Pensionado desde 1990, Hébert Omar Zúñiga Pérez ahora batalla para conseguir atención médica. Cada seis meses debe de monitorear el tumor que tiene en el cerebro y está obligado a llevar un régimen de medicamentos especializados.

Hace unos años perdió la visión en el ojo izquierdo a causa de este problema de salud, aunque al ser un contador pensionado del Banco del Golfo tenía garantizada la asistencia sanitaria especializada.

Afirma que a la fecha vive una pesadilla, tras los recortes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador aplicados en 2020 a 109 fideicomisos, pues ahora le niegan medicinas indispensables para su tratamiento y sus consultas las retrasan.

“El tumor lo tengo en el cerebro, en la parte alta donde se acumulan todos los nervios. Fue afectando hasta que perdí la visibilidad; requiero medicinas y acudir a revisión cada seis meses para ver si sigue creciendo”.

El hombre se jubiló antes de la extinción del Banco del Golfo implementada en la administración de Vicente Fox Quesada, en 2002. Ahí, los pensionados y jubilados fueron transferidos al Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN).

Sin importar la disolución de la estructura laboral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Estado Mexicano debía garantizar el acceso a servicios de salud de calidad a las personas que trabajaron para el Banco y sus beneficiarios.

Dicha responsabilidad únicamente podrá extinguirse, de acuerdo con la Corte, hasta que el último extrabajador y sus familiares fallezcan.

La determinación judicial, sin embargo, no logró evitar que los fideicomisos fueran cancelados por el Ejecutivo, quien adujo la necesidad de esta medida ante un supuesto combate a la corrupción de administraciones pasadas.

De esta manera a finales del año pasado quedó extinto el Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural y el Gobierno Federal licitó el servicio médico para Hébert y 16 mil pensionados, quedando como ganadoras las empresas COMMUNITY DOCTOR, S. A. DE C. V., y CHALLENGE CONSULTING, S.C., las cuales han incumplido a los fideicomisarios.

Aunque este medio buscó a los encargados de CHALLENGE CONSULTING, S.C., ante los reclamos de los pensionados, ningún representante de esta empresa con sede en la Ciudad de México dio una explicación sobre atrasos en la atención médica y falta de medicamentos.

Hébert Omar sostiene que los pensionados no están en contra de la fiscalización, aunque afirma que en su caso el tumor que le encontraron en la “silla turca” -cavidad ocular- no sabe de combate a la corrupción o desvíos, por eso necesita medicinas que su pensión no puede costear y que dichas empresas le están negando.

3 MIL PESOS EN MEDICINAS

En entrevista, Hébert de 71 años y originario de Fortín, Veracruz, explicó que para el tratamiento que recibía con el fin de controlar su tumor tomaba medicamentos de patente que cuestan hasta 3 mil pesos al mes, los cuales le proporcionaron hasta marzo de 2020.

Hébert se operó en una ocasión hace 5 años, aunque ello no eliminó el problema y optó por no someterse a una segunda intervención, ante la posibilidad de morir de un infarto. Por ello recibía tabletas de Dostinex, las cuales empató con otros medicamentos para la hipertensión.

“Se consigue -el medicamento-; uno no dice que no se consigue, pero también uno lo tiene que pagar y ya no se lo reembolsan”, lamenta al señalar que estas tabletas le quitan una parte importante de su pensión mensual ahora que debe pagarlas.

“El fideicomiso fue creado por decreto presidencial y todo el tiempo que estemos en el planeta nos tienen que dar el servicio de calidad y no se podrá extinguir. No se ha disuelto al cien por ciento, pero sí nos están cambiando las prestaciones.

“Teníamos un fondo ahí de recursos para agilizar la atención de las medicinas, el servicio médico bien y ahorita realmente no tenemos ese servicio. Si llegáramos a tener una emergencia, tendríamos que ir con nuestros propios recursos a un sanatorio”, dijo el afectado.

Su esposa, beneficiaria del servicio médico al igual que él, también se enfrenta a la imposibilidad de conseguir medicinas para su tratamiento de colon, debido a una aparición de pólipos, que a su vez le desencadenó depresión.

En este caso, al ser medicamentos controlados, deben tener recursos para comprarlos al momento, de lo contrario, la receta pierde vigencia o el mal puede agravarse.

“Nos dan siete días de plazo en cada receta -para comprarlo- y resulta que ya se vence. Si vence ese plazo definitivamente, debemos acudir nuevamente al doctor para que nos pueda reponer la receta e ir a la farmacia”, reclama.

El caso de Hébert no es el único. Asegura que la esposa de un excompañero suyo, quien está enferma de cáncer en un grado avanzado, también se enfrenta a la imposibilidad de recibir un tratamiento integral para el combate a la enfermedad.

“Le dan cinco medicamentos de los cuales solo le surten tres y dos pues ahí están en veremos”, relata Herbert, quien dijo que especialmente les niegan los fármacos más costosos y terminan pagando por ellos si es que lo llegan a conseguir.

“Hay compañeros con cáncer, con problemas de hipertensión, problemas de diabetes. Y todos ya atravesamos, prácticamente por nuestra edad, en problemas que necesitan servicio médico y medicamentos seguros”.

