La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz deberá pagar la deuda con proveedores y contratistas que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa heredó y que la administración de Miguel Ángel Yunes Linares se negó a reconocer, luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) validó la violación por parte del Gobierno del Estado con los acreedores.

De acuerdo con la recomendación 155/2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), durante el gobierno de dos años del panista Miguel Ángel Yunes Linares se violentó el derecho a la seguridad jurídica de 16 empresarios veracruzanos.

El empresario Jesús Castañeda Nevárez, representante de Empresas SOS, dijo que se espera que con la resolución que emitió la CEDH se pueda establecer una mesa de negociaciones con el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, para retomar los acuerdos de pago para cubrir el adeudo.

"La recomendación trae implícitos una serie de pasos que tiene que atender ahora el Gobierno. Nosotros lo que esperamos es que seamos convocados a una mesa larga donde estemos sentados todos y donde se empiecen a dar los pasos a través de los cuales se resuelvan las cosas que establece la recomendación", respondió el empresario.

Deuda llevó a la quiebra

Jesús Castañeda Nevárez señaló que la deuda que dejó el gobierno de Javier Duarte de Ochoa generó un problema de insolvencia entre los empresarios a los que se les negó el pago por sus servicios.

Al menos 80 por ciento de los proveedores y contratistas no soportaron la crisis que se les vino encima y terminaron por cerrar sus empresas, debido a que el gobierno que siguió se negó a cubrir los pagos.

En ese sentido, el representante de Empresas SOS destacó que en los acuerdos que hagan con el gobierno en funciones, tendrán que evaluar los daños que ocasionó esta falta de pago.

"Porque muchos lo primero que hicieron fue desgarrar su nómina, después empezaron a perder sus activos. A algunos se los embargaron los bancos, algunos los perdieron en las casas de empeño y otros los perdieron con agiotistas y otros más los tuvieron que rematar".

El empresario dijo que el pago de la deuda significará para muchos un incentivo para retomar sus actividades empresariales.

Historia de la deuda

En los últimos meses del gobierno duartista unos 105 empresarios integraron la agrupación civil Empresas SOS para reclamar el pago de los adeudos por 450 millones de pesos que generó el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, en ese momento prófugo de la justicia y hoy preso en el reclusorio Norte, donde purga una sentencia de 9 años.

Miguel Ángel Yunes Linares llegó a la gubernatura con la promesa de cubrir la deuda con los empresarios; sin embargo, incumplió una serie de acuerdos que se hicieron con las empresas afectadas integradas en Empresas SOS.

El 27 de septiembre de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el Acuerdo por el que se instruye a la Secretaría de Finanzas y Planeación a revisar y en su caso validad validar los presuntos adeudos de la administración 2010-2016.

Debido a que la Sefiplan se negó a reconocer el adeudo a pesar de la documentación entregada, el 22 de octubre del 2018 un grupo de 16 empresarios decidió presentar la queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por las omisiones y violaciones causadas por el no pago.

CEDH instruye pagos pendientes

En la recomendación 155/2020, la CEDH detalló que durante la investigación de hechos la Secretaría de Finanzas fue omisa en indicar ante la pregunta expresa sobre la realización de alguna acción o diligencia tendente a dar cumplimiento al acuerdo referido en la Gaceta Oficial del Estado del 27 de septiembre.

Como resultado, el organismo instó a que se inicie un procedimiento administrativo contra los servidores públicos involucrados en el caso, por haber incurrido en las violaciones a los derechos humanos de las víctimas; así como la validación de los adeudos a las víctimas.

"La Sefiplan deberá tomar las acciones necesarias dentro de sus facultades legales que garanticen el cumplimiento de las disposiciones previstas en el acuerdo por el que se instruye a la Secretaría de Finanzas y Planeación a revisar y, en su caso, validar los presuntos adeudos de la administración 2010-2016, a cargo de las distintas dependencias y entidades de la administración pública estatal con proveedores y contratistas", señala.