Xalapa, Ver. - El reclamo de agentes y subagentes municipales para recibir pagos de los Ayuntamientos donde laboran confronta al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) con el Congreso del Estado, dada la parálisis del proceso legislativo para establecer en Ley este derecho de los funcionarios.

Dicha demora de la LXV Legislatura no solo divide posturas en el pleno del Tribunal Electoral, además cada mes aumenta el número de recursos de autoridades auxiliares en demanda por estos pagos.

En tanto, los Ayuntamientos cumplen parcialmente las sentencias del TEV, al pagar esporádicamente con sus agentes y subagentes, adeudando varias mensualidades que los lleva a recurrir ante el Tribunal.

Durante la última sesión ordinaria del TEV, con fecha del 14 de enero, el pleno resolvió recursos promovidos por los agentes y subagentes de diversas congregaciones de los municipios de Naranjal, Zongolica, Ixhuatlán de Madero, Actopan, Castillo de Teayo y Atzalan.

En un caso especial, alojado en el juicio para la protección de los derechos del ciudadano 954/2019, formulado por el agente municipal de El Apartadero, Actopan, quien acusó al Ayuntamiento de no pagar su sueldo correspondiente al mes de agosto.

La ponencia del magistrado José Oliveros Ruiz determinó el incumplimiento de pago, sin embargo, la promesa del municipio de Actopan es pagar en el mes de febrero de 2020, al carecer de recursos a la fecha.

Sin embargo, tan solo en diciembre, el TEV resolvió juicios similares de agentes municipales de Tlacotalpan, Las Vigas, Altotonga, Acayucan, Ixtaczoquitlán, Ixhuatlán de Madero, Coyutla, José Azueta, Fortín, Hueyapan de Ocampo, Comapa, Las Choapas y Cosautlán de Carvajal.

En la numeraria del TEV, Zongolica encabezaba la lista de agentes sujetos a un salario, con 108, además de Chicontepec, con 105; Actopan con 45, Tuxpan, 36; Altotonga 34; Cosoleacaque, 28; Coscomatepec, 24; Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 18 y Emiliano Zapata 16.

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A FAVOR Y EN CONTRA

El Magistrado del Tribunal Electoral, José Oliveros Ruiz, no descartó la posibilidad de iniciar un estudio de omisión legislativa, con base en la tardanza del Congreso para avalar los sueldos con el carácter de ley.

En este caso, se entiende como omisión legislativa la "vulneración del texto constitucional con motivo de la inercia de cualquier poder constituido, por lo que no dictar leyes, no emitir actos administrativos o políticos y no pronunciar decisiones judiciales o no fiscalizar judicialmente ciertos actos se configuran como conductas omisas", de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

De acuerdo con la hipótesis del Magistrado Oliveros, la sola idea de retrasar la inclusión del derecho a un sueldo en la Ley incurre en una omisión de los diputados.

"Vale la pena hacer una nueva revisión a partir de que ya estamos en un nuevo ejercicio fiscal y vamos a seguir vigilando el cumplimiento de las resoluciones; (...). Estamos en una nueva situación de temporalidad que amerita otro tipo de pronunciamiento y es un hecho notorio que durante casi todo 2019 se han estado vinculando al ente legislativo múltiples juicios ciudadanos sin que a la fecha haya dado cabal cumplimiento", explicó Oliveros.

Admitió que existen tres iniciativas en discusión en el procedimiento legislativo, aunque desde su punto de vista, es momento de tomar las acciones necesarias para que la citada Soberanía de cabal cumplimiento a este.

"Considero que el pleno de este órgano jurisdiccional debe implementar las medidas legales necesarias a fin de que se cumpla con la determinación judicial, tanto en el juicio ciudadano como de realizar la debida legislación", afirmó, advirtiendo que en el nuevo ejercicio fiscal continuará la formulación de más recursos, los cuales se sumarán a los acumulados desde 2019.

Por su parte, la presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada, enfatizó que resulta innecesario realizar un estudio de omisión legislativa, en virtud no es planteado en el escrito de demanda, sino que tampoco es la autoridad responsable.

"Sería ampliar la Litis, cuestión que no señalan los actores, sino señalan al ayuntamiento por no darles la remuneración", mencionó, aunque nuevamente envió un exhorto para incluir sueldos de agentes y subagentes en la Ley.

Por su parte, el magistrado Eduardo Sigala Aguilar, coincidió con la magistrada Díaz Tablada en el sentido de no proceder con un estudio de omisión legislativa.

"Si ya se ordenó, el Congreso está trabajando y tenemos que ser respetuosos de esa Soberanía" dijo.

EL TEMA PENDIENTE

El 14 de octubre de 2019, E-Consulta Veracruz advirtió del gasto millonario para los municipios por el concepto de remuneraciones a agentes y subagentes, equivalente a 30 millones de pesos adicionales para contemplar en el gasto de los ayuntamientos.

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En este caso, desde noviembre de 2018, los magistrados del ente jurisdiccional sentenciaron a los 212 ayuntamientos etiquetar una partida para el pago de las remuneraciones, con el sustento de que cada servidor público percibe un sueldo mensual de 3 mil 100 pesos, lo cual, multiplicado por las 5 mil agencias y subagencias municipales, aumenta a 30 millones de pesos adicionales para los 212 ayuntamientos.

Además, el TEV exhortó al Congreso del estado adecuar la Ley Orgánica del Municipio Libre, y a la fecha, existen propuestas congeladas en las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Hacienda Municipal.

El TEV sostiene que se emitieron en los últimos meses sentencias a beneficio de autoridades de 707 congregaciones de 77 municipios, con un tope salarial de 3,100 pesos; aunque un caso especial es Zongolica, donde 120 autoridades con un sueldo de 3,600 pesos a la quincena; es decir, 7,200 pesos al mes.

Sin embargo, el cumplimiento de dicha ley obligó al alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua a suspender el programa de obra pública Fondo 50000, conseguido por medio de ahorros en el municipio y en donde los pobladores aportaban la mano de obra.

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A LA CONGELADORA

El pasado 15 de enero de 2019, el grupo legislativo PRI-PVEM formuló ante el Congreso de Veracruz una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre, para actualizarla y conceder a los agentes y subagentes un sueldo irrenunciable.

"Los Agentes y Subagentes Municipales son servidores públicos que funcionarán en sus respectivas demarcaciones como auxiliares de los Ayuntamientos. Recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, y la cual se fijará en el presupuesto de egresos del Municipio, atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público."

La justificación de los priistas reside en que la falta de pago a dichos servidores públicos ha caracterizado sistemáticamente a las administraciones municipales desde sus comienzos. 

"A pesar de su relevante función, la naturaleza del cargo, así como las disposiciones que en esa materia existen tanto a nivel federal como local, los Agentes y Subagentes municipales siguen sin recibir una remuneración adecuada a su labor" postularon los priistas en la exposición de motivos de la iniciativa que terminó en el olvido legislativo."

El sustento constitucional para brindar lo dictó el entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío Díaz, al discutir el amparo en revisión 295/2014, y en el cual, citó el artículo 127 de la Constitución.

Dicho numeral establece que el concepto de servidor público se desprende de la conjunción de estos elementos: el nombramiento y la protesta (artículo 128 Constitucional), y el derecho de recibir una remuneración proporcional a sus responsabilidades, adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, fijada en los presupuestos respectivos, sin que su cuantía pueda ser disminuida.

A partir de esta tesis, los agentes y subagentes promueven los recursos ante el órgano jurisdiccional en busca de hacer valer sus derechos a un salario.