La Fiscalía General del Estado ha procedido contra presuntos responsables de feminicidios, pero deteniéndolos y sometiéndolos a proceso inicialmente por el delito de ultrajes a la autoridad, pese a que jueces de control estimaron que no había pruebas para implicarlos.

Tal es el caso del crimen de Lizbeth Liliana Velasco Lozano, cuyo cadáver fue encontrado sin vida en un bote de basura junto al cerro de Macuiltépetl, en Xalapa.

El cuerpo fue hallado el pasado 11 de septiembre de 2021 y a partir de entonces la Fiscalía ha concretado la detención de varios sujetos, sin embargo, en el caso del taxista Ángel Arturo “N” de 34 años, varias personas públicamente abogan por su inocencia.

 

 

En entrevista Lorena García, exesposa del detenido, señala que testigos protegidos señalaron ante el juez de control que no tenían pruebas de que el ruletero hubiese participado en el crimen. 

No obstante, pese a que la autoridad desestimó el proceso contra el taxista, posteriormente el Tribunal en materia Penal ordenó al juez reponer el procedimiento y vincularlo a proceso por el feminicidio de Lizbeth Liliana Velasco.

De acuerdo con el abogado, Tomás Mundo Arriasa, este caso demuestra que la Fiscalía General del Estado estaría buscando dar carpetazo a feminicidios usando “chivos expiatorios” que inicialmente fueron detenidos por el delito de ultrajes, tal es el caso de Ángel Arturo “N”.

 

DETENIDO POR ULTRAJES

Al respecto, su exesposa y madre de los hijos de Ángel Arturo, narró que, al momento de la detención, el hombre fue apresado afuera de su casa en El Castillo y hay testigos de ello.

Sin embargo, en el Informe Policial Homologado, los elementos ministeriales asentaron que lo atraparon al momento que conducía un vehículo con reporte de robo, quienes lo acusaron de ultrajes a la autoridad, pues afirmaron que les sacó una navaja e intentó agredirlos.

 

“Las cosas no fueron así como ellos dicen. A él lo detienen afuera, lo llevan, lo golpean. Él puso una contrademanda que salió a su favor porque le lastimaron una costilla”, narró la mujer.

 

Lorena recuerda que la detención de su expareja ocurrió en la tarde del 14 de septiembre de 2021 por la tarde y desde entonces está recluido en el penal de Pacho Viejo víctima de acusaciones supuestamente falsas que derivaron de detenciones arbitrarias.

Agregó que adicionalmente la autoridad manifestó que presuntamente también estaba en posesión de sustancias psicotrópicas, es decir, delitos contra la salud.

Relata que ambos tenían 10 años separados, pero ahora ayudar al padre de sus hijos se ha convertido en una labor importante para ella, por lo que pudo contactar a los abogados del Movimiento por la Justicia, para luchar lograr la exoneración de su expareja.

 

“Aparte de que lo acusaron de ultrajes a la autoridad, adentro ya les pusieron otras cosas. No tienen pruebas, no hay ninguna acusación en contra de él, pero la Fiscalía dice todo lo contrario”, reclama su exesposa.

 

VARÍAN ACUSACIONES

Lorena expuso que, a lo largo de estos meses, las acusaciones contra Arturo han variado, pues la Fiscalía no termina de sustentar los cargos. De esta manera, eliminaron la acusación de posesión de estupefacientes por no lograr acreditarlo.

Posteriormente, se cayó la acusación de feminicidio, aunque se ordenó al juez de control reponer el procedimiento. A la fecha, ha vuelto a ser vinculado por feminicidio y ultrajes, pues el cargo de detentación de vehículo robado, también se desvaneció.

Lorena afirma que el padre de sus hijos es inocente y fue víctima de las circunstancias que rodearon a su vida llena de carencias.

Indicó que su expareja le confesó que no tuvo dónde quedarse por un par de noches y entonces las pasó con algunos amigos. Posteriormente, estos fueron apresados por el delito principal y llevados a Pacho Viejo. Dentro de la indagatoria, la Fiscalía dio con su nombre por haber compartido vivienda y fue ligado como presunto responsable del feminicidio de Lizbeth.

Incluso, entre las cosas que ha investigado por su parte, se encontró con que hay un supuesto testigo protegido de la Fiscalía que aparentemente lo señaló. Lorena habló con él, señala, aseverando que esta persona le dijo que sí conoce al padre de sus hijos pero que nunca lo señaló frente a la autoridad de procuración de justicia.

“El muchacho me dijo que no, que en ningún momento ha cambiado su declaración, en ningún momento lo mandaron a citar otra vez para declarar (al testigo protegido)”, cuenta y subraya que la acusación versa sobre las otras personas detenidas, no sobre el taxista.

