Xalapa, Ver. – “¡Rómpanle su madre!”, fue la orden que habrían recibido policías ministeriales para capturar a uno de los principales objetivos en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares: la exdirectora de investigaciones ministeriales, Rosario Zamora, hoy imputada por desaparición forzada de personas. 

Aquella diligencia fue grabada con detalle: la exfuncionaria en pijama siendo sometida por cuatro personas, el rostro de una niña de nueve años que gritaba que no se llevaran a su madre. La detención –sin censura- fue filtrada a medios y ganó primeras planas en periódicos de Veracruz. 

Esa estampa de Rosario Zamora, que enmarcó un ‘logro’ para la Fiscalía General del Estado (FGE) -entonces dirigida por Jorge Winckler Ortiz-, derivó en una nueva recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por faltas de exservidores públicos que hoy son prófugos de la justicia.  

De acuerdo con la recomendación 55/2019, personal de la FGE violó el derecho al debido proceso de Rosario Zamora; a la Intimidad y a la vida privada de ella y de otros seis familiares; y a la Integridad personal (en su modalidad psíquica y moral) e inobservancia del interés superior de niñas, niños y adolescentes, en el caso de su hija –identificada como V1-. 

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Entre los exservidores públicos mencionadas en la recomendación se deducen los nombres de David García Galván, exfiscal especializado en denuncias por personas desaparecidos en la zona centro Xalapa y el de Luis Eduardo Coronel Gamboa, exfiscal regional de Xalapa, quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de privación de la libertad. 

Por hechos violatorios de derechos humanos la FGE, que hoy representa Verónica Hernández Giadáns como encargada de despacho, deberá otorgar una compensación a Zamora González y a su hija por daños psíquico y moral. Además, emprender investigaciones internas para determinar responsabilidades administrativas y posibles conductas sancionadas por la vía penal. 

Rosario Zamora González fue detenida la madrugada del 27 de abril de 2018 en su domicilio de Xalapa. Fue señalada ante un juez por haber ordenado la desaparición de 12 cadáveres -probables víctimas de ejecuciones extrajudiciales- que en 2016 fueron abandonados en la barranca La Aurora, ubicada a un costado de la Academia de Policías de Veracruz.

Zamora González, apodada en el gremio policial como “La Chacala”, fue un elemento de confianza del exfiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras. Ella asumió el cargo de directora de Investigaciones Ministeriales el 1 de marzo de 2014 y renunció el 12 de diciembre de 2016.

Al igual que su exjefe, Bravo Contreras, Rosario Zamora salió de prisión el 21 de mayo de 2019, luego de que la juez Mónica Segovia varió su medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario.

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“¡Denle cantonazo! ¡rómpanle su madre!”

Rosario Zamora interpuso una queja ante la CEDH el 9 de mayo de 2018 y relató que la madrugada de su detención “me encontraba en mi [domicilio] en compañía de [V1] cuando de manera intempestuosa escuché diversos toquidos a la puerta, interpelando en razón de la hora, quién era, escuchando al fondo diversas voces masculinas que murmuraban “ya está puesta” “denle cantonazo” “rómpanle su madre”. 

Esta diligencia fue registrada en un video, con duración de 1 minuto con 37 segundos y difundida más tarde a medios, el 6 de diciembre de 2018. En la grabación se aprecia que al menos a siete personas cumplen el mandamiento judicial contra Zamora González en medio de llantos de V1 quien en reiteradas veces pide que “dejen a mi mamá”. 

Zamora González fue trasladada a la Policía Ministerial, en Xalapa, donde rindió su declaración. Ella asentó que durante esa diligencia fue retratada y que esas imágenes fueron publicadas en la primera plana de un periódico estatal que tituló: “Detienen a La Chacala”. 

La CEDH acreditó violaciones a derechos de siete víctimas, pero también descartó abusos narrados por Rosario Zamora provenientes de la FGE como la violación a la libertad personal, el uso desproporcional de la fuerza y asuntos jurisdiccionales por cuanto al fondo. 

En la recomendación 55/2019 se expone que “Si bien la orden de cateo tuvo su origen en un marco de legalidad, ésta fue ejecutada con abusos y arbitrariedades por el personal actuante de la FGE. Al domicilio de VD (Rosario Zamora) y V1 ingresaron por lo menos siete personas, de las cuales, al menos tres no estaban autorizadas”. 

“El hecho de que tres personas no autorizadas por la autoridad judicial ingresaran al domicilio de VD y V1, con la tolerancia y aquiescencia del Fiscal a cargo de la diligencia, violó su derecho a la intimidad y a la vida privada, aunado a que tal situación no fue asentada dentro del acta correspondiente”.

Sobre en video que se viralizó en redes de la detención de Rosario Zamora, la CEDH advierte que quien lo realiza, ingresa al domicilio de la exfuncionaria en compañía del personal de la Fiscalía; y que inclusive se dirige en un par de ocasiones a una de las participantes. 
Para la CEDH ·el hecho de que exista una grabación de la ejecución de la orden de cateo del domicilio de VD, –ya sea por tolerancia, aquiescencia o descuido– y su posterior difusión en los medios de comunicación, constituye un incumplimiento a esta obligación

La Fiscalía, argumentó en un primer momento sostuvo en informes que no autorizó la videograbación de la diligencia y por otro solicitó que la CEDH valorara ese video para acreditar que no vulneraron la integridad de Rosario Zamora. Estos actos fueron asentados como violatorios del derecho a la intimidad. 

La difusión del video, se lee en la recomendación “se agrava la condición de víctima de V1 como persona menor de edad; su rostro fue expuesto públicamente en medio del llanto y dolor provocados por los hechos que estaba presenciando. Además, se entiende que en razón de la hora y por encontrarse en la privacidad de su domicilio, su vestimenta no era la adecuada para mostrarse al exterior. Todo ello, magnifica el evento traumático que vivió y le genera un mayor estado de vulnerabilidad”.

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A raíz de cateo, hija de Rosario Zamora presentó cuadros depresivos 

La CEDH, concluyó que la FGE “no implementó ningún tipo de medida para procurar atención a V1 antes, durante o después de los sucesos. En el Acta de cateo, la propia FGE precisó que V1 fue entregada a una vecina, de quien sólo se registró su nombre sin apellidos. 

“Resulta evidente que el personal de la Fiscalía que participó en los hechos no cuenta con la capacitación necesaria ni protocolos adecuados para la atención de situaciones como la expuesta en el presente asunto”, se lee en la recomendación. 

De acuerdo con el documento oficial, durante la evaluación psicológica practicada a V1, se detectó ansiedad al momento de hablar sobre la detención de su madre, Rosario Zamora. También presentó signos de depresión continua tendiente a intentos de suicidio, retraimiento, evasividad, agresividad, tendencia a la neurosis, preocupación por lo sucedido y por su futuro e inadecuado ajuste interpersonal. 

Por ello, la CEDH evidenció que la conducta de la Fiscalía General del Estado vulneró los derechos de V1 como menor de edad, y causó afectaciones a su integridad psíquica. La inadecuada protección que le otorgó el Estado, se encuentra totalmente apartada de los parámetros del interés superior de la infancia.

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