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2 de octubre no se olvida, ¿llegará la 4T a la verdad?

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La Comisión para el Acceso a la Verdad y Justicia para violaciones graves a los derechos entre 1965 y 1990 abre esperanza para los hechos

El sonido de los disparos de la noche del 2 de octubre y las imágenes de la trágica matanza de estudiantes permanecen en la memoria de la Plaza de las Tres Culturas, envueltos en un manto de impunidad.

 

A 53 años de esta masacre, Ignacio Carrillo Prieto, exfiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), y Félix Hernández Gamundi, representante del Comité del 68, ven en el presidente Andrés Manuel López Obrador voluntad para esclarecer este caso, pero saben que tres años no son suficiente para lograrlo.

 

El presidente López Obrador alista la publicación de un decreto para crear la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, periodo conocido como la "Guerra Sucia".

 

Así, el actual gobierno ofrece esclarecer hechos como la matanza del 2 de octubre de 1968. Se solicitó entrevista con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas y con otros funcionarios responsables de estos planes, pero se rehusaron a responder a este medio.

 

 

Para Carrillo Prieto la creación de esta comisión es una buena noticia y dijo confiar en el trabajo del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez. Aunque resaltó que es fundamental juzgar sin fueros a quien sea necesario, en referencia a los miembros de las Fuerzas Armadas.

 

Al ser cuestionado sobre si las víctimas del 68 podrán obtener justicia durante el gobierno de López Obrador, el exfiscal se mostró optimista por la disposición que ha tenido el mandatario.

 

"Yo espero que así sea, ese es un compromiso, una obligación y debe ser cumplida y me parece que la actitud del presidente López Obrador es muy encomiable, por esa voluntad suya de la justicia y de la lucha contra la desigualdad y la desigualdad expresada en muchas formas, también en ésta, la desigualdad de la memoria, recordamos algunas cosas y otras no queremos recordar y no, no se vale así", dijo.

 

Sin embargo, señaló que los tres años que quedan de la actual administración podrían no ser suficientes para resolver el caso del 68. "Yo creo que no, fíjate que habrá que establecer un mecanismo, un compromiso de continuidad con el Estado, no del gobierno en turno, en que se comprometa a la continuidad para el esclarecimiento y la justicia de estos hechos".

 

ESPERO QUE SÍ HAYA JUSTICIA: HERNÁNDEZ GAMUNDI

Hernández Gamundi, quien fue uno de los líderes del Movimiento Estudiantil del 68, también considera que en el actual gobierno puede haber justicia. "Yo espero que sí, y más nos vale, porque estamos en una situación en donde hay una expectativa muy grande alrededor de estas cosas; sin embargo, para el caso específico del 68, en los últimos años no ha habido avance, hubo un avance cuando se creó la Fiscalía especial, por ahí en el año 2002", indicó.

 

 

Aunque dijo que en el Comité del 68 piensan que más que una comisión de la verdad se necesita que se integre una unidad especial dentro de la Fiscalía General de la República que se haga cargo de estos casos.

 

Recordó que en México ya hubo dos comisiones de la verdad para el 68, la primera estuvo integrada por personajes como Elena Poniatowska, Carlos Monsivais. Lorenzo Meyer y Miguel Ángel Granados Chapa, entre otros.

 

"Produjeron un informe muy fuerte, pero se toparon con hueso cuando quisieron investigar la participación del Ejército, ahí no les dieron nada de información", resaltó Hernández Gamundi.

 

La segunda comisión de la verdad se conformó en la Cámara de Diputados para el aniversario 40 de la matanza del 68, pero ocurrió lo mismo.

 

Tanto Hernández Gamundi como Carrillo Prieto coincidieron en la necesidad de que se abran los archivos de las Fuerzas Armadas, ya que así se podrá conocer quienes dieron la orden de abrir fuego contra los estudiantes y todos los que estuvieron involucrados.

 

En gobiernos anteriores este es uno de los aspectos que trabó los avances, pero Hernández Gamundi cree que en esta ocasión puede ser diferente.

 

"El presidente acaba de anunciar que ninguna información se reservará sobre estos casos y entiendo que no solamente se refiere a 68, sino a todos los que están sobre la mesa, incluyendo Ayotzinapa, 68, todos los demás casos que están en medio", señaló.

