Xalapa, Ver.- Lucía fue estrangulada en la oscuridad mientras todos dormían; su cadáver fue abandonado en una barranca de la sierra de Zongolica, Veracruz. Antes de que autoridades respondieran una solicitud de búsqueda su cuerpo fue localizado gracias al hambre de aves de rapiña. 

Aquella mañana de agosto, dos zopilotes descendieron en picada entre los cerros e indicaron el lugar dónde yacían los restos de Lucía. Una sábana de hojarasca y cientos de moscas cubrían el cadáver. Tenía 19 años. 
Entre el aleteo de los insectos reconocieron el pie de la joven madre por el destello del esmalte rojo que usaba, relató Félix, el tío que la encontró. 

Bajo las hojas muertas se hallaron todas las huellas de una muerte violenta: Lucía estaba semidesnuda, con hematomas en la cara y en el cuello el arma letal: un pañuelo negro, accesorio similar que reiteradas veces vieron usar a Rodrigo, el padre de su hija de 2 años, de quién horas antes se había separado por maltrato. 

El crimen contra Lucía, una joven indígena, es un probable feminicidio que cumple más de dos meses sin investigarse. El caso naufraga entre la omisión y el desinterés de las autoridades pues ni siquiera existe en las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), ni del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La entidad veracruzana acumula -hasta el 30 de octubre de 2019- 124 carpetas de investigación por femicidio, ninguna de esas corresponde al asesinato de Lucía, perpetrado la madrugada del 25 de agosto de 2019. 

El 30 de septiembre de 2019 la directora de Asuntos Indígenas, Xóchitl Molina, reconoció que el gobierno estatal no tiene registros de asesinatos a indígenas, que desconocen la cantidad total y la ubicación donde se llevaron a cabo, y que incluso muchos son investigados como robos o asaltos. 

Un probable feminicidio indígena que no se investiga

Lucía dormía en casa de su madre, con Dafne -su hija. Rodrigo -quien por largos periodos trabajaba como albañil en la Ciudad de México, arribó al municipio ubicado a 180 kilómetros de Xalapa- y al no hallar a su pareja irrumpió en la morada de su suegra. 

“Quédate con la niña, ma, que no llore”, fue lo último que escuchó la madre de Lucía, quién solo atendió el llanto de la pequeña y volvió a la cama.

La discusión inició en la única carretera que desciende de entre los cerros hasta Orizaba, en la zona denominada Las Altas Montañas. El sueño ganó a la madre de Lucía quien, al paso de las horas, la mañana siguiente confirmó la desaparición de Lucía.  

La búsqueda comenzó: primero hallaron sus chanclas a 150 metros de su casa. Ahí -según narró un testigo- Lucía fue estrangulada. Dos días después, entre la maleza, encontraron el pantalón de su pijama, el cual fue arrojado en dirección contraria al paradero de su cuerpo.

Desorientada, la familia se preguntaba “Pero ¿cómo? ¿Habrá corrido descalza y sin pantalones?” Con esperanza de hallarla con vida no abandonaron la búsqueda. Una búsqueda a la que solo la comunidad se sumó. 

Durante 5 días “peinaron” los cerros. Al no hallar a Lucía, desesperados, los familiares intentaron traer al escuadrón canino, a cargo de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP). Ellos giraron un oficio al titular, Hugo Gutiérrez Maldonado, el cual fue sellado por el ayuntamiento y “enviado con carácter de urgente”. Ni el correo ni las llamadas fueron atendidas. 

Hasta el día de hoy, el presunto feminicida cumple 81 días prófugo sin que se haya girado una orden de aprehensión en su contra por falta de pruebas, a consideración de la FGE. 

Luego de asesinar a Lucía, narraron sus familiares, Rodrigo (expareja de Lucía) se embarcó en el autobús de las 6:20 de lamañana con rumbo a Orizaba. Testigos de la comunidad aseguraron haberlo visto e incluso le desearon buen viaje.

