TUXTLA GUTIÉRREZ.- Desde 2017, Aracely López interpuso la primera denuncia penal en contra de su esposo, su hermana y otras cinco personas por abusar sexualmente, y distribuir videos y fotografías pornográficos, de su hijo, cuando éste tenía entre cinco y 10 años de edad, en el municipio de Ocosingo, en la región Selva de Chiapas.

 

En entrevista con La Silla Rota, la denunciante recuerda que, esa vez, acudió a la Fiscalía de San Cristóbal de Las Casas para presentar la denuncia y, tras hacer público la existencia de una posible red de pederastas, tuvo que moverse, primero a otro municipio de la misma entidad chiapaneca y luego a otras ciudades, como Oaxaca; Torreón, Coahuila, y Cuautla, Morelos, entre otras, porque era perseguida.

 

La pesadilla empezó en 2011 cuando se separó de Mario, quien aceptó encargarse de su hijo, mientras ella se dedicaba a laborar en el Ayuntamiento de su localidad y después en la Universidad Tecnológica de la Selva (UTS), para obtener recursos y solventar los gastos diarios.

 

De acuerdo con su denuncia, Ernesto cursaba el tercer grado en la Primaria "Guadalupe Victoria", en Ocosingo, cuando notó que no quería bañarse o le costaba sentarse o, incluso, algunas actitudes atípicas las reflejaba en sus libretas escolares.

 

En una ocasión de 2017, cuando entró al sanitario, observó que el excremento de su pequeño presentaba sangre, por lo que tras dialogar varias horas, el menor reveló que Mario y otras personas abusaban de él, además de que lo grababan con otros niños y niñas, desnudos y besándose o tocándose; en estas prácticas participaban adultos.

 

Me dijo el nombre de un maestro que abusó de él, por ello decidí acudir ante la Fiscalía de Ocosingo, pero mi abogado me recomendó que no, porque les avisarían a los abusadores y que había la posibilidad de que dieran carpetazo al caso, por lo que me dirigí a la Fiscalía General del Estado en Tuxtla

 

Sin embargo, en enero de este 2021, un fiscal le informó que el asunto había sido turnado a la Fiscalía de Ocosingo.

 

Mario, según cuenta, aprovechaba la potestad que tenía para ofrecer a su hijo a una red de pedófilos en Ocosingo, en el que aparecía otro personaje más de los cercanos: un cuñado de su expareja.

 

ESCENARIOS DE TERROR

 

Para ello, grababa los videos en dos escenarios distintos: en la casa de la mamá de Aracely y en unas bodegas de la primaria donde estudiaba su pequeño.

 

No obstante, esos videos eran realizados con un solo teléfono celular, el cual era circulado con tres o cuatro docentes de la misma primaria; incluso --advierte la mamá de la víctima-- los escolares observaban cómo algunas maestras se tocaban entre ellas, tras ver las imágenes o videos.

 

Mario, por su parte, también poseía un teléfono móvil, el cual se lo rolaba a una de sus cuñadas, misma que se lo quedaba por una noche; "él cobraba por vender a mi niño, no sé cuánto pedía, porque no me gusta recordarle eso a mi pequeño, pero lo hacía con mucha gente", afirma la denunciante.

 

Sin embargo, para ella habría una "cabeza" de lo que considera un clan: una mujer de nombre Roxana "N", exdiputada federal y quien además ha militado en varios partidos políticos, entre ellos el PRI. De hecho, a ella la señalan de procesar y vender los materiales con niños sosteniendo relaciones sexuales.

Fotografía Christian González

 

En una segunda carpeta de investigación se incluyen otros nombres, como el de su papá y el de otros profesores de la UTS, por lo que habría al menos 23 personas involucradas en esta red, entre enfermeras, políticos, amas de casa y periodistas.

 

ANTECEDENTES

 

Aunque se calcula que los abusos, la mayoría registrados en casa de su mamá, los sufrió entre los 5 y 10 años de edad, Aracely había notado situaciones extrañas desde que Ernesto tenía año y medio de nacido, y no solo en el comportamiento, sino en su físico. Entre otros detalles, le parecían "bizarros" algunos comentarios que externaba Mario "N", su expareja, en torno al aspecto sexual.

 

Incluso, él y un amigo, identificado como Germán, eran socios de un foto estudio, donde se presume almacenaban información "delicada". "En una ocasión revisé la computadora de ese lugar y detecté fotos de una niña como de 12 años, con un hombre mayor, como de 60, en situaciones comprometedoras. Cuando llegué a casa le reclamé a Mario de eso, pero lo negó, y hasta se hincó y me dijo que ese material era de Germán", menciona.

 

Fotografía Christian González

 

Su error, acepta, fue no haber denunciado esta situación, pues al final de cuentas confió en la palabra de su entonces marido.

 

EL HOSTIGAMIENTO Y LAS TRABAS

 

De diferentes maneras, Aracely y Ernesto han sufrido una serie de hostigamientos, desde el asesinato de sus perros o los golpes que recibe su automóvil; de hecho, su vástago sufre de "bullying" en su salón de clases, donde ha estudiado.

