Pese al rechazo inicial de magistrados contra los recortes a sus compensaciones de entre el 20 al 30 por ciento ante el déficit de 500 millones de pesos para el segundo semestre de 2021, ya comenzaron a surgir voces a favor de las medidas de austeridad.

Al respecto, la consejera del Poder Judicial de Veracruz, Marlene Galán Espinoza, mostró su respaldo a la medida anunciada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Isabel Romero Cruz.

Cabe señalar que, en una reunión con los integrantes del pleno, la titular del Poder Judicial justificó la extinción de 29 juzgados, señalando un déficit millonario y falta de resultados especialmente de los microrregionales.

Romero Cruz explicó que, de los 500 millones de desbalance en su presupuesto, un total de 260 millones de pesos eran solo de nómina y gastos operativos, de ahí la importancia de hacer economías y la iniciativa de recortar compensaciones durante lo que resta de 2021.

Ante la polémica que generó esta medida han salido voces a favor y en contra; la primera en manifestarse públicamente a favor mediante un comunicado fue Galán Espinoza, consejera del Consejo de la Judicatura y responsable de la Unidad de Género.

“La que suscribe, CLAUDIA MARLENE GALÁN ESPINOZA, integrante del CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PJE, informo a través de este medio que SIN PROBLEMA ALGUNO, he autorizado que se me realice UN AJUSTE a mis percepciones, esto con la firme intención de apoyar a mi segunda casa desde hace más de 20 años que es el Poder Judicial del Estado de Veracruz.

Es momento de sensibilizarnos y concientizar sobre la difícil crisis que actualmente vivimos no solo en nuestra Institución, sino a nivel estatal, por lo tanto, libremente autoricé un reajuste a mi salario”, externó en sus redes sociales.

Finalmente concluyó su mensaje pidiendo unidad entre todas y todos “por el bien universal” y contribuir con su trabajo por el “bien común”.

Cabe señalar que el propio Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó el jueves el problema financiero que atraviesa la institución, apuntando que al ser un poder autónomo los mismos magistrados deben analizar las medidas competentes para superar el déficit.

“Al seguir gastando como venían, sin ajustarse, pues sí se les advirtió que entraban en un problema financiero; ellos como poder autónomo deberán decidir qué hacer”, dijo el Ejecutivo.

Además, este viernes el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco dijo que, al no hacer previsiones y ajustes, el presupuesto del Poder Judicial se gastó en apenas 7 meses.

“Se les aprobó su presupuesto, sin embargo, no hicieron una buena distribución o administración, o un ajuste en su gasto. El tema es que se acabaron su presupuesto a julio, y de agosto a diciembre ya no tienen dinero para pagar la nómina”, explicó.