Xalapa, Ver. - El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares utilizó 77 de cada 100 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) para el pago de pensiones y jubilaciones. En lugar de fortalecer al Instituto de Pensiones del Estado, utilizó 2 mil 85 millones de pesos, para cubrir el subsidio anual.

El manejo de los fondos entregados en 2018 que fue de2 mil 830 millones de pesos, fue observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues el dinero se extrajo de la cuenta original, para transferirlo a otra cuenta bancaria a la que se ingresaron fondos por más de mil 184 millones de pesos.

Dicha práctica administrativa conocida como la “licuadora”, se caracteriza por el uso indebido de recursos según sean las necesidades del gobierno, sin que estos movimientos financieros se apeguen a las reglas de operación de los programas.

El viernes 28 de junio se publicó la primera entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2018, de acuerdo con el resultado a la revisión del manejo financiero de la administración del panista Yunes Linares se observó y se pidió la recuperación de poco más de 132 millones de pesos de los 10 mil millones que se entregaron para acciones de salud, reparación de centros escolares, y obra pública

Si bien el monto observado es bajo, se reportan irregularidades administrativas por las que se emitieron 110 observaciones, y se pidió iniciar sanciones administrativas contra los responsables del manejo financiero. En la revisión destacan los señalamientos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

El resultado de la Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-30000-21-1475-2019 1475-DS-GF que practicó la ASF, reveló la irregularidad administrativa, por la que se pidió iniciar varios procesos administrativos en contra de funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación del bienio Yunista, a cargo de Guillermo Moreno Chazzarini.

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Las irregularidades

De la auditoría número 1470-DE-GF denominada “Participaciones Federales a Entidades Federativas” confirma la transferencia de 2 mil 830 millones 803 mil pesos a la cuenta bancaria estatal que servía como fiduciario.

El mismo día del depósito Sefiplan remitió más de 2 mil 264 millones de pesos a otra cuenta bancaria que abrió para la administración de los recursos del fondo; dejó 452 millones de pesos para la amortización de la deuda pública del Estado.

“La cuenta bancaria donde el estado administró el 83.2% de los recursos del FAFEF 2018 no fue específica, debido a que recibió depósitos de otras fuentes de financiamiento por 1,184,641.0 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69, párrafo cuarto”, detalla el informe.

En un inicio no se justificó el manejo de 2 mil 185 millones de pesos para el pago de pensiones y jubilaciones, fue durante el proceso de auditoría que se informó el destino del recurso, pero no se identificó la cuenta bancaria de la que se pagó.

Por lo anterior, se pidió a la Contraloría General iniciar dos procedimientos administrativos por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no administraron los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018.

Al 31 de diciembre se reportó el gasto de 2 mil 805 millones 221 mil pesos, además de que los fondos públicos generaron rendimientos por 44 millones 498 mil pesos. A marzo del 2019 se obligó a reintegrar 45 millones 434 mil pesos.

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La ASF confirmó que la Sefiplan informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) sobre el manejo de la deuda, pero evitó hacer pública la información en los canales adecuados, por lo que se pidió empezar un proceso administrativo.

“El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no presentó calidad ni congruencia entre lo reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los informes trimestrales de Nivel Financiero y Gestión de Proyectos, contra el cierre del ejercicio”, observó la ASF.

El gobierno destinó 170 millones para la generación de obra pública. Se revisó la edificación de 12 y se observó el gasto de cinco de ellas, por lo que se pidió en reintegró de los fondos públicos.

Entre las obras observadas esta el Hospital General Isabel Carreón de Boca del Río; la construcción y demolición para el albergue AME en la localidad Vista Hermosa en Tlaquilpan; y el Centro de Salud en Benito Juárez, así como los contratos SESVER-DIS-FAFEF-2018-029-AD, y SESVER-DIS-FAFEF-2018-037-AD.

“La entidad no contó con los permisos, licencias, autorizaciones y requisitos legales requeridos para su ejecución, ni con la regularización de tenencia de la tierra, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios”

Además, se observaron dos contratos de obra pública uno por la rehabilitación de accesos y obras de protección en el puente Chumiapan, ubicado en el municipio de San Andrés Tuxtla; y el camino San Nicolás-Zacatlán, de Cosoleacaque. En el caso de la obra pública se observó el manejo de 19 millones de pesos, que tendrán que ser reintegrados a la Tesorería Federal.

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