July Raquel “N”, acusada de participar en el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid en Emiliano Zapata, crimen perpetrado el 29 de junio de 2020, fue víctima de tortura por parte de ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Esto lo determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, señalando que la detenida en la Ciudad de México el 06 de noviembre de 2020 fue golpeada, sufrió amenazas y padeció agresiones sexuales en su traslado a Veracruz.

Ese día, junto con July, fue detenido en la capital del país Fernando “N” y ambos fueron trasladados a los juzgados de Pacho Viejo, en Coatepec, en donde se legalizó su detención.  Posteriormente la Fiscalía consiguió su vinculación a proceso.

En breve entrevista, Martín Flores, padre de July, afirmó que espera que la resolución de la CNDH sea el comienzo para demostrar la inocencia de su hija, recluida en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, así como la de su hijo, Alberto “N”, quien también se encuentra recluido tras ser detenido el 11 de noviembre de 2021 y de ser ligado al caso.

“Mis hijos son inocentes; mis hijos no tuvieron nada que ver en ese asunto”, declaró al referirse a la recomendación de la CNDH.

De esta manera, en menos de 3 meses la CNDH emitió su segunda resolución al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez y a la fiscal Verónica Hernández Giadáns, determinando graves violaciones a los derechos humanos. 

La primera, con expediente 146 /2021, fue lanzada el 21 de diciembre de 2021, después de comprobar la detención arbitraria e imputación indebida de 6 jóvenes en Xalapa quienes fueron acusados por el delito de ultrajes a la autoridad y tuvieron que ser liberados, aunque continúan bajo proceso.

APLICARON EL PROTOCOLO DE ESTAMBUL 

Cabe recordar que July “N” fue sometida al protocolo de Estambul, luego de que sus familiares evidenciaron una serie de irregularidades en el caso desde finales de 2020.

Martín Flores y su esposa, Etelvina Garfias, interpusieron una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), cuyo proceso fue acompañado por el Centro Pro-DH.

Por la gravedad del caso, la Comisión Nacional ejerció su facultad de atracción y emitió este jueves la recomendación 51VG/2022, donde acreditó violaciones graves a derechos humanos cometidas contra la mujer, quien fue torturada y abusada sexualmente.

#CNDH dirige #Recomendación al gobernador de #Veracruz (@CuitlahuacGJ) y a la fiscal estatal (@FGE_Veracruz) por violaciones graves a #DDHH de una #Mujer, quien fue detenida y torturada por policías ministeriales.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/9zAzkPG0Fg

— CNDH en México (@CNDH) February 10, 2022

Se encontró que el día que fue detenida, la mujer había acudido a comprar pan en compañía de sus hijos, cuando fue interceptada por dos vehículos de color blanco de los que descendieron aproximadamente 11 personas, quienes la esposaron y la subieron a uno de los automóviles para llevarla a un inmueble en la alcaldía Azcapotzalco. 

Posteriormente, mientras era trasladada a Xalapa, July fue golpeada por policías ministeriales y uno de ellos la agredió sexualmente. 

Al llegar a las oficinas de la Fiscalía General fue revisada por un médico “quien omitió asentar las lesiones que presentaba; continuó siendo golpeada, le pusieron una bolsa negra en la cabeza y el director de dicha oficina la amenazó con hacerle daño a su familia que radica en la capital del país, hasta que finalmente ingresó al Centro de Reinserción Social en Pacho Viejo”, relata la CNDH en un comunicado.

Durante las audiencias celebradas por su caso, los familiares y abogados reiteraron que la Fiscalía presentó pruebas ilegales que debía ser desestimadas, como videos donde la persona que aparece no coincide con la detenida, además que las personas que hicieron el reconocimiento facial de la mujer fueron inducidas por los fiscales.

Por el contrario, la fiscal general Verónica Hernández Giadáns afirmó que el proceso de investigación se estaba llevado en todo momento con debido apego a la legalidad y con respeto a los derechos humanos de las víctimas y detenidos, indicando que había elementos para proceder contra la mujer y Fernando “N”, otro detenido que también ha acusado malos tratos de los servidores públicos.

