El Poder Judicial del Estado se negó a brindar información respecto a los magistrados que decidieron bajarse el salario y los que se negaron a hacerlo; tampoco informó sobre los empleados que accedieron al plan de austeridad y no informó además de los supuestos ahorros derivados del cierre de 29 juzgados.

Aduciendo por un lado que el plan de austeridad para el Poder Judicial apenas entró en vigor a partir del 1 de agosto, con esta fecha no se tiene resguardo de esa información según la solicitud 01024521.

Igualmente señaló que no puede dar información sobre los ahorros del cierre de casi 30 juzgados ordenados como una medida para hacer frente al boquete financiero de casi 500 millones de pesos, pues el proceso aún no concluye.

Cabe señalar que el Poder Judicial solicitó una ampliación presupuestal al Congreso del Estado, misma que continúa en análisis de la Comisión de Hacienda. Sin embargo, el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, advirtió que no podrán destinar todos los recursos solicitados.

En síntesis, respecto a los funcionarios que accedieron a reducir sus percepciones, tanto Recursos Humanos como Recursos Financieros dijeron no tener a la fecha datos al respecto de lo solicitado a través de transparencia.

Específicamente, el área de Recursos Financieros sostuvo que la subdirección no está en posibilidad de proporcionar la información requerida “ya que con la entrada en vigor del Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad de este Poder se busca el ahorro mediante la adhesión voluntaria en la reducción de las percepciones salariales de ciertos niveles jerárquicos.

“En cuanto, lo correspondiente al pago de rentas y servicios básicos de los juzgados aún no se ha podido determinar, ya que, la cancelación de dichos servicios se encuentra en proceso”, señala la respuesta.

Por su parte, Recursos Humanos también evadió dar respuesta a la solicitud requerida, remitiendo a las percepciones brutas y netas de los magistrados, contenidas en el portal de transparencia del Poder Judicial, pero sin señalar la modificación a raíz de la adhesión al programa de austeridad que les quitaría el 30 por ciento de sus percepciones.

Respecto a la lista de quienes negaron unirse al plan de austeridad, el Poder Judicial señala que la adhesión es voluntaria y quienes no lo han hecho, pueden acudir con la presidenta, Isabel Romero a darse de alta.

Igualmente, remite a las percepciones que por ley deben ser publicadas, pero nuevamente sin especificar las modificaciones al respecto; lo mismo respondió con relación a los trabajadores de confianza y base que serían sometidos al programa.

Al cuestionamiento de los ahorros que han representado estos descuentos en las percepciones de magistrados y empleados, así como los generados por los cierres de 29 juzgados, Recursos Humanos dijo que “no ha generado ni tiene a resguardo la información requerida”.