El corazón de Rafael se estremeció cuando supo que Enrique, su pareja, iba en camino a un hospital con un estado de salud grave por un accidente automovilístico que sufrió cuando conducía por la carretera Agua Dulce-Coatzacoalcos.

 

“Lo recuerdo como si fuera algo que vivo todos los días”, dice el joven, originario de Coatzacoalcos.

 

Enrique faltó a su cita con Rafael la tarde del 4 de junio de 2018. Acostumbraban a reunirse todos los días a la hora de la comida. El joven falleció a sus 27 años calcinado dentro de su automóvil y dejó a su pareja en medio de una depresión y deudas.

A tres años del fallecimiento de su pareja, Enrique Guillén Rivera, Rafael Hernández, es el primer viudo de una pareja LGBT+  que recibió una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Veracruz.

 

 

Rafael inició el proceso para recibir una pensión del IMSS un año después de la muerte de su pareja, quien trabajaba en una concesionaria de autos en el municipio de Coatzacoalcos. Pero antes de recibir la pensión, Rafael debía demostrar que vivieron en concubinato.

 

“En el Seguro Social determinan que, a falta de acta de matrimonio, para recibir una pensión debes tener hijos o un dictamen del Poder Judicial para demostrar que eres concubino de la persona”, comenta.

 

El procedimiento con el que comprobó que vivió en concubinato con Enrique concluyó en 2019 después de una investigación el Poder Judicial del Estado de Veracruz que acreditó que la pareja compartió un mismo domicilio.

A inicios de 2020 acudió nuevamente al IMSS para presentar el dictamen judicial, sin embargo, se encontró con la sorpresa de que la pensión por concubinato solo se entrega a parejas heterosexuales, pues los miembros de la comunidad LGBT+ deben presentar un acta de matrimonio.

“¿Cómo quieres que te entregue un acta de matrimonio si en el estado ni siquiera me permiten casarme?”, cuestionó Rafael a la jefa del departamento de Pensiones de la delegación del IMSS, ubicada de la colonia Rancho Alegre, en Coatzacoalcos.

Las parejas de la comunidad LGBT+ de Veracruz solo pueden casarse en el estado a través de la obtención de un amparo federal, debido a que el matrimonio igualitario no está permitido dentro del Código Civil de la entidad.

 

 

El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila, presentó el 5 de abril de 2020 una iniciativa para la modificación del artículo 75 del Código Civil de Veracruz con la intención de que el matrimonio civil pueda celebrarse entre dos personas, sin distinción del sexo.

Sin embargo, las parejas de la comunidad LGBT+ que viven en concubinato gozan de derechos desde el 28 de mayo de 2020, cuando diputados del Congreso de Veracruz reformaron el artículo 139 del Código Civil y redefinieron la figura jurídica.

Desde entonces, el concubinato en Veracruz “es la unión entre dos personas, sin que exista un contrato entre ellos, ambos se encuentren libres de matrimonio y que decidan compartir la vida para apoyarse mutuamente".

 

Precedente para la comunidad LGBT

La respuesta del departamento de Pensiones del IMSS motivó a Rafael a ampararse ante el Poder Judicial de la Federación (PFJ), con lo que empezó una lucha legal que se convirtió en un precedente para la comunidad LGBT+ de Veracruz.

 

“No me gustó esa injusticia, lo hice para dejar un precedente para ayudar a la comunidad. Si alguien más tiene la misma situación que yo le va a ayudar en algo, porque al final de cuentas van a tener más formas de poder hacer válidos sus derechos”, afirma.

 

 

Rafael asegura que nunca pensó en el dinero que recibiría, pues el pago de la pensión es poco y apenas se puede vivir con eso en Monterrey, la ciudad que lo arropó poco tiempo después de la muerte de Enrique, su concubino.