DISPUESTOS A PELEAR POR SUS DERECHOS

Con todo y sus achaques, propios de la edad y las enfermedades, Hébert se dijo dispuesto, junto a otros compañeros veracruzanos, a emprender manifestaciones para que las cosas regresen a como estaban antes de la intervención gubernamental a los fideicomisos que afecta a 16 mil personas en todo el país, de las cuales cerca de mil son de Veracruz y Oaxaca.

“Los 16 mil andamos preocupados, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que movernos, tenemos que protestar. A este fideicomiso le han mutilado algunas prestaciones”, acusa.

Sostuvo que, si bien el fideicomiso registró movimientos irregulares antes de su extinción, entre los cuales destaca la desaparición de protección mutua en caso de muerte cuando los recursos aportados se transfirieron a una aseguradora para la protección en caso de muerte, desconociéndose el destino del dinero, al menos hasta 2020 los fideicomisarios recibían la atención que requerían

El FOPESIBAN es uno de los 109 fideicomisos públicos que, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, ordenó extinguir el presidente de la República.

Al respecto, Álvaro Sánchez, exsecretario general del Banco de Crédito Rural del Golfo y de la Federación de Bancarios de Veracruz, expuso que en Veracruz cientos de pensionados y jubilados son afectados por las licitaciones del servicio médico llevadas a cabo para garantizar la atención a los fideicomisarios del FOPESIBAN.

Sánchez acusa que se orquestó un fraude millonario en el otorgamiento de la concesión, que terminó por suprimir el otorgamiento del servicio médico hospitalario y medicamentos garantizados en un fideicomiso irrevocable que se formó con más de 12 mil millones de pesos.

El exdirigente acusó que detrás de las irregularidades que tienen en jaque a 16 mil personas se encuentran Ignacio Pérez Colin, apoderado legal de Nacional Financiera ante el FOPESIBAN; así como Luis Guillermo Becerril Berrones, Coordinador Nacional del Servicio Médico.

Denunció que las empresas contratadas para el servicio médico -COMMUNITY DOCTOR, S. A. DE C. V., y CHALLENGE CONSULTING, S.C., - fueron constituidas al margen de la Ley y desfalcaron alrededor de mil 150 millones de pesos, aunque apenas comenzaron a proceder legalmente.

Los pensionados sostienen que las empresas, beneficiadas por el Contrato por Adjudicación Directa respecto a la Licitación Pública No. LA-006HIU002-E2-2021, no cuentan con los recursos materiales y humanos para brindar el servicio médico; por el caso apenas se presentó una demanda de amparo que, si bien fue desechada inicialmente, la determinación de la autoridad fue impugnada.

El exdirigente añadió que, al desaparecer los fideicomisos, las instituciones de desarrollo quedaron a la deriva en cuanto a prestación de servicios contratados con diversas firmas, como el caso de las señaladas.

Sostiene que, para quedarse con la licitación, el doctor Luis Guillermo Becerril ha presentado oficios como el FPSB/CSM/050/2021, que asegura resultó ser falso, razón por la cual el Gobierno debería declarar nula la licitación referida y proceder a la cancelación de los contratos suscritos con dichas Integradoras, que no han brindado el servicio médico que venían recibiendo los pensionados y jubilados.

Sánchez reconoció que el gobierno federal busca ahorros en dependencias y fideicomisos, pero no debe tratarse como igual el caso del FOPESIBAN, donde hay adultos mayores protegidos ante la Ley, sobre todo ante la existencia de la jurisprudencia referida.

Dijo que los jubilados afectados en toda la entidad estaban adscritos al Banco Nacional de Crédito Rural; del Noroeste; Norte; Centro; Centro Norte; Centro Sur; Pacífico Norte; Pacífico Sur; Golfo; Istmo; Peninsular y de Occidente.

Asimismo, menciona que los casos se están presentando, además de Veracruz, en Durango, Coahuila y Zacatecas. Ante ello, exigió que conforme a la facultad que les confiere el derecho a la sobrevivencia que otorga la Ley Reglamentaria “se inicie de inmediato la atención médica que se requiere en las localidades".

Cabe destacar que por hechos similares a los que viven los pensionados de Veracruz, ya ha habido una serie de protestas en diversas partes del país.

Así ocurrió en Chiapas, donde los afectados exigieron la restitución de los servicios médicos que poco a poco se fueron diluyendo a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tras la desaparición esa institución bancaria.

En dicha manifestación, que tuvo lugar este 19 de abril, los jubilados expusieron el estado de indefensión en que se encuentran por falta de seguridad social que deben recibir del Gobierno de la República.

"Somos jubilados de Banrural, derechohabientes del servicio médico auto administrativo, pero nos quieren imponer una integradora de servicios que todavía no nos presta servicios y necesitamos nuestros medicamentos. No queremos medicamentos genéricos, exigimos el derecho humano a la salud que nos asiste la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ", dijeron de acuerdo con medios de la zona.

Antes, en noviembre de 2019, pensionados y jubilados del Banrural se manifestaron a las afueras de la Cámara de Diputados, acusando que Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, había presentado una iniciativa que borraba “de un plumazo” los beneficios obtenidos por los extrabajadores.

Con ello, advirtieron, se afectaba igualmente el acceso a los servicios médicos de miles de exempleados y sus familiares, lo que ahora adultos mayores como Hébert Omar Zúñiga Pérez ya están padeciendo.