Xalapa, Ver.- A un mes y medio de la llegada de Verónica Hernández Giadáns a la Fiscalía General del Estado (FGE) comienza a desmoronarse el caso por desaparición forzada, que se sigue en contra de Luis Ángel Bravo Contreras y tres de sus excolaboradores por el caso de la Barranca La Aurora, en Emiliano Zapata, ocurrido en 2016.

Una sentencia condenatoria parece cada vez más lejana luego de que un juez federal echó abajo la prisión preventiva domiciliaria de la que todos los implicados eran sujetos.

El descalabro empezó este jueves con la anulación de la medida cautelar a Gilberto Aguirre Garza, exdirector de Servicios Periciales y continuará la mañana de este viernes, cuando toque turno a Bravo Contreras, exfiscal General del Estado; Carlota Zamudio Parroquín, exdelegada de la Policía Ministerial y Rosario Zamora González, exfiscal de Investigaciones Ministeriales.

Los cuatro obtuvieron en cascada un amparo para el único efecto de cambiar la medida por una menos lesiva, ante presuntas irregularidades en el proceso.

Ahora, luego de que el Congreso veracruzano separó del cargo de fiscal a Jorge Winckler Ortiz, la encargada Hernández Giadáns tiene como tarea continuar el caso, es decir, evitar que los imputados salgan bien librados o dejarlo perder.

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EXFISCAL Y COLABORADORES PODRÁN ANDAR LIBREMENTE POR XALAPA

El primer beneficiado, Gilberto Aguirre, quedó en libertad para enfrentar su proceso minutos antes de las 13:00 horas.

A su salida del juzgado, declaró sentirse tranquilo, ahí, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) continuará la indagatoria contra el exfiscal Jorge Winckler Ortiz por tortura, derivada de una inusitada recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), tras acreditar que con reggaetón fue vulnerado en sus derechos, aunque no quiso hablar de supuestas secuelas psicológicas.

Gilberto Aguirre, acompañado de su esposa y su abogado, dijo que la medida cautelar que tuvo hasta este jueves era violatoria de sus derechos humanos y en ese sentido fue resuelto por el juez. 

Detalló que tras esa resolución, la juez de control Mónica Segovia Jácome levantó todas las restricciones y concedió que pasee libre en el distrito judicial de Xalapa, sin poder salir del mismo.

Por su parte, su abogado, Jorge Reyes Leo señaló que ahora buscarán que la sentencia de fondo en el asunto sea absolutoria, pues este paso es una nueva muestra de "la fábrica de mentiras" de la FGE con Jorge Winckler Ortiz al frente.

Los ya mencionados, están acusados de desaparición forzada en su modalidad de entorpecer la investigación para lograr que los responsables materiales se evadieran de la acción de la justicia.

Los hechos se desprenden de los hallazgos, en enero de 2016, de 19 cuerpos en la Barranca de la Aurora, un terreno que hacía las veces de patio trasero de la Academia de Policías de Veracruz, muy cerca de la capital del Estado.

En sustancia, la Fiscalía General del Estado, entonces a cargo de Jorge Winckler Ortiz, aprehendió uno a uno a quienes incluso aún trabajaban para ese momento -2018- en el propio organismo autónomo. 

A todos se les atribuyó responsabilidad en la desaparición forzada de David Lara Cruz, exelemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), desaparecido por sus propios compañeros.

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IMPUTACIONES DE LA FISCALÍA

De conformidad con la carpeta de investigación, fue Luis Ángel Bravo Contreras quien incluso dio las órdenes a su personal de confianza -Rosario Zamora- de llevar a cabo acciones tendientes a ocultar la muerte del policía; la decisión de hacerlo así se tomó el 19 de enero por la noche, entre el propio Bravo, el gobernador Javier Duarte de Ochoa y el exsecretario de Seguridad, Arturo Bermúdez Zurita.

De acuerdo a los actos de investigación, decidieron actuar de esta manera pues tenían encima el problema que en ese momento representaba Tierra Blanca, municipio en donde días antes policias secuestraron a unos jóvenes que entregaron al crimen organizado.

Este caso también estaría por quedar impune, tal y como se evidenció con el texto “Liberan a presunto líder del CJNG, en Veracruz; ahora es dueño de medio respaldado por Morena”, en el que se da cuenta que Francisco Navarrete Serna y otros dos implicados quedaron en libertad e por la desaparición de los jóvenes.

Incluso Navarrete Serna fundó un medio de comunicación, con el respaldo de la diputada local de Morena, Margarita Corro Mendoza, amiga de su infancia, tal y como ella misma lo reconoció.

La indagatoria que se sigue a los cuatro exfuncionarios por el caso de la Barranca La Aurora, implica también a otros personajes, como el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez y el propio exgobernador, Javier Duarte, con una orden de aprehensión pendiente de ejecutar en el mismo sentido.

