La mayoría del pleno del Congreso del Estado rechazó la derogación del delito de ultrajes a la autoridad y únicamente reformó el Código Penal del Estado para eliminar 2 fracciones, dejando intocadas otras 2 que permiten su agravamiento con una pena privativa de libertad de 5 hasta 7 años.

Cabe recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó la recomendación 146 /2021, pidiendo al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, accionar del proceso legislativo en Veracruz y proponer, a la brevedad, la derogación del numeral 331 del Código Penal.

Dicha medida, según el órgano presidido por Rosario Piedra Ibarra, es necesaria a fin de prevenir nuevas violaciones a derechos humanos luego de comprobar la detención arbitraria e imputación indebida de 6 jóvenes acusados de agredir a policías.

Aunque el gobernador cumplió con remitir una iniciativa requiriendo derogar el delito al Congreso, al analizar esa y otras propuestas de las distintas facciones, la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales determinó la necesidad de conservar el delito de ultrajes a la autoridad en la Ley penal veracruzana.

Esto con el argumento de que, si bien en un Estado de Derecho es fundamental respetar la dignidad, derechos y libertades de las personas que conforman la población residente y en tránsito en el Estado, es igualmente importante reglar las formas mediante las cuales las personas pueden interactuar con las autoridades cuando estas ejercen sus funciones respecto de aquellas.

Morena, en voz del diputado Luis Antonio Luna Rosales defendió que el ejercicio de la seguridad pública coloca a los elementos policiacos en un estado permanente de peligro, por lo que el delito de ultrajes a la autoridad debe subsistir.

“No olvidemos que también son personas y en consecuencia deben gozar de la protección del estado tanto en su integridad como en su desarrollo profesional”, dijo.

El morenista afirmó que hacer las cosas de esta manera no representa un desacatado al mandato de la CNDH, señalando que para este dictamen se contó no solo con la opinión de los diputados, sino de sectores como abogados y sociedad civil.

Por su parte, el priista Marlon Ramírez Marín criticó que la “férrea voluntad” de mantener este tipo penal va contra la tolerancia y el respeto a la manifestación de ideas.

Sostuvo que la postura del gobernador, en torno a mantener el delito porque de lo contrario los delincuentes procesados saldrían libres, revela su falta de formación e información jurídica, pues estos deben estar procesados no solo por esa acusación, sino otras con mayor punibilidad.

Asimismo, señaló también su preocupación sobre el papel del Poder Judicial, donde dijo, hay injerencia del Ejecutivo, donde se le indica a los juzgadores “qué hacer y qué no hacer” en torno a los procesos penales.

“No podemos sino pensar que este gobierno que llegó con la legitimidad de los votos está traicionando la confianza del pueblo que votó por ellos. Existe a la luz pública una clara intención de no cumplir la ley por parte de los tres poderes”, acusó.

Igualmente, el diputado panista Jaime de la Garza sentenció que se está dando “atole con el dedo” a toda la población de Veracruz pues el dictamen sigue pasando por encima de las leyes.

Reclamó que el único papel de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales fue modificar fracciones de por sí ya inoperantes del artículo 331.

“Al derogar estas dos fracciones no pasa nada. Seguimos con lo mismo, no se van a terminar los abusos de autoridad y la persecución que se ejecuta hacia todos los veracruzanos, a cualquier sujeto que piense de manera diferente a los que hoy gobiernan”, sostuvo.

Agregó que es una burla haber dictaminado en este sentido, pues las cárceles seguirán llenándose con personas inocentes.

En el dictamen puesto a consideración, se desestimó incluso lo ya establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que derogó dicho tipo penal al resolver el Amparo en Revisión 4436/2015, relativo al artículo 287 del Código Penal para el Distrito Federal.

Se indicó que nada tiene que ver con la legislación veracruzana al indicar que no debe pasar inadvertido el hecho de que los tipos penales previstos por los códigos punitivos de Veracruz y de la Ciudad de México, sólo eran coincidentes en la denominación del tipo, pero no en la descripción del mismo, puesto que en el de la capital del país el verbo rector era “ultrajar”, mientras que en la entidad veracruzana los verbos rectores son “amenazar” o “agredir”.

“Por esos mismos motivos, en criterio de quienes conformamos este órgano dictaminador, es inviable derogar el artículo 371 Quinquies, en el que precisamente el bien jurídico tutelado es la seguridad pública y, particularmente, las instituciones responsables de ella, por lo que suprimir el tipo penal representaría una desprotección a quienes, en cumplimiento de su deber, velan por la seguridad de las y los habitantes y residentes transitorios de la entidad, pues la conducta delictiva descrita implica graves riesgos para la integridad de los elementos de las instituciones de seguridad pública en la entidad”, agrega el dictamen.

Cabe recordar que recientemente, abogados veracruzanos de la organización “Movimiento por la Justicia” adelantaron que acudirán hasta la SCJN para hacer derogar el delito, además de ir también ante el Senado de la República para que llame a cuentas al gobernador acerca del cumplimiento de la Recomendación. 

FP