Veracruz, Ver.- A punto de terminar el periodo de gobierno en los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz, destacan casos de presidentes municipales que concluyen su gestión en medio de señalamientos por corrupción, adeudos y quejas porque dejaron de suministrar servicios básicos a la población.

Se trata de alcaldesas y alcaldes de diversos partidos políticos, tanto de oposición como miembros del partido oficial que actualmente se encuentra al frente del gobierno del estado y la administración federal.

Del mismo modo, encabezan ayuntamientos que serán heredados en algunos casos a compañeros de partido, en otros a opositores que se impusieron en las urnas durante las elecciones del 6 de junio.

Hipólito Deschamps Espino Barros, Medellín de Bravo

El presidente municipal de Medellín de Bravo, Hipólito Deschamps Espino Barros, fue blanco del reclamo de empleados del ayuntamiento, que reclamaron al panista por los adeudos que mantienen pendiente por concepto de prestaciones, así como por los atrasos en los sueldos a inicios de diciembre.

Hipólito Deschamps Espino Barros

Los trabajadores encabezaron en la primera semana de este mes, una protesta en la que señalaron que el alcalde no había realizado el pago de las cuotas obrero-patronales al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), en algunos casos hasta en los últimos dos años.

Debido a las quejas los trabajadores de diversas áreas del ayuntamiento dejaron de trabajar durante una jornada, suspendiendo servicios como el de limpia pública, reparación de alumbrado y trámites administrativos.

En Medellín de Bravo, el presidente municipal electo es Marcos Isleño Andrade, quien llegó al cargo abanderado por el Partido Verde Ecologista de México y este miércoles 15 de diciembre anunció su incorporación a Morena.

Previo al inicio del proceso entrega-recepción, dijo que no esperaba una solución de parte de la actual administración a los adeudos con los empleados, por lo que esperaba heredar este problema, así como pasivos y adeudos con otros proveedores.

Humberto Alonso Morelli, Boca del Río

En el ayuntamiento de Boca del Río, el presidente municipal panista, Humberto Alonso Morelli, concluye su gestión en medio de señalamientos de empleados que fueron despedidos en la recta final de la administración, en algunos casos se acusa que fue de manera injustificada.

Humberto Alonso Morelli

Destaca el caso de exmusicos de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, quienes afirmaron que en plena pandemia, iniciaron los recortes de personal sin ninguna justificación y sin cubrir la liquidación que corresponde por Ley.

En este caso, al menos seis trabajadores de la orquesta promovieron denuncias ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado, con la que buscan ser reinstalados en sus puestos y que el ayuntamiento pague una indemnización.

De darse un fallo en favor de los trabajadores, el laudo laboral tendrá que ser cubierto por el presidente municipal entrante, Juan Manuel Unanue Abascal, también de militancia en el Partido Acción Nacional (PAN).

Bogar Ruiz Rosas, Alvarado

En el municipio de Alvarado, vecinos de colonias y fraccionamientos ubicados fuera de la cabecera municipal se quejaron por el atraso de casi una semana en el servicio de recolección basura por parte de personal del ayuntamiento.

Bogar Ruiz Rosas

El problema se registró en la segunda semana de diciembre y de acuerdo con personal que trabaja en el palacio municipal, la situación fue generada por los adeudos que mantiene el gobierno del alcalde Bogar Ruiz Rosas, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con la empresa arrendadora de los camiones compactadores.

El restablecimiento del servicio de limpia pública en los últimos dos días ha sido gradual, sin embargo, las mayores quejas provienen de fraccionamientos ubicados en la zona conocida como La Riviera Veracruzana, en donde se tiene la valuación más alta en los precios de las propiedades dentro de la zona metropolitana de Veracruz.

De no resolverse el problema, las quejas recibirán a la alcaldesa electa, Lizzette Alvarez, identificada dentro del mismo grupo político del presidente municipal saliente, y quien estuvo en el ojo del huracán a inicios de este mes, luego de que el gobernador Cuitláhuac García afirmó que se le investigaba por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

Víctor Manuel Carranza Rosaldo, Coatzacoalcos

El municipio de Coatzacoalcos es el tercer de mayor importancia, por su presupuesto público y número de habitantes en el estado de Veracruz; además de ser uno de los capitales políticos más importante para el partido Morena.

A pesar de que la 4T repetirá al frente del ayuntamiento, el presidente municipal, Víctor Carranza Rosaldo deja pendientes adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que desataron una confrontación entre su administración y la empresa productiva del estado.

Según información difundida por la paraestatal, el adeudo del ayuntamiento de Coatza por el servicio de energía eléctrica es de más de 200 millones de pesos, dicho montó llevó a un intento en el corte del suministro el 7 de diciembre que terminó en la detención de los empleados de la CFE por la policía municipal.

Al adeudo con la empresa federal se suma un pendiente de 17 millones de pesos con la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS).

En Coatzacoalcos, el próximo alcalde será Amado Cruz Malpica, uno de los hombres cercanos a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y quien afrontará los compromisos que su compañero de partido deja pendientes.

Apolinar Crivelli, Yanga

En el municipio de Yanga el presidente municipal panista, Apolinar Crivelli, heredará a su sucesor, Nicolás Gordillo Torres, uno de los pasivos ambientales más graves en la región centro del estado de Veracruz.

Apolinar Crivelli

Durante los últimos cuatro años, el edil utilizó un predio municipal como basurero debido a que no contaba con los recursos para costear el traslado de la basura al tiradero de Nogales, el cual es utilizado como relleno sanitario regional.

La situación generó un daño ambiental que es investigado por la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente y en caso de generar alguna responsabilidad será cubierta por la siguiente administración municipal que encabezará el PRI.

El argumento del alcalde en funciones es que no contó con el presupuesto para solventar dicho gasto, debido a que tuvo que cubrir diversos adeudos generados por el gobierno municipal anterior, de los cuales se dieron vista al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

La situación generó inconformidad de la población debido a que el predio contaminado es una unidad deportiva, que podría quedar inutilizada en caso de que no se cuente con los recursos para su saneamiento.