Se remonta precisamente a esa fecha cuando el entonces gobernador le llamó por el "teléfono rojo" a Arturo Bermúdez Zurita, quien se encontraba en su oficina, en la Torre de Fuerza Civil, según señaló la Fiscalía General.

Diligente, se trasladó hasta Casa Veracruz, donde el mandatario le ordenó apersonarse de manera inmediata, al igual que a Bravo Contreras.

"Me están madreando en medios estatales y nacionales. Me van a partir la madre", reclamó Duarte de manera airada a su colaborador, pues sus policías estaban cometiendo sus fechorías.

Enseguida, Luis Ángel Bravo Contreras, le pidió instrucciones y Duarte le recordó que había sido filtrada ese día una foto donde se veían cinco o seis cuerpos de los encontrados en la Barranca y la instrucción fue precisa: no reportar el resto.

Para sus fines, Bravo Contreras tenía en Rosario Zamora a una aliada incondicional, a quien ordenó hacerse cargo; la llamó por teléfono y puso el altavoz. No era necesario repetir que estaba presente el gobernador y sus órdenes debían ser cumplidas, según la versión de la Fiscalía de Jorge Winckler.

En esa reunión en la sala de juntas de Casa Veracruz, Duarte reiteró a Bravo que se encargara, que "no quería otro desmadre" porque en medios lo estaban hundiendo por el caso de Tierra Blanca.

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POLICÍA DESAPARECIDO

En la carpeta de investigación, se refiere que el 12 de enero de 2016, David Lara Cruz se apersonó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en donde se practican las pruebas de Control de Confianza, y a su salida, fue detenido por sus propios compañeros de la Secretaría sin que existiera registro de dicha intervención.

Cinco días después, el 17 de enero, la Fiscalía entonces a cargo de Luis Ángel Bravo dio inicio a la carpeta de investigación 169/2016, por la desaparición del servidor público.

El día 19 de enero se realizó el hallazgo de restos humanos en el lugar conocido como La Barranca de La Aurora, en la Localidad de la Tinaja, en Emiliano Zapata

Para el 20 de enero, un día después, peritos adscritos de la Dirección General de los Servicios Periciales, a cargo de Aguirre Garza, así como Policías Ministeriales de la Delegación Regional, a cargo de Carlota Zamudio Parroquín, se presentaron en el lugar donde estaban los 19 cuerpos y restos óseos, entre ellos el de David Lara Cruz. Entre los presentes se encontraba la delegada.

Ese mismo día, Gilberto Aguirre Garza instruyó, vía telefónica, al perito criminalista que levantó los cuerpos, a solo informar oficialmente del hallazgo de seis cuerpos y ocultar los restantes, incluido el de David Lara Cruz.

El 21 de enero, según la teoría del caso de la Fiscalía,  Carlota Zamudio ordenó que se alterara el informe sobre la inspección en el lugar del hallazgo que habían entregado elementos de la Policía Ministerial bajo su mando, en el que reportaban 15 cuerpos y diversos restos óseos, para que solo fuera reportado el hallazgo de seis, es decir, ocultando el hallazgo de los restos de Lara Cruz y de otras 12 personas de las que, a la fecha, se desconoce su identidad.

Sabedor de esa información, Aguirre Garza ordenó, el 25 de enero, a la perito en dactiloscopia que había logrado identificar a Lara Cruz, no informar sobre los resultados.

Aguirre Garza ordenó también, el 3 de febrero, a un perito criminalista que llevara el cuerpo de David Lara a la localidad de Santa Ana, en el municipio de Alto Lucero, para simular que había sido encontrado en ese sitio.

El 4 de febrero, el ahora liberado de la medida cautelar, ordenó a la perito en dactiloscopia informar que el cuerpo hallado en Alto Lucero, correspondía al policía estatal; dichas instrucciones, de acuerdo con la FGE, entorpecieron la carpeta abierta con motivo de la desaparición del elemento.

CASO A PUNTO DE CAERSE

El duro episodio de Veracruz ante los ojos del mundo parecería estar llegando a su fin en medio de un manto de impunidad, pues incluso se prevé que el propio Bravo Contreras encabece las acciones de defensa de Duarte para librarlo también de este proceso.

Aunque negó dar declaraciones este día, su abogado Arturo Nicolás Baltazar afirmó que este es un paso más para demostrar que "se montó un espectáculo de sangre y muerte" para procesar a sus tres clientes, ninguno exonerado.

La audiencia de Luis Ángel Bravo, así como de Zamudio Parroquín y Zamora González para continuar sus procesos en libertad se realizará este viernes y solo será de trámite. Se espera que al conseguir continuar sus procesos en libertad den una conferencia de prensa.