Xalapa, Ver.- Desde niño, la violencia siempre acechó la vida y el andar de Manuel. En la secundaria, sufrió de bullying por ser hijo de un Naval Militar. A los 16, la policía lo fichó por portar drogas ilícitas. A los 19, el crimen le arrebató a su padre y lo desapareció en la carretera a Monterrey.

El joven nació en el Estado de México en 1991, y pasó prácticamente toda la infancia en Ecatepec de Morelos, aunque irónicamente, nunca supo de balaceras, pandillas, y drogas, salvo cuando él y su familia se mudaron a Boca del Río.

La casa conseguida por su padre, oficial con grado en la Secretaría de la Marina, distaba mucho del vecindario mexiquense de la infancia de Manuel, con jardines y con la playa a sólo dos cuadras. Su relación con sus padres mejoró, su mamá, ama de casa, al pendiente de su hogar y su papá y hermano, compañeros de juegos y deportes.

Y aunque tuvo amistades en la secundaria, esta no fue del todo tranquila, dado que él y otros hijos de militares sufrían acoso de parte de sus compañeros, simplemente por dicha condición. Allí, coincidió con grupos de grafiteros adolescentes de La Tampiquera y El Morro, y tuvo por primera vez acceso al tabaco y al alcohol, y poco a poco comenzó la tensión con sus padres.

La transición a la preparatoria resultó adversa. El joven, que en segundo de secundaria mostró un bajo aprovechamiento, desertó de varios planteles de bachillerato y se autoempleó instalando estéreos en coches; dinero que comenzó a gastar en vicios. 

Pronto, Manuel comenzó a oír de uno de los incipientes azotes de la entidad: Los Zetas, y en coincidencia, su padre, instructor de tiro de la Nava, comenzó a ausentarse cada vez más de casa.

El joven cada vez consumía más marihuana, y en una ocasión, a los 16 años, la policía le detuvo por portación de droga y cocaína, siendo golpeado y remitido al Ministerio Público, aunque pudo salir por el pago de una multa de 2 mil 500 pesos.

La estancia en el estado de Veracruz resultó nociva para la familia y la salud del joven, quien se adentró en las drogas y el alcohol, y desarrolló gastritis por dejar de comer en lugares salubres. 

De nuevo volvió con su familia a Ecatepec y resultó peor al matricularse en un plantel privado, donde coincidió con personas que hacían más que consumir marihuana ya que ellos traficaban con esta, hacían labores de halconeo y “ponían” a víctimas potenciales de secuestro.

El muchacho, con los antecedentes adquiridos en Veracruz, se juntó con aquellas pandillas y asumió el rol de señalar quiénes eran blancos fáciles de secuestro.

En 2011, cuando presentaba los exámenes del tercer parcial, el hermano de Manuel le avisó por teléfono de la privación de la libertad del padre de ambos, que para ese entonces había renunciado a la Naval para prestar servicio al traslado de valores.

El padre acudió como custodio a vigilar la carga de un camión a Matamoros, pero al regresar a Monterrey, camino a Ciudad de México, el chofer eligió la carretera libre, lugar en donde los secuestraron y los desaparecieron.

La pérdida condujo a que Manuel nuevamente consumiera drogas y abandonó los estudios cuando uno de sus compañeros amenazó con matarlo y se empleó en una empresa como auxiliar de almacén. Pronto consiguió su certificado de bachillerato y empezó a estudiar Biotecnología, pero reprobó una materia y tuvo que abandonar otra vez la escuela.

[relativa1]

TERRENO DEL CRIMEN

La historia del muchacho no solo refleja la ausencia de derechos humanos como resultado del crimen en México, además, evidencia el ambiente hostil para los niños y niñas fomentado por la delincuencia organizada.

Aunque en la estadística nacional no contempla al estado de Veracruz en los primeros lugares, los casos y los tipos de abuso a los derechos de la niñez y adolescencia resaltan por la saña y la crudeza de los hechos y el entorno.

Un ejemplo es el de los “vuelos de la muerte”, documentados por la prensa local, referente a la desaparición de cadáveres de menores de edad a manos de policías en la barranca “La Aurora”.

De acuerdo con el documento “Estudio de niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado en México”, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el caso de Manuel revela que el habitar en una región con altos índices de inseguridad y violencia como Veracruz y el Estado de México, es un factor de riesgo frente a la vulnerabilidad social y la integridad personal. 

El análisis se sitúa al estado de Veracruz como el tercero con más población de personas menores de 18 años, con 2.6 millones, después de Estado de México y Jalisco.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) Veracruz destaca además por su alto rezago social junto con Guerrero y Oaxaca.

Irónicamente, Veracruz, junto con Puebla, Oaxaca y Tabasco registran los menores niveles de consumo de enervantes ilícitos, siendo de 1.3 por ciento en la entidad; a diferencia de Morelos, Colima, Querétaro e Hidalgo, en el polo opuesto.

Veracruz también es el estado de mayor cobertura educativa en el país, con un 92.5 por ciento de niñas y niños en la escuela, y de un 92.6 por ciento en secundaria.

No obstante, de acuerdo a la Consulta Infantil y Juvenil 2018, es de las últimas seis entidades donde los niños no se sienten seguros en casa, es decir, la violencia permea prácticamente en todos los ámbitos de la vida de los menores.

Respecto a la percepción de inseguridad en la escuela, ésta se incrementa considerablemente en comparación con los resultados obtenidos en el hogar, y en que Veracruz ocupa el cuarto lugar nacional, de ahí que los jóvenes acuden a sus clases con temor.

Se observa además que en Veracruz aumentó el número de niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidio doloso, al crecer de 0.53 por ciento en 2015 a 1.8 por ciento en 2018, aunque a nivel nacional; Chihuahua puntea la estadística con 16.1 por ciento.

Veracruz se ubica en el grupo de los últimos 9 en la tasa de niños, niñas y adolescentes extraviados, y en los últimos once con mayor población menor de edad sujeta al sistema de justicia penal, con 69.

El Índice Estatal de Riesgo de violencia asociada con el crimen organizado con impacto en niñas, niños y adolescentes (2018) establece que Veracruz se ubica entre las últimas siete entidades a nivel país con un 0.307 por ciento, equivalente a muy bajo, a comparación de Guerrero, con 1.27, es decir, muy alto.

No obstante, la investigación de la CNDH publicada esta semana deja en evidencia lo propenso que son los menores a inmiscuirse en los ambientes violentos de Veracruz y el resto del país, sin importar de donde provengan sus familias.

[relativa2]