Veracruz, Ver.- La administración pública de Jamapa suma un mes semiparalizada debido a la clausura del Palacio Municipal por un grupo de pobladores que son respaldados por los tres ediles que acompañan a la alcaldesa Florisel Ríos Delfín en la comuna.

Aunque la presidenta municipal afirmó que se instalaron oficinas provisionales cerca de la sede Municipal, lo cierto es que los ciudadanos de Jamapa han visto interrumpidos algunos de sus trámites.

Por ejemplo, no cuentan con servicios de Registro Civil, debido a que la encargada de esta área también decidió cerrar las ventanillas, pese a que se trata de un área que depende del Gobierno del Estado.

Lo anterior provocó que en un mes no hayan asentamientos de recién nacidos, expedición de actas de defunción, bodas y otro tipo de trámites, que son indispensables para realizar otro tipo de procedimientos.

En otros casos, la dinámica de trabajo se ha visto reducida o modificada, ya que los ciudadanos que recibían atención en el Sistema DIF Municipal han tenido que acudir a los módulos instalados fuera del área destinada en las oficinas de gobierno.

Las áreas de ingresos también fueron adecuadas para ejercer el cobro del impuesto predial, que es una de las principales fuentes de ingresos propios.

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Los señalamientos y la pugna

Los inconformes afirman que el cierre de las oficinas municipales fue en reclamo por el despido injustificado de tres trabajadoras.

El 7 de enero pasado, un grupo de personas que se presentaron como ciudadanos arribaron a la sede del Palacio Municipal para supuestamente reunirse con la presidenta municipal y exigir la reinstalación.

Sin embargo, la edil no se encontró en sus oficinas y con el apoyo del síndico único y las dos regidoras se decidió colocar sellos de clausura de manera simbólica para cerrar las oficinas gubermanetales.

“Empezó un grupo de empleadas municipales las cuales fueron despedidas injustificadas, lo que derramó el vaso fue que una de las trabajadoras fue cesada porque asistió al CRIVER para atender a su hijo, después vinieron dos despidos más”.

Efrén Hernández Ruiz, vocero de los inconformes, afirmó que se buscó entablar un dialogo con la presidenta municipal para que las empleadas despedidas fueran instaladas de nuevo en sus plazas de trabajo, sin embargo, no hubo respuesta.

Señaló que la edil citó en cuatro ocasiones distintas al grupo de manifestantes para supuestamente escuchar sus peticiones, sin embargo, en todas estas veces los dejó plantados.

“Tenemos un mes a partir de hoy que tenemos tomado el Palacio Municipal de Jamapa, hasta ahorita no hemos tenido una respuesta favorable para liberarlo, en verdad es lamentable lo que se está viviendo en Jamapa”.

Hernández Ruiz aseveró que además de los despidos injustificados, los pobladores exigen la intervención de las finanzas municipales, ya que en dos años de administración no se han ejercido obras públicas.

“Estamos solicitando la intervención de la Tesorería, estamos pidiéndole a la alcaldesa que nos cedieran dos espacios, que son Tesorera y Secretaria, honestamente para que los recursos ya no se sigan desapareciendo del pueblo".

"Son 68 millones de pesos que han llegado al municipio y no tenemos obras. Hay siete denuncias interpuestas en la Fiscalía General y no hemos visto respuesta alguna”, declaró.

Los inconformes señalan a la presidenta municipal por un mal uso de los recursos, ya que en los dos años de su ejercicio al frente del Ayuntamiento acumula observaciones por el Orfis, la cancelación de obras públicas y un bajo nivel de inversión en infraestructura.

Lo anterior puede comprobarse en la revisión del Sistema de Consulta de Acciones y Obras del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

En dicho registro se muestra que no existen obras públicas de relevancia para los pobladores, ya que la mayoría fueron acciones ejercidas en escuelas públicas, en cuyos casos se trata de rubros que corresponden a las autoridades educativas o que se enmarcan en obras complementarias o de mantenimiento.

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Golpeteo político

Ríos Delfín aseveró que el conflicto forma parte del golpeteo político en su contra, propiciado por el síndico único Julio César Sosa Villavazo y la regidora segunda Selene González Morales.

La edil indicó que se acudió al Congreso del Estado para presentar la documentación que acredite que hasta el momento no ha existido de su parte ningún tipo de omisión y, por el contrario, la responsabilidad recae sobre los demás miembros del cuerpo edicilio.

Pese a lo anterior, refirió que ni pidiendo el apoyo del Congreso o de la Secretaría de Gobierno se han logrado liberar las instalaciones, por lo que competerá a esas instancias deslindar responsabilidades.

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Las quejas

María de los Ángeles Villalbazo Cabrera, quien fue designada como vocera de las trabajadoras despedidas, informó que las malas condiciones laborales se presentan desde que la alcaldesa Florisel Ríos Delfín ingresó al cargo.

Sin embargo, indicó que estas se volvieron más fuertes cuando comenzaron a ser hostigadas para firmar recibos de nómina que no correspondían a sus puestos de trabajo, al negarse fueron amenazadas y finalmente tres de ellas despedidas.

Villalbazo Cabrera señaló que la semana pasada iniciaron las represalias en contra los empleados que solicitan mejores condiciones de trabajo, con el despido de una mujer con 24 años de servicio que tiene un hijo con discapacidad.

Ríos Delfín rechaza los señalamientos y asegura que el despido no fue una decisión suya de manera unilateral, sino que obedeció a un restructuración administrativa del área de Recursos Humanos para hacer más eficiente el gobierno municipal.