Rodrigo llegó a Ciudad de México y conversó con un tío de Lucía, que al igual que muchos hombres de la comunidad trabaja en la construcción. Sabía sobre la desaparición de Lucía y cuestionó: - “¿Por qué traes los pantalones sucios?” - “Es que nos salimos a pasear por ahí, pero nos enlodamos”; - “Oye y que no aparece esta muchacha, ¿no sabes nada de ella?” - “Se fue en una moto, se fue con otro y adelante se subió a un carro”, dijo Rodrigo antes de perderse en la selva de asfalto. 

Primas y amigas con rabia acusan al joven de 21 años, para ellas el asesino la trató “peor que a un animal”; molestas señalan que en redes sociales Rodrigo postea fotos suyas de paseo en un lugar boscoso -muy parecido al lugar en el que Lucía fue hallada- y escribe “Alo k me refiero esk sigo de pie Ami no me enseñaron a retroceder”.

Violencia y marginación, el pan de cada día de las mujeres indígenas

“Mi abuelo, cuando era niña, me decía: ‘si tu marido te da una patada y te avienta hasta por allá, tú te paras y vas a servirle de comer’”, narra con el poco español que habla Valentina Zepahua, una mujer de 67 años que habita en la comunidad dónde Lucía fue asesinada.

Esther Espinoza Osorio, abogada de la Asociación Kalli Luz Marina, explica que las mujeres en comunidades rurales indígenas viven en un entorno donde se han naturalizado las agresiones al grado de que, si no son golpeadas, piensan que no sufren violencia.

De acuerdo con bitácoras de la Asociación, Lucía vivía episodios de agresión recurrentes. Principalmente por cuestiones económicas: Rodrigo trabajaba como albañil y la madre de Lucía reprocha que para el sustento de ella y la niña le dejaba 500 pesos a la semana.

Sí esa cantidad parece poco, al llegar los fines de semana, Rodrigo golpeaba a Lucía si no le regresaba 300 pesos. Los viernes por la tarde la joven madre buscaba en rincones de la casa y en las bolsas de sus pantalones monedas para completar la cantidad y evitar los golpes.

Una prima de la joven cuenta que la familia creía “que esos eran sus modos” como pareja, pues lo veían tan a menudo que ya no prestaban atención. “Estábamos frente a un animal y no lo sabíamos”.

La hija de Lucía tiene rasgos de ambos, pero predominan los de su progenitor y agresor: la niña de dos años narra llorando a su abuela cómo su papá a ella le pegaba en las manos con un martillo, la sacaba de su casa en medio de la noche y en la oscuridad la abandonaba.

 “¿Alguien te veía, mi amor?” Pregunta su abuela -”Si, mi mamá Lu, pero ella lloraba y lloraba.”

Espinoza Osorio explica que es normal que, en estos contextos, se infrinja la violencia patrimonial, los hombres les impiden trabajar a sus parejas y de esta manera, aunque decidan dejarlos no lo hacen por el sustento de sus hijos. Muchas veces eso las detiene a denunciar abusos y agresiones. 

Recientemente, becada en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Lucía logró juntar para comprarse un celular. 

“A mi prima le gustaba tomarse fotos, como a todas, lo primero que hizo cuando llegó el pago de la beca fue comprarse un celular, se ponía bonita y se tomaba fotos en lugares que le gustaban y las subía”, cuenta su prima. 

Lucy, como suelen decirle, no sabía que las redes sociales serían un medio que desencadenaría la violencia, explica la abogada “ellos ven como ellas son felices, como se divierten y no pueden concebirlo, son violentos, son celosos y buscan controlar todo; no conciben que las mujeres pueden divertirse; y como trabajan fuera no quieren que ellas sean felices a costa de su esfuerzo”, dice Esther Espinoza.