A la distancia, el joven recibió el apoyo del presidente del colectivo Ambient Tales de Diversidad Sexual, Luis Geovanni Pérez, quien a su vez lo contactó con el abogado Juan Antonio Martínez Díaz, quien se encarga de brindar asesoría jurídica y defensa penal gratuita en el Instituto 

 

“El abogado Juan Antonio fue el que me ayudó a hacer esto y a pesar de que yo estaba la distancia, él me mandaba los papeles para firmar, yo los imprimía y se los mandaba por paquetería”, relata.

 

En mayo de 2021, después de la lucha legal, un juez federal del Décimo Noveno Tribunal Colegiado del PJF resolvió a favor el juicio de amparo 687/2021 que Rafael inició en 2019.

 

“Soy la primera persona viuda que recibe una pensión a través de un concubinato, una persona que no se pudo casar, pero que está gozando los derechos como si lo hubiera hecho. Que sea por concubinato es lo que hace relevante esta noticia”, menciona.

 

Enrique, una lección de vida

Rafael Hernández y Enrique Guillén se conocieron a través de redes sociales en 2013 cuando tenían 17 y 21 años, respectivamente. Pasaron tres semanas para que tuvieran una primera cita desde que comenzaron a escribirse.

 

 

“Cuando lo vi por primera vez nos sentimos muy bien, hubo tantas cosas que pasaron y pues de ahí pal’ real y estuvimos juntos”, narra.

 

Rafael recuerda que cuando conoció a Enrique aún estaba descubriendo su orientación sexual, la cual no fue aceptada por sus familiares cuando se las dijo, por lo que a las cuatro semanas de conocerlo se fue a vivir con él.

 

“Nuestra química y nuestra empatía de estar juntos fue tan buena, tan plena, que en cuatro semanas yo ya estaba viviendo con él y más porque me estaba apoyando en este trance de que mi familia no me aceptara, él estaba al pie del cañón”, expresa.

 

El joven se mantuvo alejado de sus familiares durante año y medio hasta que se reconciliaron y aceptaron tanto su orientación sexual como su relación con Enrique, quien, asegura, lo apoyó y recibió de inmediato en su casa.

“Él, sin conocerme tanto, lo está dando todo por mí y está siendo muy condescendiente por la situación por la que estoy pasando”, manifiesta.

 

El destino le jugó en contra

El accidente automovilístico en el que Enrique Guillén murió en la carretera Agua Dulce-Coatzacoalcos también mató el sueño de casarse que la pareja esperaba concretar a finales de 2018. Para Rafael fue una fractura emocional.

 

“El destino me jugó en contra y no me pudo casar”, externa el joven.

 

Recuerda que el 4 de junio de 2018 se despidió de Enrique con la promesa de verlo en la tarde para que comieran juntos. Él se fue a la zona rural de Tatahuicapan, mientras que su pareja iría a recoger un automóvil que entregaría a un cliente.

La llamada de una compañera de la facultad donde estudió Administración de Empresas lo alertó. Aparentemente, Enrique iba rumbo al hospital, pero supo por la transmisión en vivo de un medio de comunicación que su concubino había muerto en medio de la carretera.

 

 

El automóvil de Enrique fue impactado por un tráiler, cuyo conductor se dio a la fuga. Rafael decidió no denunciarlo, pues considera que el operador tiene un castigo suficiente con el remordimiento que piensa que tiene por la muerte de su pareja y otra persona que lo acompañaba.

 

“No pensaba que en la noche iba a recibir una caja de madera con él ahí incinerado”, señala.

 

Para Rafael, la muerte de su pareja dejó un mundo de deudas, depresión y hasta varios intentos de suicidio. Asegura que no podía estar ni siquiera en la misma habitación que compartían, por lo que decidió irse a trabajar a Monterrey.

El joven asegura que a tres años del fallecimiento de Enrique aún se siente incompleto, pero eso no le quita el sueño de casarse, aunque eso signifique que pierda la pensión que ganó ante el IMSS con la intención de apoyar a que la comunidad LGBT conquiste sus derechos.

 

“Ya me cayó el veinte de que no va a volver, de que no voy a volver a su lado, ya me cayó el veinte”, concluye.

 

 

 

 

 

FP