expediente reabierto, por lo que clasificar incluso el número de expediente o la fecha de inicio del trámite, no era procedente.

En la otra resolución previa a su salida, el IVAI ordenó que se realizaran búsquedas exhaustivas a través de las áreas competentes para localizar información que fue solicitada al respecto de la adquisición de 160 patrullas por parte de la SSP.

La dependencia pretendió justificar la reserva de la totalidad de la información que le fue solicitada al considerar, entre otras cosas, que revelarla atentaba contra los intereses del estado y la seguridad ciudadana.

La SSP, bajo el mando de Hugo Gutiérrez Maldonado, también adujo que no era procedente la entrega de versión pública porque era parte de una investigación en curso, no obstante, esto no lo acreditó; además de que la SSP negó la información argumentando que parte de la solicitud era imprecisa. En el caso contrario, el IVAI consideró que se indicó de forma clara y precisa lo requerido.

Por lo anterior los comisionados ordenaron que proporcionara la versión pública del contrato.

 

NOMBRAMIENTO IRREGULAR

Posterior a estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción acusó que Yolli, en su calidad de presidenta del IVAI y en sesión extraordinaria del 8 de marzo de 2019, determinó junto con los restantes comisionados la discusión y aprobación respecto del ajuste en la distribución del presupuesto autorizado para el ejercicio 2019 y la designación de los servidores públicos que integrarían las áreas del Órgano Interno del Control, nombramientos que en realidad son facultad del titular del Órgano Interno de Control.

 

 

En dicha sesión se designó al responsable de la Subdirección de Quejas, Denuncias e Investigación; así como de la Subdirección de Normatividad, Auditoría y Control; y, al responsable de la Subdirección de Responsabilidades Administrativas y Substanciación, lo que llevó a la Fiscalía Anticorrupción entonces a cargo de José Alfredo Corona Lizárraga, a solicitar su orden de aprehensión el 26 de marzo de 2020.

A partir de su detención y reclusión, diversos episodios han tenido lugar en el proceso contra Yolli “N”, pasando por los temas de salud que la aquejan y que ha congregado a decenas de activistas y otros funcionarios de diversos estados expertos en materia de transparencia para exigir su liberación.

En materia legal, se han promovido diversos recursos para combatir su reclusión. Uno de los más importantes fue un amparo en el que un juez federal señaló que se violaron diversos derechos de la excomisionada para mantenerla en prisión.

De acuerdo con la justicia federal, el juez de control de Pacho Viejo Gregorio Esteban Noriega Velasco violentó el debido proceso al que tenía derecho Yolli “N”; lo anterior porque el juez de control no se apegó al principio de oralidad que rige el sistema penal acusatorio, ya que “la resolución reclamada fue leída en su integridad de la pantalla de una computadora portátil”.

Yolli García, quien acusó ante el Senado de la República ser presa política del gobernador, logró la protección de la justicia federal en agosto de 2021, mientras que, en enero de este año, un tribunal le volvió a dar la razón tras ser combatida la demanda inicial.

La resolución federal determinó que debía ser repuesta la audiencia inicial donde se le dictó auto de vinculación a proceso, además de señalar con claridad su presunta participación en los delitos de ejercicio indebido del servicio público; abuso de autoridad y coalición.

Las condiciones de Yolli “N” no han variado desde el momento de su detención, por lo que sigue presa. A la postre, los dos comisionados restantes presentaron las renuncias a sus cargos.

 

DEL PLENO DEL IVAI A LA PRISIÓN

Arturo “N” y José Rubén “N”, los otros dos comisionados del IVAI con Yolli “N”, habían sido acusados de los mismos hechos, pero a diferencia de la expresidenta, llevaban el proceso en libertad.

Sin embargo, fueron detenidos la madrugada del sábado 28 de mayo, por los presuntos delitos de incumplimiento del deber legal y peculado, dentro del proceso penal 155/2022.