Alicia Aguilar, cofundadora de Kalli Luz Marina, recuerda la última vez que Lucía acudió a las instalaciones de la asociación, “Fue en mayo, el 17 de mayo, vino con su mamá, aquí estuvieron las dos”, detalló. 

Ahora la mujer de 40 años que perdió a su hija, carga a cuestas sobre las empinadas colinas de la sierra a Dafne, su nieta; la lleva a todas partes por temor a que un día llegue su padre y se la arrebate.

Negligencia en fiscalías, el otro verdugo de Lucía 

En Veracruz existe la Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y Derechos Humanos, pero la familia de Lucía acusa desatención y malos tratos en el proceso de denuncia.

Aseguran que el crimen no se investiga tomando en cuenta los usos y costumbres de la comunidad a la que pertenecen, esto pese a que Veracruz, reúne el 9.2 por ciento de la población indígena del país, y al menos el 4.8 por ciento son mujeres, de acuerdo con información del INEGI. 

Tras la muerte de Lucía sus familiares acudieron a la Fiscalía Regional de Zongolica, ubicada a dos horas de la comunidad. 

La escena más dolorosa para la madre de Lucía, solo después de ver el cuerpo de su hija cubierto de insectos, fue narrar los detalles del feminicidio a alguien que entre risas le dijo que todo se había borrado por error, y que tenía que narrarlo de nuevo. No sin antes esperar que la oficinista terminara de textear en su celular; minutos que a la madre de Lucía le parecían vitales. 

No importó la espera, los papeles de Lucía fueron entregados con el nombre de “Juana” y los trámites tuvieron que reanudarse para remediarlo.

Durante el tiempo que pasó desaparecida no se presentó la Policía Estatal para ayudar en la búsqueda, su tío Félix -quién localizó el cuerpo de Lucía- aún con enojo narró que la Policía Ministerial únicamente acudió al sitio cuando reportaron el hallazgo de su pijama. 

No les hicieron ninguna pregunta, solo tomaron fotos del lugar y se retiraron; únicamente peritos levantaron el cuerpo y sin cuestionar a nadie, abandonaron el poblado.

El pasado mes de septiembre, en el “Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2019” elaborado por la agrupación Impunidad Cero, las fiscalías de Veracruz obtuvieron calificaciones reprobatorias en rubros de efectividad, presupuesto y confianza. 

La familia sólo puede intuir las causas de muerte de Lucía, de la necropsia no tienen noticias, y a la carpeta de investigación no tienen acceso; solo las huellas del agresor en el cuerpo de Lucía podrían acelerar la expedición de la orden de aprehensión.

Existe un testigo que es pieza clave en la investigación quién escuchó como Lucía era sometida y estrangulada. Se trata de un joven que con discapacidad, sin embargo, al momento de dar la declaración titubeó y su testimonio no fue tomado en cuenta.

Para los familiares de Lucía no recibió un trato acorde a su condición, piensan que pudo asustarse o haber sido intimidado; sin embargo, la familia tampoco tiene acceso a esa información, detalla con desesperación el tío. 

Al hallarla tenía un fuerte golpe en la cabeza, desconocen si lo sufrió en vida o muerte “yo creo que fue violada, si no, ¿por qué estaría sin ropa? ¿lo habrá hecho antes o después de muerta?”.

Las dudas atormentan a los familiares de Lucía, que no saben el rumbo del caso que con errores fue integrado por la Fiscalía a cargo de Verónica Hernández Giadáns, misma que a inicios de octubre de 2019 se pronunció “como mujer y fiscal” y mostró intenciones de crear la Fiscalía Especializada en Femicidios. 

Sin embargo, la FGE en ese momento no había concluido el proceso para sustituir a 22 fiscales especializadas en Investigación de Delitos Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas que fueron despedidas el pasado mes de diciembre de 2017, señaló María López de la Rica, cofundadora de la Asociación Kalli Luz Marina. 

En tanto, la familia de Lucía y la de otras 124 víctimas lloran el flagelo de la violencia feminicida en Veracruz.