 

Siente además que en varias ocasiones los han "dormido" con alguna sustancia, y que por ello se despiertan tarde, o no sienten los desastres que les hacen en su domicilio, como la tala de sus árboles o el derribo de su reja de protección. Además, han sufrido varios accidentes automovilísticos.

 

Cuando residió por unos meses en San Cristóbal de Las Casas e, incluso, en Oaxaca, también era asediada. "A veces nos siguen militares o ministeriales; hay gente que está pendiente de la hora en que entramos y salimos de casa, sospechosos con gorra, mariconera y barbados, como para que no los identifiquemos", detalla.

 

Su caso no ha prosperado como deseara, y prueba de ello es que cuando denunció por primera vez, la fiscal en turno se rehusó a solicitar a la Policía Cibernética revisar los teléfonos celulares en donde se distribuían los videos pornográficos de los infantes.

 

El argumento de la funcionaria fue que Ernesto, en su declaración, omitió revelar la existencia de esas grabaciones.

 

Uno de los motivos por los que la carpeta no avanzó en 2017, recuerda la mamá, es porque el juez de ese entonces determinó que debió investigarse a los demás infantes que sufrieron abuso sexual y, con ello, corroborar las declaraciones de Ernesto. Entre esos menores, se advierte, estaba un primo hermano de este último.

 

El caso empeoró cuando en su segunda denuncia se topó con el abogado Jorge Segismundo Rotter, quien promovió un amparo en favor de los maestros imputados en el abuso contra el menor.

 

No obstante, el mismo Rotter, en la actualidad fiscal de Procedimientos Penales en la FGE, tiene más señalamientos en su contra, como el de supuestamente proteger a presuntos feminicidas, uno de ellos el que acabó con la vida de Yuri, enfermera chiapaneca, en noviembre de 2016.

 

Asimismo, cuenta que las bodegas que se utilizaban en la mencionada escuela pública donde eran grabados los videos con contenido sexual, fueron "demolidas", para construir algunas aulas.

 

Para ella, la red de pederastas estaba protegida desde la propia Presidencia Municipal de Ocosingo, y por ello "borraron" del mapa esas bodegas donde eran abusados sexualmente los menores, para luego construir aulas, obras que financió la misma autoridad municipal.

 

DESAMPARADOS

 

Ante su desesperación, la madre ha acudido ante otras instancias, como las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina, así como la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) e, incluso, con organizaciones civiles locales, pero nadie le tendió la mano.

 

Tanto ha sido el desamparo de las instituciones que, agrega, hasta el momento ni ella ni su hijo han recibido atención psicológica. "En mi caso, cuando recuerdo todo, vomito, me siento mal, me duele mucho todo esto, no vivimos en paz", detalla.

 

Pero hoy, Aracely solo exige que se haga justicia, porque a Ernesto le robaron su niñez, no solo su padre, "sino mi hermana, mi propio papá, un cuñado, gente cercana, y no solo es mi hijo, son más niños y niñas que fueron abusados por esa red, la cual al parecer tiene mucho poder porque muchas mamás se callaron".

 

RECURSOS AGOTADOS

 

Desde hace unos dos años, cuando dejó de trabajar para atender de lleno el proceso legal del caso, la situación económica se agudizó y si sobreviven es por el apoyo de su madre y los 700 pesos quincenales que les envía Mario, el principal sindicado de la red de pederastas.

 

No obstante, ha vendido joyas y otras pertenencias o bienes. Incluso, está a punto de ofrecer o hipotecar la casa que tiene en San Cristóbal, y con ello sopesar todos los estragos vividos.

 

Lo más triste de todo, acepta, es que ya no le tiene fe a las instituciones que imparten justicia, las cuales, de acuerdo con su percepción, quedaron rebasadas ante la delincuencia organizada que se vive en Chiapas.

 

"Esas mismas instituciones son la misma delincuencia. Éstas son las que integran mal las carpetas (de investigación), o las que nos hacen dar vueltas y más vueltas para cansarnos, o las que nos revictimizan... por eso no creo que se me haga justicia, pero no dejaré de luchar", externa Aracely, quien subraya que pareciera que las fiscales que han tomado su caso son las protectoras de los pederastas como su exesposo.

 

De llegar la justicia, Mario "N" y sus cómplices serían condenados hasta por cuatro o cinco décadas de cárcel por los delitos de pederastia, tortura, prostitución, abuso infantil, narcotráfico, entre otros no menos graves, de acuerdo con el Código Penal vigente.

 

En 2017, la otrora diputada local por el PAN, Fabiola Ricci Diestel, puso el dedo en la llaga al revelar que, en ese año, habían detectado al menos 300 casos de infantes víctimas de pederastia y que la cifra sería mayor si los padres y madres denunciaran ante las instancias competentes.

 

*La Silla Rota utilizó el nombre ficticio de Ernesto para referirse al niño violentado, y con ello proteger su identidad.