Sin embargo, la investigación de la CNDH acreditó que la víctima fue objeto de diversos actos de tortura, que vulneraron su derecho a la integridad personal, a través de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, que laceraron su dignidad, honra e intimidad, con lo cual, indebidamente, las autoridades involucradas lograron que aceptara que ella participó en la muerte de la exrectora.

De acuerdo con la Comisión, July “N” aún presenta en su comportamiento manifestaciones como insomnio, ansiedad, hipervigilancia, respuesta exagerada de sobresalto, rechazo a la interacción con hombres y alteración de su respuesta sexual. 

“Se determinó que aun cuando los agentes estatales tenían la obligación de garantizar la integridad de la persona detenida hasta que fuera puesta a disposición de la autoridad competente, generando condiciones de seguridad y libres de cualquier acto o contexto de violencia, debido a su género; por el contrario, hicieron uso de técnicas ilegales para obtener su confesión, utilizando su cuerpo y su sexualidad como un elemento más para infligir en ella actos que la afectaron gravemente”.

Igualmente, se acreditó que, aunque el médico adscrito a la Dirección General de la Policía Ministerial así como las autoridades del penal de Pacho Viejo tuvieron conocimiento de los posibles actos de tortura y violencia sexual cometidos, a pesar de ello omitieron denunciarlos a la autoridad competente, lo que ha impactado en el acceso a la justicia, vulnerando sus derechos fundamentales.

Derivado de lo anterior, la CNDH ordenó a García Jiménez inscribir a July N en el Registro Estatal de Víctimas, así como evaluar si existen otras víctimas indirectas del caso, a fin de que puedan acceder a una reparación integral del daño.

Por su parte, el gobernador de Veracruz deberá colaborar en la presentación de las quejas y denuncias que la Comisión Nacional formule ante las instancias correspondientes para que se investigue la responsabilidad de los servidores públicos que hayan participado en los hechos. 

Igualmente, deberá gestionar, en coordinación con la CEDH y el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), la impartición de cursos de capacitación y sensibilización al personal médico, de enfermería y en psicología adscritos al Centro Penitenciario Estatal de Pacho Viejo, en materia de derechos humanos, prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes e instruir a los titulares de los centros penitenciarios de Veracruz, donde se encuentren mujeres privadas de la libertad, para que sea personal femenino el que las valore.

Para el caso de Verónica Hernández, deberá reparar integralmente el daño causado a la mujer, incluyendo para ello una compensación justa y suficiente; además deberá colaborar en las denuncias y quejas que se presenten para deslindar responsabilidades.

También deberá actualizar el Protocolo de diligencias básicas a seguir por el ministerio público en la investigación de los delitos contra la libertad, la seguridad sexual, contra la familia, de violencia de género y feminicidio; así como de otros protocolos para la investigación de delitos contra la integridad personal.

HERMANO DE JULY TAMBIÉN ACUSÓ TORTURA

En diciembre de 2021, Alberto “N”, hermano de July detenido el 11 de noviembre de ese año, autorizó a su defensa a hacer públicas las imágenes del dictamen victimológico al que fue sometido después de su aprehensión.

Además, medios nacionales divulgaron un video de su detención, en el que se observa que ministeriales de la Ciudad de México presuntamente utilizaron a personas con el uniforme de Servidores de la Nación para sacar a Alberto de su hogar con engaños, generándose una trifulca con sus familiares.

Alberto también está sujeto a proceso por el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez Aguilar, sin embargo, facultó a su defensa a revelar el dictamen en donde se observan imágenes que confirmarían que fue golpeado y electrocutado en los genitales.

El abogado, Rodolfo René Paratte, relató que su cliente fue engañado al ofrecerle una ayuda social, lo que en su opinión constituye un delito pues inmediatamente fue abordado por ministeriales para someterlo con golpes y subirlo a una camioneta. 

El abogado expuso que la valoración médica que ordenó el juez de control dejó constancia de que Alberto tenía 24 marcas de descargas eléctricas en sus genitales, así como múltiples contusiones, laceraciones y costillas rotas, lo que consta en el dictamen.