 

"El presidente es el jefe supremo de la Fuerzas Armadas y no se enfrentaría, simplemente daría las autorizaciones que le confiere esa altísima dignidad de jefe supremo para que sus fuerzas sean investigadas, por quiénes, primero por la pesquisa ciudadana y después proporcionando mejores elementos que los que hay ahora en las fiscalías", indicó Carrillo Prieto.

 

LAS TRABAS EN EL ACCESO A LA JUSTICIA

"Ahí está todo. Él (Gustavo Díaz Ordaz) manejó al Ejército, era el comandante supremo, él lo manejó todo", declaró el expresidente Luis Echeverría a la periodista Irma Rosa Martínez en 1998.

 

En la entrevista publicada en El Universal, Echeverría Álvarez, quien fue secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz, trató de deslindarse de lo ocurrido en 1968, al indicar que el mandatario lo marginó del asunto y no tuvo nada que ver en la forma en que se encaró el problema.

 

Años más tarde las autoridades determinaron que la realidad era otra. La Femospp, que encabezaba Carrillo Prieto, determinó indiciar a Echeverría Álvarez por la matanza de Tlatelolco. En 2006 se giró orden de aprehensión en su contra y permaneció dos años y medio en prisión domiciliaria.

 

Para las víctimas del 68 eso no es suficiente. Hernández Gamundi declaró que para alcanzar la justicia se debería proceder no solamente contra Echeverría Álvarez, sino en contra de todos los que estuvieron implicados.

 

Probablemente el mayor avance en la investigación fue durante el periodo en que estuvo funcionando la Femospp, pero como suele ocurrir, al concluir el sexenio los resultados de las indagatorias pasaron a manos de la siguiente administración y el proceso se detuvo.

 

Yo creo que falló durante décadas la voluntad política, porque ni (Felipe) Calderon, ni (Enrique) Peña Nieto, ni (Vicente) Fox siquiera eran capaces de enfrentar ni tenían algún interés de examinar este asunto y el dolor que conllevó para tantas y para tantos ciudadanos

 

"Entonces creo que no habiendo voluntad política entonces y habiéndola hoy, pues nada impediría que avanzáramos con firmeza, olvidándonos de esas falsas contemplaciones de que sí el honor y el prestigio y el orgullo, cuando hay una gran herida nadie habla de honor, orgullo y prestigio, eso es una frivolidad frente al dolor de la gente, no se vale, ahí hay crímenes que no han sido resueltos de modo total ni reparados", enfatizó Carrillo Prieto.

 

Desde hace varios años se han hecho intentos de esclarecer la matanza de 1968 y fincar responsabilidades; sin embargo, Hernández Gamundi y Carrillo Prieto coincidieron en que los esfuerzos se frenaron por diversos problemas, como la falta de acceso a información a archivos de las Fuerzas Armadas, la falta de competencia de autoridades judiciales y principalmente la falta de interés y voluntad de los gobiernos.

 

 

Además de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado que se estableció durante el gobierno del ex presidente Vicente Fox, otra de las acciones provino de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que el 24 de septiembre de 2018, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, reconoció que la masacre del 68 fue un "crimen de Estado".

 

En esa ocasión, Jaime Rochín, quien era titular de la CEAV, dijo que se determinó hacer una reparación colectiva de memoria y reconocimiento y añadió que de manera individual los afectados podrían iniciar el proceso de reparación del daño, aunque hasta la fecha se desconocen los avances en este tema.

 

A 53 años de distancia de aquella trágica noche, las víctimas del 68 siguen espetando que se haga justicia. Hernández Gamundi resaltó que lo importante es no cansarse y seguir luchando contra la impunidad.

 

Él y Carrillo Prieto destacaron que haber dejado en la impunidad el 68 abrió la puerta a que ocurrieran otra serie de violaciones sistemáticas de derechos humanos en otros casos como Aguas Blancas, Tlatlaya y Ayotzinapa, por mencionar sólo algunos, por lo que esclarecer este caso sería un parteaguas para evitar que se repitan en el futuro.