Xalapa, Ver. - Las diputadas del PAN María Graciela Hernández Iñiguez, del PRD, Brianda Kristel Hernández Topete, y del PRI Erica Ayala Ríos, incurrirían en conflicto de interés al conocer y dictaminar el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2018, que contiene información de auditorías de familiares y de su lugar de trabajo.

Desde el pasado 08 de octubre inició la revisión del Informe de Resultados del 2018, información que contiene las observaciones y el presunto daño patrimonial de los alcaldes de Misantla, Othón Hernández Candanedo -papá de la diputada Hernández Iñiguez-; Santiago Tuxtla, Argenis Vázquez Copete y Ángel R. Cabada, Arturo Hervís Reyes -esposo y suegro de Brianda Kristel-; así como del Colegio de Bachilleres, dónde es líder sindical Ayala Ríos.

La revisión a la que está obligada la Comisión de Vigilancia, les permitiría tener información “privilegiada” de los procesos de auditoría y de la solventación a la que estaban obligados los alcaldes y la institución educativa, previo a que se presente ante el resto de los diputados locales.

Las tres legisladoras estarían obligadas a excusarse durante el análisis del resultado de la auditoría que está vinculada a sus parientes, y la institución educativa en la que laboran, para no anteponer un interés laboral, personal, profesional, familiar en el desempeño imparcial y objetivo de sus funciones.

Hernández Candanedo reportó gastos por mejora en el alumbrado, pero no hay contrato de APP

El alcalde panista de Misantla, Othón Hernández Candanedo, fue observado por el presunto daño patrimonial de 3 millones 60 mil 969 pesos, por la construcción de tres obras. Su hija será responsable de darle seguimiento a las observaciones que entregó el Orfis.

Se observó el mejoramiento del sistema de agua potable, en la localidad de Misantla, por un millón 157 mil pesos. Con la auditoría practicada se detectó el pago de sobrecostos de los trabajos y aunque la obra se reportó terminada no se habían concluido al 100 por ciento.

La revisión descubrió pagos de más por el servicio profesional para la supervisión y seguimiento de la obra pública correspondientes al Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por un monto de 653 mil pesos. Se detectó un sobrecosto en los trabajos y se pidió el reintegro de los recursos.

La tercera obra observada fue el proyecto de eficiencia energética y renovación del sistema de alumbrado público para el municipio. El congreso le autorizó la creación de una asociación público-privada y el municipio reportó el gasto de un millón 250 mil pesos con cargo al Fortamund, pero no justificó la erogación de los fondos públicos, ni el contrato con la empresa responsable de los trabajos.

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Vázquez Copete desvío fondos federales

En el caso de la perredista Brianda Kristel Hernández Topete, tendrá que revisar las observaciones del municipio de Santiago Tuxtla, que es administrado por su esposo Argenis Vázquez Copete, hijo de la exdiputada local Yazmín Copete; lo mismo que el de Ángel R. Cabada, a cargo de Arturo Herviz, es esposo de la suegra de la diputada de los Tuxtlas.

El alcalde de Santiago Tuxtla, Argenis Vázquez Copete, acumuló un total de 11 observaciones algunas relacionadas con obras públicas y otras más son financiera por un monto de 5 millones 766 mil pesos.

En las observaciones financieras se detectó la transferencia de 2 millones 245 mil pesos de diversos fondos federales a otras cuentas del municipio, lo que implica un desvío de fondos públicos, pues el recurso no se destinó para el fin que fue etiquetado, por lo que el alcalde tendrá que reintegrarlo a la tesorería federal.

Se detectaron irregularidades en las obras de la construcción del sistema de agua potable en la localidad de Bodegas de Otapan, en la colonia Axochio de la localidad de Santiago Tuxtla.; la edificación de cuartos dormitorio en la Localidad de Arroyo Largo; el drenaje sanitario primera etapa en la localidad de Los Jarochos y la rehabilitación del Palacio Municipal primera etapa en la localidad de Santiago Tuxtla.

En el caso de las cinco acciones se detectó un sobre costo en el pago a las empresas encargadas de los trabajos, deficiencias en la operación de la construcción, por lo que se pidió hacer válida la fianza de vicios ocultos y pedir el reintegro de 3 millones 251 mil pesos.

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Herviz Reyes si usó recurso público para alumbrar su rancho

El alcalde de Ángel R. Cabada, Arturo Hervis Reyes, fue observado por un monto de tres millones 77 mil 623 pesos que incluye cuatro obras, entre ellas la construcción de red de energía eléctrica en la localidad de Puntilla, Ampliación de red eléctrica en Arroyo del pan, localidad Laguna de Majahual; Pavimento en la calle Leonardo Ayala entre 18 de junio y Rio Tecolapan y Libertad, en la localidad de Ángel R. Cabada; y la rehabilitación del boulevard Fco. J. Moreno, en la localidad de Ángel R. Cabada

Cabe mencionar que regidores del municipio denunciaron en agosto del 2019, que el alcalde usó recursos públicos para la rehabilitación de la red de energía eléctrica en la Laguna de Majahual, donde hay un rancho propiedad del alcalde.

En ese sentido, la auditoía expuso que “la obra fue construida en un medio donde no se observa urbanización alguna, es decir, apartado de algún núcleo poblacional, identificando que la red se desvía antes de empezar el poblado de Laguna Majahual, atravesando predios delimitados y protegidos por “vallas” o “cercas” por lo que podría tratarse de propiedad privada”.

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Orfis solo detectó cinco aviadores

En el caso del Colegio de Bachilleres de Veracruz se pidió documentación comprobatoria del gasto de un millón 358 mil pesos destinados al pago de profesores que al momento de la auditoría no fueron localizados en su lugar de trabajo, y por la adquisición y servicios prestados durante el 2018.

De ese total, 804 mil 860 pesos se destinaron para el pago de cinco profesores; cuatro de ellos estaban asignados a la administración central, es decir, en oficinas centrales. Los maestros contaban con plazas de tiempo completo y eran responsables de laboratorio.

Los pagos son variables, hay quien cobró 362 mil pesos, 174 mil pesos, 290 mil, 71 mil y hasta 5 mil 900 pesos de los meses de enero a noviembre.

Cabe mencionar que, en el mes de mayo, el Secretario de Educación de Veracruz (SEV), Roberto Zenyazen Escobar denunció que el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz pagaba compensaciones por más de 10 millones de pesos mensuales a un total de 332 personas que no se encuentran en ninguna de las áreas de la institución en el estado.

A la fecha no ha presentado ninguna denuncia por los hechos que planteó ante los medios de comunicación, en cambio el Orfis contradijo la versión del funcionario público.

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