La creación de juzgados microregionales en el periodo de Edel Álvarez Peña fueron “innecesarios” de ahí que se tomó la decisión de desaparecerlos, argumentó la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

El objetivo de esos juzgados, que desaparecieron el primero de julio, era acercar la justicia a quienes no tenían acceso a ella, pero el cometido no se cumplió.

Por lo anterior, se planteó una reingeniería en áreas operativas y jurisdiccionales en el Poder Judicial del Estado de Veracruz que calificó como necesaria y dolorosa.

“Lo que se pretende con dar marcha a los juzgados laborales es garantizar el acceso a una correcta y eficaz impartición de justicia a todos los veracruzanos (…) es lamentable y doloroso prescindir de espacios que brinden un servicio”.

En un comunicado oficial, la magistrada reconoció que el nuevo reto del Poder Judicial es cumplir con la función constitucional de impartir justicia en todo el Estado Veracruzano

Lo que se busca con la reingeniería es reencauzar recursos materiales y económicos, previo al inicio de los juzgados laborales.  Sin embargo, reiteró su compromiso de dar certeza de que ningún justiciable perderá las condiciones de acceso a la justicia.

“Esta modificación será un proceso paulatino, con adecuado estudio y reconocimiento a la labor desempeñada, se planea reubicar al personal a donde se requiere, donde haya mayor carga laboral”.

También, hizo un llamado al análisis objetivo de la situación para lograr un acelerado avance en el mejoramiento del servicio.

“No es momento de repartir culpas sino de emprender acciones institucionales para garantizar la marcha del Poder Judicial, que deviene de recurso del pueblo veracruzano, y su patrimonio debe de cuidarse por el bien de todos, y cuidarse bien. Eso es lo que se hace hoy”, dijo.

“Con la cara puesta al frente y reconociendo que dentro de cada juzgado que se mantiene en funciones, hay servidores públicos totalmente comprometidos, que hoy están con el proceso de entrega-recepción.

“A partir de ello tomarán el control de esos expedientes, se tiene plena confianza en que cada uno de los jueces, secretarios, proyectistas, administradores, auxiliares de causal, y oficiales administrativos redoblarán los esfuerzos para cumplir con el deber de otorgar justicia pronta y expedita”.

El primero de julio se ordenó el cierre de 29 juzgados en al menos 15 distritos judiciales con el objetivo de ahorrar al menos 22 millones de pesos.