Aunque no se precisan los hechos que dieron lugar al nuevo proceso, se conoce que es una carpeta adicional a la que ya venían arrastrando, pues en ambos casos la autoridad federal determinó dejar sin efectos los autos de vinculación a proceso de los que eran sujetos, pues no había claridad sobre las acusaciones y la forma de participación que reprochaba la fiscalía.

Así, ambos excomisionados ya duermen también en Pacho Viejo; para el caso de José Rubén “N” se dictó la prisión preventiva oficiosa por el término de 6 meses y a Arturo “N” se le determinó la prisión preventiva justificada.

En el caso de este último se hizo público que, tras ganar un amparo, donde se ordenaba dejar sin efecto la vinculación se realizó la audiencia respectiva y se anuló dicha acusación por cuanto hace a la coalición de servidores públicos.

La sentencia a la que se le dio cumplimiento fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito el pasado 20 de diciembre de 2021 y en ella confirma estar de acuerdo con lo que previamente había acordado el titular del Juzgado Segundo de Distrito en el juicio de amparo indirecto 267/2021, que ya había establecido los lineamientos para el dictado de un nuevo auto.

En dicho amparo confirmado, el juzgado federal señaló que el juez de control dictó el 9 de marzo de 2021 un auto de vinculación a Arturo “N” aunque este carecía de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad necesarias, transgrediendo los derechos humanos del excomisionado.

De acuerdo con el juzgador federal, derivado de la acusación que hizo el Ministerio Público, en su resolución de vinculación, el juez de control adujo que se acreditó que, al llevar a cabo sesión extraordinaria sin estar facultado, Arturo “N” consintió un nombramiento de dos servidores públicos, lo cual es distinto a lo que expuso la Fiscalía, por lo que este “quedó en estado de indefensión, al vincularlo por hechos de los que no obtuvo oportunidad de defensa”.

La justicia federal también exhibió que, si bien la Fiscalía General basó su proceso contra los comisionados en el escrito de denuncia de Alfonso Velázquez Trejo, titular del Órgano Interno de Control del IVAI, en ningún momento señaló el contenido de dicha denuncia, esto es, qué hechos en concreto se atribuyeron al excomisionado y cómo participó en ellos.

Entrevistado al respecto, el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa sostuvo que las detenciones y sujeción a proceso de los comisionados es producto de “un sistema de justicia obsoleto, arcaico, diseñado al capricho de la gente en el poder”.

Mundo Arriasa indicó que es tarea de los abogados insistir en la imperiosa necesidad de modificar el sistema de justicia a uno que realmente vaya acorde con la modernización de este, para que haya justicia.

Al señalar que el derecho penal debe ser garantista, sostuvo que es necesario exigir que los jueces de control exijan a su vez que las fiscalías cumplan con los estándares probatorios, por lo que el siguiente paso es la forma en cómo se debe resolver el proceso, y eso lo da la valoración de las pruebas.

 

“La valoración racional de la prueba impone a las partes en el proceso penal la obligación de primero, que se reconozca como un derecho humano el derecho a la prueba, segundo, que las mismas sean valoradas a la luz de la Racionalidad”, dijo.

 

Lo anterior significa que las pruebas deben ser admitidas, desahogadas, valoradas racionalmente y motivadas.

El penalista recordó también que es una obligación de los jueces saber el estándar probatorio propio del proceso penal en todas sus etapas, pero principalmente en la inicial, estándar consagrado en diversos manuales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

“Con un buen razonamiento, si los jueces de control no los liberan, los van a liberar los jueces de distrito, con una buena defensa”, sostuvo.

 

Sobre la detención de los excomisionados, la diputada Lidia Irma Mezhua Campos, pidió que la Fiscalía actúe como corresponde contra actos de corrupción, sin embargo, señaló que es imperante que se respete el debido proceso contra cualquier implicado.

 

“No conozco el expediente de la Fiscalía, pero mi postura es que debe de aplicarse la Ley en los casos que lo ameriten y nosotros justamente los trabajos que estamos realizando es que los servidores públicos cumplan con sus encargos; el IVAI es una institución importante que vela para que los entes obligados transparenten su actuar”, agregó la legisladora.

 

 

 

FP