Alberto se encuentra vinculado a proceso como presunto copartícipe del asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe Martínez Aguilar. Por el mismo crimen su hermana, July Raquel, también se encuentra recluida en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, en Coatepec.

Ella fue aprehendida el 7 de noviembre de 2020 junto con otro sujeto de nombre Fernando “N”; él fue detenido un año después, el pasado 11 de noviembre de 2021; ambos acusan a ministeriales de la Ciudad de México y de la Fiscalía de Veracruz de golpearlos y torturarlos al momento de privarlos de la libertad y durante el trayecto para ser puestos a disposición del juez de control.

Sin embargo, el reciente anuncio del Senado de la República sobre la creación de una comisión especial para determinar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz animó a Alberto a hacer público un examen victimológico ordenado por el juez de control que lo puso bajo proceso.

De acuerdo con su abogado, Rodolfo René Paratte, dicho documento deja constancia de que elementos de la Fiscalía de Veracruz propinaron a su cliente choques eléctricos en los genitales, además de los hematomas causados por los golpes que sufrió en el traslado de la Ciudad de México a los juzgados del Distrito Judicial en Xalapa.

En la audiencia inicial del pasado 11 de junio, explicó el defensor, el propio juez de control aceptó que Alberto se desnudara porque era evidente que se encontraba golpeado. Después ordenó un examen victimológico, mismo que realizó una perita certificada del Poder Judicial de Veracruz, quien recomendó aplicarle el Protocolo de Estambul, procedimiento con el que se determina si una persona estuvo sujeta a tortura y tratos crueles.

“Todo esto lo permite el Código Nacional y la cadena de custodia, ahora mi cliente me pidió y me autorizó a hacer público el dictamen y las imágenes; queremos demostrar la forma en que opera la Fiscalía de Veracruz”, dijo el abogado.

Martín Flores, padre de los detenidos, refirió que en la audiencia de control de Alberto la misma Fiscalía de Veracruz argumentó que los hematomas y marcas que tenía el cuerpo podrían tratarse de acné. 

Refirió que después de que Alberto aceptó desnudarse, los fiscales a cargo del caso argumentaron que las marcas en los genitales podrían tratarse de una enfermedad venérea. Martín dijo que por ello esperan que la comisión anunciada por el Senado no sea un acto mediático

“Pedimos la ayuda del senador Ricardo Monreal; del señor Dante. Mi hijo está presentando las pruebas de lo que pasó”, declaró Martín, quien insiste en la inocencia de sus hijos y asegura que son “chivos expiatorios” de la Fiscalía para dar carpetazo al homicidio.

CASO APEGADO A DERECHO: FISCALÍA 

Ante los cuestionamientos de familiares, y el seguimiento que han hecho del caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la organización Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, la titular de la Fiscalía de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, aseguró que el proceso abierto contra los presuntos responsables “está apegado a Derecho”.

El pasado 24 de febrero, en un acto cívico como parte del 200 Aniversario del Día de la Bandera, la fiscal general dijo que presentaron los elementos suficientes para obtener la vinculación a proceso de Fernando “N” y July Raquel “N”, subrayando que la investigación se ha llevado en todo momento con debido apego a la legalidad y con respeto a los derechos humanos de las víctimas y detenidos.

Sin embargo, confirmó que se inició un procedimiento administrativo en contra de cuatro elementos que llevaron a cabo el cumplimiento de la orden de aprehensión, ello con la finalidad de investigar cualquier falta al debido proceso en su actuar.

Cabe recordar que María Guadalupe Martínez fue asesinada con dos disparos en la cabeza el 29 de junio del 2020, en el municipio de Emiliano Zapata, justo en los límites con Xalapa, capital de Veracruz.

Desde la detención de July, sus familiares han acusado irregularidades por parte de la Fiscalía y los jueces del Poder Judicial de Veracruz. Concretamente, acusaron al juez, Marco Antonio Rodríguez Lobato, de impedir el Protocolo de Estambul a la detenida.

En agosto de este año la abogada del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Alejandra Herrera, dijo que este caso generaba “mucha preocupación”, ante las evidencias de que July habría sido sometida a tortura sexual luego de su detención, de ahí la necesidad de aplicar el protocolo. 

“Hemos acompañado muchos casos de mujeres que han sido víctimas de tortura sexual como July y nos preocupa porque vemos cómo se repite el patrón de este tipo de tortura que suele suceder en su gran mayoría en contra de mujeres y vemos que dentro en un marco de un país donde la tortura es generalizada sigue sucediendo”, declaró entonces la abogada. 

De acuerdo con lo dicho por July, durante siete horas la violaron sexualmente, le dieron toques eléctricos en los genitales y además aplicaron métodos de ahogamiento, entre otros, tras ser detenida en la Ciudad de México, ello presuntamente con el objetivo de que confesara su participación en el asesinato de la rectora.

Posteriormente los abogados hicieron públicos los videos con los que la Fiscalía de Veracruz la relaciona con el homicidio, afirmando que aparece una mujer que no coincide con las características físicas de la implicada ni con los tatuajes que tiene en sus brazos, puesto que la mujer de la grabación ni siquiera tiene tatuajes.

A la fecha, el juicio de July se encuentra en la etapa intermedia, sin embargo, su defensa autorizó difundir la grabación presentada por la Fiscalía como prueba dentro del proceso penal, considerando que resulta evidente que se trata de otra mujer y no de July.

ALBERTO AUTORIZA EXHIBIR DICTAMEN 

Ante la controversia mediática que ha significado este caso, desde el 02 de julio de 2020 la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó a las autoridades estatales a "asumir con responsabilidad la investigación, garantizando el acceso a la justicia y la reparación del daño a las personas familiares de la Rectora, así como a generar mecanismos y estrategias de política pública, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, que hagan efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia".

Sin embargo, el abogado Rodolfo René Paratte insiste en que su cliente  también fue objeto de tortura y además señaló que él mismo ha sido hostigado por ministeriales y policías de Veracruz durante el desarrollo de las audiencias.

El defensor incluso exhibió un documento con el que Alberto autorizó hacer públicas las imágenes del dictamen victimológico al que fue sometido después de su detención el pasado 11 de noviembre, en donde existe constancia de 35 lesiones, rasguños, hematomas y marcas en diversas partes del cuerpo incluyendo los genitales.

Rodolfo René Paratte afirmó que la tortura también tuvo como objetivo que su cliente confesara su participación en el homicidio, ya que la Fiscalía no cuenta con pruebas para relacionar a sus clientes.

“(El 11 de noviembre) Al momento de ver a mi cliente pude ver que tenía marcas de tortura y se lo hice saber al juez Adrián Reyes, los actos de tortura en la primera audiencia de control y él me permite, conforme a lo que establece el Código Nacional y la cadena de custodia que está actualizada, desnudar a mi cliente”, refirió el abogado.

Por su parte, Martín Flores declaró que, aunque está certificado que Alberto tenía ansiedad y lesiones, todavía no se le aplica el Protocolo de Estambul y criticó que desde la audiencia de control de la detención la Fiscalía señaló que su hijo tenía marcas posiblemente causadas por acné, golpes que él mismo se habría propinado y marcas en genitales que pudieran ser “una enfermedad venérea”.

El defensor insistió en que en la valoración médica que ordenó el juez es contundente, por ello pidió a los senadores Ricardo Monreal y Dante Delgado Rannauro “voltearlos a ver”, de ser cierto que procederán ante presuntos abusos de poder y violaciones a Derechos Humanos en Veracruz.