En el estado de Veracruz autoridades estatales y federales reportaron 399 fosas clandestinas entre el 2006 y el 2020, de acuerdo con información de la Plataforma Ciudadana de Fosas, un esfuerzo de organismos de la sociedad civil que concentra información de la fiscalía local y federal.

De acuerdo con el mapeo realizado los hallazgos se distribuyen a lo largo de Veracruz, que ocupa el litoral del Golfo de México, desde la región sureste hasta el norte del país.

En el listado destacan casos emblemáticos en donde se comprobó la participación de fuerzas policíacas en la desaparición forzada de las víctimas. Aunque en 2018, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó que se emitieron 10 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada, ninguna autoridad de seguridad pública de rango medio o alto ha sido sentenciada por este delito.

De acuerdo a la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Veracruz registra actualmente 3 mil 554 personas desaparecidas de 1964 a 2021; solo nueve de esos casos ocurrieron antes de 2007.

En 2017, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación por 81 casos de desaparición ocurridos entre 2011 y 2016 en Veracruz, el organismo señaló que “la incidencia de las desapariciones en el Estado obedeció –en parte– a la participación directa de agentes estatales, pero también a la de particulares que actuaban con tolerancia y aquiescencia de las autoridades. A esto se suma la falta de investigación de las denuncias iniciadas con motivo de la desaparición o secuestro de personas”.

 

Colinas de Santa Fe

Destaca el caso de Colinas de Santa Fe, un cementerio clandestino descubierto en agosto de 2016 cuya exploración concluyó hasta 2019. En este lugar fueron exhumados 298 cráneos y 22 mil 500 restos óseos, de esas víctimas menos de 30 fueron identificadas, refirió Lucía Díaz Genao, fundadora del colectivo Solecito Veracruz.

 

 

Esta megafosa fue encontrada por el colectivo Solecito en mayo del 2016 gracias a un mensaje anónimo en el que detallaba la ubicación del sitio, en la zona norte de la ciudad de Veracruz, en un camino de terracería que es el acceso principal al fraccionamiento Colinas de Santa Fe.

Integrantes de la agrupación denunciaron diversas irregularidades por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante el procesamiento de los restos hallados en el sitio, sin embargo, la presión ejercida por las buscadoras hizo que el terreno fuera explorado en su totalidad con extrema vigilancia.

 

 

Entre las buscadoras se encontraba la Perla Damián Marcial, madre del joven Víctor Álvarez Damián, víctima de desaparición forzada en el puerto de Veracruz junto con otros seis jóvenes.

Víctor Álvarez, de 16 años, fue privado de la libertad el 11 de diciembre en la colonia Formando Hogar durante un operativo en el que presuntamente participaron agentes de la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), personal de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina-Armada de México.

Desde entonces, Perla Damián, comenzó una búsqueda frenética junto a otras mujeres del colectivo Solecito. La tarea no fue fácil, pues enfrentó obstáculos en las investigaciones por malos procedimientos de autoridades, así como irregularidades que hicieron más difíciles las identificaciones de los responsables de esos delitos.

Por el caso de los jóvenes, víctimas de desaparición forzada en la colonia Formando Hogar, no existe una sola autoridad sujeta a proceso o bajo investigación.

Pero el esfuerzo de Perla Damián por encontrar a su hijo fue llevado a tribunales y el 16 de junio de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia para que las autoridades mexicanas atendieran las Acciones Urgentes emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellas emprender diligencias inmediatas de búsqueda y localización de personas desaparecidas, que resultó en un precedente y hecho histórico para las familias que buscan a sus desaparecidos.

 

Caso Tierra Blanca, caja de pandora en desapariciones forzadas

El 11 enero de 2016, Susana, José, Bernardo, José Alfredo y Mario Arturo regresaban de pasar un fin de semana en el puerto de Veracruz cuando fueron detenidos de manera ilegal por policías estatales en el municipio de Tierra Blanca, en la zona conocida como la Cuenca del Papaloapan.

Los cinco jóvenes fueron torturados y asesinados en el rancho El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan, a unos 90 kilómetros del lugar donde la Fiscalía construyó una escena ficticia con huesos de animales y pertenencias de algunas de esas víctimas.

 

 

Tras meses de investigación a cargo de autoridades federales, fueron detenidos ocho expolicías estatales, entre ellos el subdelegado de Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández; él y sus escoltas cumplen cinco años detenidos en espera de una sentencia.

A Marcos Conde Hernández se le atribuye su participación en otros delitos de desaparición forzada cometidos en La Antigua y Úrsulo Galván, municipios localizados a menos de media hora del cementerio clandestino de Colonas de Santa Fe.

Los actos criminales que se le atribuyen al expolicía en esta región ocurrieron entre el 26 de noviembre del 2012 y el 19 de enero del 2013, con un total de 22 personas que fueron privadas de la libertad con el uso de la fuerza pública.

 

 

Las víctimas fueron policías municipales, taxistas, estudiantes, bomberos, brigadistas y un reportero, quienes se carearon con la muerte, infiltrada entre uniformes azules.

 

Arbolillo, mega cementerio en exploración

En marzo del 2017 elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México localizaron fosas clandestinas en Arbolillo, Alvarado, a donde arribaron para custodiar un rancho situado sobre la carretera federal 180 Matamoros - Puerto Juárez.

 

 

La ubicación de las fosas ocurrió después de trabajos de inteligencia realizados para localizar a tres elementos de la institución que un mes antes habían sido privados de la libertad.

En ese momento, las labores de la Fiscalía General del Estado (FGE) ubicaron 47 cráneos, entre ellos se identificaron los restos de los efectivos de la Semar. La búsqueda se dio por concluida.

Un año después, en agosto del 2018, el colectivo Solecito exhibió que la FGE no concluyó la exploración del predio, al ubicar 32 fosas clandestinas más y pretender informar que el hallazgo se realizaba en un área distinta.

 

 

Al mes siguiente el ingreso de las madres de desaparecidos al sitio donde se realizaban las diligencias reveló las negligencias y omisiones en el procesamiento de los restos humanos, que se abandonaron expuestos a la intemperie.

 

 

En el cementerio clandestino de Arbolillo familiares de personas desaparecidas y autoridades localizaron 2 mil restos humanos desde su descubrimiento hasta marzo del año pasado que las labores fueron suspendidas temporalmente por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, a poco más de dos meses de retomarse las búsquedas en la zona, el Colectivo Solecito informó que halló 10 cuerpos en tres nuevas fosas clandestinas descubiertas en la comunidad, para sumar 65 cuerpos exhumados en el sitio. A la fecha suman 65 cadáveres desenterrados, y solo dos identificados.