“No tienen pruebas de su participación. Cuando tuvo la primera audiencia por feminicidio lo absolvieron porque no tenían pruebas suficientes, pero se quedó porque tenía ultrajes a la autoridad y por eso no pudo salir.

“Como a los dos meses que los absolvieron me habló y me dijo que otra vez le estaban poniendo feminicidio. Le cambiaron el juez y a la licenciada que los había defendido por parte de la defensoría pública.

 

MALA DEFENSA

Lorena recrimina que los defensores de oficio hagan un trabajo que en nada abona a la justicia y que, para la defensa privada, los costos sean sumamente elevados para personas en su condición, por lo que su esperanza ahora es el Movimiento por la Justicia encabezado por políticos y abogados de oposición, pues a pesar de los años separados, siente una profunda tristeza por ver al padre de sus hijos lidiando sin ninguna posibilidad.

“Lo fui a ver y le dije que independientemente de que hayamos tenido problemas ‘yo te vengo a ofrecer mi ayuda’, pues su mamá falleció y está solo y sus hermanos no lo apoyan.

 

“Lo voy a visitar incondicionalmente pues después de 10 años rehíce mi vida. Voy a verlo, le llevo cosas que le hacen falta y si no puedo ir le mando un poquito de dinero y lo ayudo en lo que yo puedo”.

 

De este caso, el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa alerta un “modus operandi” de la Fiscalía General y el Tribunal Superior del Estado, que están “fabricando culpables”.

Recrimina que los hechos materia de la detención fueron recreados por la FGE, pues al hombre lo acusaron de manera inverosímil y un juez de control “compró” la versión que ya incluía feminicidio, junto a otras personas que, en algunos casos, no tienen nada que ver una con la otra.

 

“Es muy fácil informar que se está abatiendo la delincuencia y se están deteniendo delincuentes tomando inocentes y justificándose con estos inocentes. Es terrible lo que está pasando en Veracruz”, estimó.

 

El abogado compartió el sentir de Lorena en el sentido de la deficiente defensa que representa la que se ofrece de oficio, pues esta depende de la Secretaría de Gobierno y en su actuar, violenta el derecho a una defensa adecuada y técnica respecto de los acusados por ultrajes a la autoridad.

Como defensor de Arturo, dijo que si bien solicitarán el sobreseimiento para el tipo penal ya derogado y declarado inconstitucional ya conoce la posición que adoptarán los jueces, pero advirtió que se les hará saber que estarían incurriendo en un delito al desobedecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Así, advirtió que este caso es una clara fabricación de “chivos expiatorios” y las evidencias han sido recreadas por la Fiscalía, que trabaja en contubernio con los magistrados impuestos por la nueva administración estatal.

Mundo Arriasa sostuvo que las pruebas contra el ruletero resultaron tan insuficientes para demostrar indiciariamente su participación que el primer juez de control que tuvo conocimiento de su caso determinó la no vinculación a proceso.

Sin embargo, “los nuevos magistrados que nombraron están revocando todos esos autos sin el más mínimo pudor jurídico. Al revocar obligan al juez a dictar una vinculación”, alerta.

 

FEMINICIDIO ATROZ

El de Lizbeth fue un crimen que, pese a sus características, pasó desapercibido. Apenas unos pocos medios dieron a conocer inicialmente su desaparición y menos de ellos precisaron el fin de la joven.

De hecho, la noticia de su identidad no se supo hasta una semana después de haberse dado su hallazgo en la calle David Ramírez Lavoignet, en la colonia Federal en Xalapa.

Incluso, cuando ya se conocía públicamente que el cuerpo era de la joven, apenas unas horas antes la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) la seguía reportando como desaparecida y su ficha seguía vigente.

 

 

El cadáver de la víctima de 24 años estaba en un bote de basura en dicha vía situada a un costado del cerro de Macuiltépetl. De acuerdo con la ficha de la CEB, Lizbeth desapareció desde el 5 de septiembre de 2021 y su cuerpo fue encontrado 6 días después.

Actualmente, la Fiscalía General del Estado ha negado reiteradamente el acceso a la carpeta 288/2021 tanto a abogados como a familiares. En esta es donde se ventila la acusación del feminicidio de Lizbeth y donde de acuerdo con los defensores, estarían todas las pruebas de la inocencia de Ángel Arturo.

El abogado del acusado no se separa de la imperiosa necesidad de que haya justicia para la joven fallecida, pero no de esta manera.

 

“Están siguiendo esta línea de meter a inocentes a la cárcel para justificar a la sociedad que están abatiendo el crimen, pero a costa de esos inocentes”, enfatizó.

 

 

 

 

 

FP